Familias inmigrantes en Estados Unidos enfrentan una Navidad marcada por el miedo, la separación y la incertidumbre, ante el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha incrementado las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos puntos del país.
En la ciudad de Tucson, Arizona, la inmigrante mexicana María Ramos pasará las fiestas sin su esposo y su hijo mayor, ambos arrestados por agentes migratorios cuando salieron a trabajar en jardinería. “Sabíamos que de un momento a otro podrían ser detenidos, pero tenían que salir a trabajar, para pagar los gastos”, relató a EFE.
“Mi esposo y mi hijo no son criminales, nunca han hecho nada a nadie, ahora están en un centro de detenciones”, agregó Ramos, quien vive con temor de que la situación empeore para su familia.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, más de 220,000 migrantes han sido arrestados por ICE, según datos del Deportation Data Project. El inicio de su segundo mandato estuvo acompañado de redadas masivas y despliegues federales en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Washington.
Aunque Arizona, gobernada por la demócrata Katie Hobbs, no ha recibido grandes contingentes militares, los operativos migratorios son constantes. “Estas fiestas serán muy tristes, estoy pensando inclusive en quitar todos los adornos antes del día de Navidad”, confesó Ramos, quien se enteró del arresto de sus familiares cuando un amigo le dijo: “Se los llevaron”.
La familia llevaba 25 años viviendo de forma irregular en EE.UU. y tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses, quienes ahora temen que la detención del padre derive en el arresto de su madre.
Una situación similar enfrenta la venezolana Ana Moran, de 29 años, residente en Arizona, cuyo esposo permanece detenido desde agosto en la cárcel del condado de Pima, acusado sin pruebas de un robo mientras realizaba entregas de comida. “No entiendo en qué momento dicen que mi esposo cometió este delito si yo siempre iba con él”, afirmó.
La pareja ingresó a Estados Unidos hace dos años y medio tras solicitar asilo mediante la aplicación CBP One, implementada durante la administración de Joe Biden. Actualmente, esa misma plataforma es promovida por el Gobierno Trump para incentivar la autodeportación, ofreciendo $1,000 y la promesa de un eventual retorno legal.
Ante el riesgo de que su esposo sea deportado, Moran admite que contempla salir voluntariamente del país, pese a tener permiso de trabajo y una solicitud de asilo en trámite. La falta de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas agrava su situación. “No tenemos un consulado donde pedir ayuda, si ICE nos deporta no sabemos a qué país nos mandarían”, dijo.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde el 20 de enero casi dos millones de migrantes se han autodeportado, mientras que más de 600,000 han sido expulsados por la fuerza.
Moran y su familia deben presentarse ante una corte migratoria en mayo, pero teme que los problemas legales de su esposo afecten su caso. “Cuando salgo a la calle le pido a Dios: hazme invisible, hazme invisible, para regresar con mis hijos”, concluyó.
