El cantante español Julio Iglesias presentará una querella ante el Tribunal Supremo de España contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por presuntos delitos de injurias y calumnias, después que la funcionaria se negara a retractarse de declaraciones relacionadas con una denuncia por supuestos abusos sexuales contra el artista.
Los representantes legales de ambas partes participaron este martes en un acto de conciliación celebrado en un juzgado de Madrid, requisito previo antes de presentar formalmente la demanda judicial.
Sin embargo, la vicepresidenta española y ministra de Trabajo rechazó retractarse de los comentarios que realizó públicamente sobre la denuncia contra Iglesias, argumentando que sus declaraciones no dañaron el honor ni la reputación del cantante y que tampoco vulneraron su presunción de inocencia.
Ante la falta de conciliación, la defensa del artista confirmó que acudirá al Tribunal Supremo debido a que Yolanda Díaz posee fuero especial por formar parte del Gobierno español.
Julio Iglesias había presentado en febrero una demanda de conciliación por considerar “injuriosas y calumniosas” las declaraciones emitidas por la funcionaria en enero pasado, luego de conocerse la denuncia interpuesta por dos exempleadas del cantante.
En el escrito judicial, el intérprete solicitó que Díaz reconociera públicamente el daño ocasionado, rectificara sus afirmaciones y pagara una indemnización por perjuicios relacionados con la difusión mediática del caso.
Las declaraciones cuestionadas fueron publicadas inicialmente por Díaz en la red social Bluesky el 13 de enero y posteriormente reiteradas durante una entrevista en el programa “La Hora de la 1” de RTVE.
«Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo», escribió la vicepresidenta en redes sociales.
La defensa del cantante sostiene que dichas expresiones proyectaron “claros prejuicios de culpabilidad” ante la opinión pública, señalando directamente a Iglesias por presuntos abusos sexuales, explotación laboral y violaciones a derechos fundamentales.
El artista había sido denunciado por dos exempleadas por presuntos delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado, servidumbre, agresión sexual, lesiones y delitos contra derechos laborales.
No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó en enero la investigación al determinar que la Justicia española no tenía competencia para investigar los hechos denunciados, debido a que supuestamente ocurrieron en países del Caribe.
