El cantante español Julio Iglesias presentó este martes una demanda ante el Tribunal Supremo de España contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por una presunta «intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal», tras unas declaraciones que hizo sobre denuncias de abuso laboral y sexual presentadas por dos exempleadas del artista.
En la acción judicial, Iglesias solicita que Díaz reconozca que sus manifestaciones vulneraron su derecho al honor, se retracte públicamente y le pague una indemnización por daño moral de 50 mil euros, aproximadamente $58,500, además de asumir las costas del proceso.
El conflicto surgió por comentarios publicados por la vicepresidenta en la red social Bluesky y durante una entrevista en el programa La Hora de la 1, de RTVE, luego de conocerse la denuncia presentada por dos antiguas trabajadoras de las propiedades del cantante en el Caribe. La investigación fue archivada en España por falta de competencia de los tribunales.
«Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo», escribió Díaz en Bluesky.
La demanda fue presentada después de que fracasara un acto de conciliación celebrado a finales de mayo, en el que la vicepresidenta rechazó retractarse de sus declaraciones. En febrero, el intérprete ya había iniciado acciones legales al considerar que los comentarios eran «injuriosos y calumniosos».
Debido a que Yolanda Díaz forma parte del Gobierno español y cuenta con fuero, el caso fue llevado ante el Tribunal Supremo, donde la defensa del artista busca que se determine si las expresiones de la funcionaria constituyen una vulneración de sus derechos.
Paralelamente, Iglesias interpuso otra querella en los juzgados de Madrid contra varios periodistas del medio eldiario.es, incluido su director, Ignacio Escolar, por presuntos delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral. El cantante sostiene que las publicaciones contenían afirmaciones «falsas e injuriosas» destinadas a perjudicar su imagen pública.
Las denuncias originales contra Julio Iglesias señalaban presuntos delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado, servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneración de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación en enero al concluir que la Justicia española carecía de competencia para investigar hechos que, según la denuncia, ocurrieron en países del Caribe.
