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Etiqueta: Tribunal Supremo

  • La Corte Suprema de EEUU rechaza petición de Trump de anular indemnización a víctima de abuso sexual

    La Corte Suprema de EEUU rechaza petición de Trump de anular indemnización a víctima de abuso sexual

    La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes, por segunda vez, la solicitud del presidente Donald Trump para anular la indemnización de $5 millones que un jurado federal le impuso en un proceso presentado por la excolumnista E. Jean Carroll por abuso sexual y difamación.

    La decisión fue adoptada por cuatro votos a favor y tres en contra. El máximo tribunal estadounidense ya había rechazado el pasado 29 de junio otra apelación de Trump contra la indemnización establecida en la primera causa presentada por Carroll.

    La excolumnista de la revista Elle demandó al mandatario en noviembre de 2019, durante su primer período presidencial. Carroll acusó a Trump de haber abusado sexualmente de ella en el probador de una tienda de Nueva York en 1996 y de difamarla públicamente después de que hiciera públicas sus acusaciones.

    En mayo de 2023, un jurado federal determinó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación y ordenó que pagara $5 millones a Carroll. Un segundo jurado federal estableció en enero de 2024 otra indemnización de $83.3 millones por nuevas declaraciones difamatorias realizadas por Trump durante su primer mandato.

    La Corte Suprema todavía tiene pendiente resolver otro recurso presentado por el mandatario contra la indemnización de $83.3 millones. La defensa de Trump busca que el máximo tribunal determine si las declaraciones realizadas mientras ejercía la Presidencia están protegidas por la inmunidad presidencial.

    Los abogados del mandatario argumentaron en un documento judicial divulgado en julio que Trump no puede ser condenado por declaraciones realizadas mientras ocupaba el cargo y sostuvieron que una instancia inferior «anuló indebidamente la inmunidad presidencial».

    La defensa fundamentó sus argumentos en el fallo emitido por la Corte Suprema en 2024, que reconoció a presidentes y expresidentes una amplia inmunidad frente a procesos relacionados con actos realizados durante el ejercicio de sus funciones.

    «Este es el primer caso en la historia de nuestra nación en el que un tribunal ha impuesto responsabilidad por daños y perjuicios a un presidente por su conducta en el cargo», sostuvieron los abogados de Trump.

    La Corte Suprema deberá pronunciarse todavía sobre este argumento dentro del recurso relacionado con la indemnización de $83.3 millones.

     

  • Trump pide al Tribunal Supremo que le deje construir el Salón de Baile en la Casa Blanca

    Trump pide al Tribunal Supremo que le deje construir el Salón de Baile en la Casa Blanca

    La Administración del presidente Donald Trump presentó este viernes una apelación de emergencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos con el objetivo de reanudar de inmediato las obras del nuevo Salón de Baile de la Casa Blanca, suspendidas por decisión de un tribunal federal hace una semana.

    El recurso sostiene que la construcción debe ser una decisión exclusiva del presidente y no estar sujeta a una orden judicial. «Este proyecto, al igual que sus predecesores, debería ser un asunto que compete al presidente y al proceso político, no una construcción mediante una orden judicial», señala el documento presentado por el Gobierno.

    El pasado viernes, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia ordenó detener los trabajos hasta que la Casa Blanca obtenga la autorización del Congreso. La resolución comenzará a surtir efecto una semana después de haber sido emitida.

    En su fallo, el tribunal argumentó que la decisión sobre la construcción del salón corresponde al Poder Legislativo. «La decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo», indicaron los magistrados.

    La resolución también recordó el carácter temporal del mandato presidencial sobre la residencia oficial. «Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva», añadió el tribunal.

    La Administración de Trump presentó la apelación dentro del plazo legal de 14 días, lo que reactiva el calendario de casos de emergencia que el Tribunal Supremo analiza durante su receso de verano.

    La construcción del Salón de Baile es uno de los proyectos emblemáticos del segundo mandato del presidente estadounidense. Para su ejecución fue demolida el ala este de la Casa Blanca, una decisión que ha generado un amplio debate por su impacto sobre el complejo histórico.

    Trump ha defendido la iniciativa como parte del legado de su administración. «El Salón de Baile es un regalo del presidente Trump y de grandes patriotas de los Estados Unidos de América», escribió recientemente en su red social Truth Social. Desde el inicio del proyecto, diversas organizaciones dedicadas a la protección del patrimonio histórico han rechazado las obras al considerar que comenzaron sin los estudios técnicos y las autorizaciones correspondientes.

  • Tribunal ordena a Trump pedir autorización al Congreso para remodelar la Casa Blanca

    Tribunal ordena a Trump pedir autorización al Congreso para remodelar la Casa Blanca

    El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos resolvió este viernes que el presidente Donald Trump deberá obtener la autorización del Congreso antes de continuar con su proyecto para construir un gran salón de baile en los terrenos de la Casa Blanca, donde anteriormente se ubicaba el ala este de la residencia presidencial.

    La decisión fue adoptada por dos votos contra uno. Los magistrados concluyeron que una modificación de esa magnitud corresponde al Congreso y no puede ser ejecutada únicamente por decisión del Poder Ejecutivo.

    En la resolución, la corte dio la razón al Fondo Nacional para la Preservación Histórica, organización que promovió la demanda para detener las obras. Los jueces consideraron que los demandantes demostraron «de manera convincente»que el Congreso nunca delegó al Ejecutivo la facultad de «rediseñe o reconstruya la Casa Blanca, que es la Casa del Pueblo, para satisfacer los deseos de algún presidente en particular».

    Tras conocerse el fallo, Trump anunció que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos y calificó la resolución como errónea. «La apelaremos inmediatamente al Tribunal Supremo», escribió el mandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales.

    El presidente también sostuvo que la sentencia representa un riesgo para la seguridad del complejo presidencial. «La resolución que es totalmente errónea en cuanto a la cuestión fundamental de la legitimación, de la que carece el demandante, pone gravemente en peligro la vida y el bienestar de las personas que trabajan y que trabajarán en la Casa Blanca, así como la vida de todos aquellos que la visitan, como jefes de Estado y otros dignatarios», afirmó.

    Trump insistió en que el proyecto no implicará costos para los contribuyentes estadounidenses y aseguró que el financiamiento provendrá de aportes privados realizados por empresarios cercanos a su administración, entre ellos el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

    No obstante, una estimación publicada previamente por The Washington Post calcula que la construcción tendría un costo aproximado de $600 millones y advierte que cerca de la mitad del presupuesto podría provenir de recursos públicos, una afirmación que contradice la versión ofrecida por el mandatario.

     

  • EE.UU. tramitó reembolso de $121,000 millones en aranceles anulados por Supremo

    EE.UU. tramitó reembolso de $121,000 millones en aranceles anulados por Supremo

    EE.UU. tramitó la devolución de $121,750 millones, hasta el pasado 10 de julio, a las empresas afectadas por los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump que fueron anulados en febrero por el Tribunal Supremo, confirmó este miércoles a EFE un portavoz gubernamental.

    La información fue confirmada por un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien detalló que la agencia recibió 24.4 millones de declaraciones de importación. De ese total, aproximadamente 16.76 millones ya fueron procesadas para evaluar su reembolso o devolución certificada.

    El monto gestionado representa más del 70 % del total estimado para reintegrar a las empresas, que asciende a cerca de $166,000 millones. Las autoridades continúan revisando las solicitudes pendientes antes de completar el proceso.

    «La CBP ha cumplido plenamente con todas las decisiones del Tribunal de Comercio Internacional y de otros tribunales relativas a los reembolsos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)», afirmó el portavoz del organismo.

    Las solicitudes de devolución pueden ser presentadas por importadores o agentes aduaneros mediante la plataforma electrónica CAPE, habilitada en abril de este año. Cada petición es analizada de manera individual antes de autorizar el reembolso correspondiente.

    Un día después de la entrada en funcionamiento de ese sistema, el presidente Donald Trump recomendó públicamente a las empresas no solicitar la devolución de los recursos pagados por los aranceles posteriormente anulados por la justicia.

    El Tribunal Supremo declaró ilegal en febrero el esquema arancelario impuesto en abril de 2025 al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, normativa utilizada para establecer gravámenes diferenciados a distintos países bajo el argumento de aplicar medidas recíprocas.

    Tras el fallo judicial, Trump criticó la decisión del máximo tribunal y anunció un arancel global temporal del 10 % sustentado en un nuevo marco legal, cuya vigencia concluyó a finales de julio. Posteriormente, su administración anunció nuevos gravámenes de entre 10 % y 12.5 % para las importaciones provenientes de 60 economías, al considerar que realizan «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».

  • Tribunal Supremo español condena a ex ministro de Sánchez a 24 años de prisión por corrupción

    Tribunal Supremo español condena a ex ministro de Sánchez a 24 años de prisión por corrupción

    El Tribunal Supremo de España condenó este lunes al exministro de Transportes de Pedro Sánchez,José Luis Ábalos a 24 años de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, uno de los casos de corrupción más relevantes surgidos tras la emergencia sanitaria.

    La sentencia, adoptada por unanimidad por los magistrados de la Sala de lo Penal, también impuso una condena de 19 años de cárcel al exasesor ministerial Koldo García y de cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama, quien admitió parte de los hechos durante el proceso judicial.

    El fallo fue emitido tras un juicio que se desarrolló entre abril y mayo y que se extendió durante 14 jornadas, en las cuales se analizaron las contrataciones realizadas para la adquisición de material sanitario en los momentos más críticos de la pandemia.

    La Fiscalía Anticorrupción había solicitado una pena de 24 años de prisión para Ábalos y de 19 años y medio para Koldo García, mientras que para Aldama pidió siete años de cárcel. Por su parte, las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular reclamaban condenas de 30 años para Ábalos y García, así como cinco años para el empresario.

    Durante el juicio, tanto el exministro como su antiguo asesor defendieron su inocencia y solicitaron su absolución. Ambos negaron haber cometido irregularidades en los contratos investigados y rechazaron las acusaciones formuladas por la Fiscalía.

    En contraste, Víctor de Aldama reconoció haber participado en varios de los delitos investigados, entre ellos cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada, una circunstancia que fue tomada en consideración por el tribunal al momento de dictar sentencia.

    El denominado “caso mascarillas” se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos surgidos tras la pandemia, al poner bajo investigación la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario en medio de la emergencia provocada por el covid-19.

    La resolución del Supremo supone un duro golpe para el exministro socialista y su entorno político, al tiempo que cierra una de las principales causas judiciales relacionadas con la gestión de recursos públicos durante la crisis sanitaria.

  • El cantante Julio Iglesias demandará a la vicepresidenta española por injurias y calumnias

    El cantante Julio Iglesias demandará a la vicepresidenta española por injurias y calumnias

    El cantante español Julio Iglesias presentará una querella ante el Tribunal Supremo de España contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por presuntos delitos de injurias y calumnias, después que la funcionaria se negara a retractarse de declaraciones relacionadas con una denuncia por supuestos abusos sexuales contra el artista.

    Los representantes legales de ambas partes participaron este martes en un acto de conciliación celebrado en un juzgado de Madrid, requisito previo antes de presentar formalmente la demanda judicial.

    Sin embargo, la vicepresidenta española y ministra de Trabajo rechazó retractarse de los comentarios que realizó públicamente sobre la denuncia contra Iglesias, argumentando que sus declaraciones no dañaron el honor ni la reputación del cantante y que tampoco vulneraron su presunción de inocencia.

    Ante la falta de conciliación, la defensa del artista confirmó que acudirá al Tribunal Supremo debido a que Yolanda Díaz posee fuero especial por formar parte del Gobierno español.

    Julio Iglesias había presentado en febrero una demanda de conciliación por considerar “injuriosas y calumniosas” las declaraciones emitidas por la funcionaria en enero pasado, luego de conocerse la denuncia interpuesta por dos exempleadas del cantante.

    En el escrito judicial, el intérprete solicitó que Díaz reconociera públicamente el daño ocasionado, rectificara sus afirmaciones y pagara una indemnización por perjuicios relacionados con la difusión mediática del caso.

    Las declaraciones cuestionadas fueron publicadas inicialmente por Díaz en la red social Bluesky el 13 de enero y posteriormente reiteradas durante una entrevista en el programa “La Hora de la 1” de RTVE.

    «Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo», escribió la vicepresidenta en redes sociales.

    La defensa del cantante sostiene que dichas expresiones proyectaron “claros prejuicios de culpabilidad” ante la opinión pública, señalando directamente a Iglesias por presuntos abusos sexuales, explotación laboral y violaciones a derechos fundamentales.

    El artista había sido denunciado por dos exempleadas por presuntos delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado, servidumbre, agresión sexual, lesiones y delitos contra derechos laborales.

    No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó en enero la investigación al determinar que la Justicia española no tenía competencia para investigar los hechos denunciados, debido a que supuestamente ocurrieron en países del Caribe.

     

  • La justicia española ordena devolverle más de $67 millones a Shakira al anular caso de evasión fiscal

    La justicia española ordena devolverle más de $67 millones a Shakira al anular caso de evasión fiscal

    La Audiencia Nacional de España dio la razón este lunes a la cantante colombiana Shakira al anular las multas y liquidaciones fiscales relacionadas con el ejercicio tributario de 2011, además de ordenar a la Agencia Tributaria devolverle más de €60 millones -> $67.2 millones, incluyendo intereses y costas judiciales.

    El tribunal concluyó que la administración española no logró demostrar que la artista permaneciera más de 183 días en España durante 2011, requisito establecido por la legislación para considerar a una persona residente fiscal y obligarla a pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

    La resolución judicial anuló las sanciones vinculadas al IRPF y al Impuesto sobre el Patrimonio de ese año, después que Hacienda reclamara originalmente poco más de €55 millones -> $61.6 millones por supuestas obligaciones tributarias no pagadas.

    Según la sentencia, la estancia comprobada de la cantante en España durante 2011 fue de 163 días, por debajo del límite legal exigido. Además, los magistrados determinaron que tampoco existían pruebas suficientes de que tuviera su principal núcleo económico o familiar en territorio español.

    La administración tributaria argumentó previamente que la artista mantenía una relación sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué, residente en España. Sin embargo, el tribunal señaló que no existía “vínculo conyugal” entre ambos en ese momento y que tampoco tenían hijos menores residentes en el país, por lo que no podía considerarse un núcleo familiar legal.

    Shakira celebra el fallo

    Tras conocerse el fallo, Shakira celebró públicamente la decisión judicial y afirmó que “nunca” cometió fraude fiscal con sus ingresos de 2011. “La propia administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, expresó la artista en declaraciones difundidas por su equipo legal.

    El abogado de la cantante, José Luis Prada, criticó duramente el actuar de Hacienda española y sostuvo que la administración “asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse”. También celebró que la justicia actuara “de verdad” frente a “posiciones administrativas inaceptables”.

    La sentencia pone fin a una disputa fiscal de ocho años entre la cantante y el fisco español. No obstante, la Agencia Tributaria confirmó que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo.

    En procesos anteriores, Shakira aceptó en 2024 una multa de €7.8 millones -> $8.7 millones tras reconocer que defraudó €14.5 millones -> $16.2 millones entre 2012 y 2014, acuerdo que le evitó enfrentar una posible condena de prisión.

     

  • Acusado en causa por corrupción en España dice que Pedro Sánchez era el jefe de «banda criminal»

    Acusado en causa por corrupción en España dice que Pedro Sánchez era el jefe de «banda criminal»

    El empresario Víctor de Aldama aseguró este miércoles ante el Tribunal Supremo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estaría en el nivel más alto de una presunta “organización criminal” vinculada a contratos públicos durante la pandemia.

    Durante su declaración, en el marco del llamado caso de corrupción relacionado con el Ministerio de Transportes, Aldama aseguró que Sánchez se encontraba en el “escalafón 1” de la estructura, seguido por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

    “El señor presidente Pedro Sánchez está en el escalafón 1; el señor Ábalos en el escalafón 2 porque es el que daba y otorgaba”, declaró el empresario, quien también reconoció haber formado parte de dicha red.

    Aldama, considerado una pieza clave en la investigación por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante el covid-19, sostuvo que entregó entre 3.5 y 4 millones de euros a Ábalos.

    Además, afirmó que el mandatario conocía estas supuestas “mordidas”. “Todo lo sabía el presidente”, reiteró en su comparecencia judicial.

    El empresario, que colabora con la Fiscalía tras haber estado en prisión provisional por otro caso de fraude, también indicó que realizaba pagos periódicos en efectivo y entregas de dinero que llegaban hasta 250,000 euros en dependencias oficiales.

    Mientras se desarrollaba la audiencia, el Gobierno español reaccionó mostrando “total tranquilidad” y cuestionó la credibilidad del testigo, señalando que se trata de “un gran mentiroso”.

    Desde el Ejecutivo recordaron que los acusados pueden mentir como parte de su derecho a la defensa y reiteraron que Sánchez ha negado cualquier vínculo con Aldama o participación en los hechos investigados.

    Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció que solicitará amparo al Tribunal Supremo ante lo que considera “injurias” y acusaciones sin pruebas, insistiendo en que no existe financiación ilegal dentro de la formación.

    En su declaración, Aldama también mencionó supuestas gestiones políticas relacionadas con Venezuela entre 2019 y 2022, incluyendo contactos con dirigentes opositores y del gobierno de Nicolás Maduro, lo que amplía el alcance de las acusaciones.

    El caso continúa en desarrollo y forma parte de un proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia, en el que las declaraciones de los implicados podrían ser determinantes para el rumbo del juicio.

     

  • Joven española, Noelia, muere tras recibir la eutanasia después de dos años de proceso judicial

    Joven española, Noelia, muere tras recibir la eutanasia después de dos años de proceso judicial

    La joven originaria de Barcelona, España, Noelia, de 25 años y con una condición de paraplejia, murió este jueves luego de recibir la eutanasia en un hospital de Sant Pere de Ribes, según informó Abogados Cristianos.

    El procedimiento se concretó casi dos años después de que la joven solicitara la muerte asistida, en medio de un proceso judicial que incluyó la intervención de cinco instancias debido a la oposición de su padre.

    El caso avanzó luego de que una jueza de Barcelona autorizara la eutanasia en marzo de 2025, lo que derivó en una serie de recursos legales presentados por el progenitor de la joven.

    Abogados Cristianos argumentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que Noelia no contaba con la “capacidad necesaria para tomar la decisión”, basándose en antecedentes psíquicos.

    Sin embargo, el TSJC confirmó la autorización en septiembre de 2025 al concluir que las evaluaciones judiciales no respaldaban los argumentos del padre, aunque reconoció su derecho a recurrir ante el Tribunal Supremo.

    Una persona protesta en la entrada del hospital Sant Camil, a 26 de marzo de 2026, en Sant Pere de Ribes, Barcelona, Cataluña (España). Lorena Sopêna / Europa Press

    Los informes recogidos en la sentencia señalaron que el Comité de Ética Asistencial determinó que la joven no tenía déficit cognitivo ni alteraciones que afectaran su capacidad de decisión, además de manifestar un sufrimiento constante y una “clara falta de sentido vital”.

    Diversos especialistas en psicología clínica, neuropsicología y psiquiatría coincidieron en que comprendía la “gravedad” de la decisión y mantenía firme su voluntad de acceder a la eutanasia.

    Las evaluaciones también concluyeron que tenía un coeficiente intelectual dentro de parámetros normales, sin trastornos del pensamiento, aunque presentaba síntomas depresivos crónicos que le generaban un sufrimiento “insoportable” derivado de su lesión medular.

    Los peritos indicaron que la solicitud fue realizada de forma “libre, sin injerencia ni influencia de su propia enfermedad mental”, respaldada además por otros seis médicos que confirmaron su capacidad para decidir.

    Noelia sostuvo su decisión desde abril de 2024, cuando pidió la eutanasia, que fue avalada en julio por la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, sin que se acreditara un cambio de postura.

    En enero de este año, el Tribunal Supremo rechazó el recurso del padre y confirmó la legalidad del procedimiento, decisión que posteriormente también fue ratificada por el Tribunal Constitucional, agotando las vías judiciales en España.

    Finalmente, el caso fue llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó las medidas cautelares solicitadas para frenar la eutanasia.

    El pasado miércoles, el presidente salvadoreño Nayib Bukele señaló a organizaciones no gubernamentales de “matar a las víctimas en lugar de protegerse”, retomando la historia de Noelia y aseveró que «este es el fin (objetivo) último de las organizaciones de derechos humanos”.

     

  • Tribunal Supremo de Brasil autoriza investigar a hijo de Lula por corrupción

    Tribunal Supremo de Brasil autoriza investigar a hijo de Lula por corrupción

    El juez del Tribunal Supremo de Brasil, André Mendonça, autorizó a petición de la Policía Federal, el levantamiento del secreto bancario, fiscal y de las comunicaciones de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como ‘Lulinha’, hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro de una investigación por una presunta trama de corrupción en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).

    La decisión trascendió este jueves, poco después de que la comisión parlamentaria de investigación en el Congreso aprobara una medida similar impulsada por la oposición. El caso forma parte de la llamada operación ‘Sin Descuento’, que indaga un supuesto esquema de malversación de fondos públicos.

    La Policía Federal sostuvo ante el magistrado que ‘Lulinha’ figura como posible beneficiario en una de las fases de la investigación. Según un extracto del expediente, los datos recopilados “sugieren la posible participación de Fábio Lula en acciones destinadas a promover los proyectos empresariales” del presunto líder de la trama, Antonio Camilo Antunes, quien ya fue detenido.

    No obstante, la propia investigación aclara que las menciones al hijo del mandatario provienen de terceros y que, hasta el momento, no existe evidencia directa de su participación en los hechos. La cadena Globo indicó que el expediente no establece pruebas concluyentes contra él.

    La oposición utilizó el avance de la investigación policial para respaldar su solicitud en el Congreso, que fue aprobada en medio de fuertes intercambios y momentos de tensión, incluso con empujones entre legisladores. Por su parte, aliados del Gobierno calificaron la medida como un intento de afectar la imagen del presidente Lula a pocos meses de las elecciones presidenciales.

    Hace unas semanas, Lula reveló en una entrevista al portal UOL que conversó con su hijo sobre el caso y le advirtió que “pagaría el precio” si estuviera implicado. “Que se investigue lo que se tenga que investigar”, expresó el mandatario.

    “Cuando salió el nombre de mi hijo, le llamé y se lo dije a todo el mundo. Miré a los ojos de mi hijo y le dije, ‘solo tú sabes la verdad. Si tienes alguna cosa, vas a pagar el precio por ello. Si no, defiéndete’”, relató el presidente.

    En la misma entrevista, Lula recordó que fue durante su gestión cuando se descubrió la presunta red de corrupción, la cual, según afirmó, se habría originado “años atrás” durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro. Además, planteó que fuera su propio Gobierno el que impulsara la creación de una comisión investigadora en el Congreso para esclarecer responsabilidades.