El sacerdote salvadoreño Leopoldo Eugenio Galdámez Lara. SJ., de 58 años de edad, fue nombrado este jueves como el nuevo Superior Provincial de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús.
De acuerdo con la información que brindó la compañía, Galdámez tiene 35 años de ministerio religioso dentro de la Compañía de Jesús. Además es licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador.
Galdámez también tiene una licenciatura en Teología Espiritual y una maestría en Psicoterapia Universidad Pontificia de Comillas, que está ubicada en Madrid, España.
El salvadoreño está actualmente en el Superior de la Residencia «El Carmen», además de actuar como consultor, admonitor y socio del Provincial en el país.
La confianza para asumir este nuevo servicio de liderazgo al frente de la Provincia Centroamericana está plenamente justificada por su trayectoria académica, pastoral y de acompañamiento, según manifestó la Compañía de Jesús por medio de un comunicado de prensa.
De acuerdo con los Jesuitas, esta designación fue hecha por el Padre General José Domingo Cuesta S.J., Provincial actual de la Compañía de Jesús en Centroamérica, suscribió el anuncio, destacando el espíritu de comunión, servicio y misión que guía a la Compañía en la región.
“Agradecemos a Dios por este nombramiento y expresamos nuestras sinceras felicitaciones a P. Leo. Acompañamos con nuestras oraciones y disponibilidad apostólica este nuevo liderazgo que abre otro capítulo en misión de nuestra Provincia Centroamericana. ¡Bienvenido, P. Leo!”, se lee en el comunicado extendido por la compañía.
Estados Unidos reconoció esfuerzos significativos del gobierno salvadoreño en el último año en combatir en el tráfico de personas aunque advierte que el país aún no cumple con los estándares mínimos para eliminar este flagelo, según el informe difundido el lunes por el Departamento de Estado
«Estos esfuerzos incluyeron el enjuiciamiento de más sospechosos, la condena de más tratantes, la asistencia a más víctimas infantiles en el albergue especializado del gobierno y el aumento de la capacitación contra la trata para los funcionarios de justicia penal”, afirma el Informe sobre la trata de personas 2025, divulgado el lunes.
El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a El Salvador en el Nivel 2 del Informe sobre la trata de personas 2025.
El reporte destacó que el Gobierno aumentó las condenas a tratantes, brindó mayor asistencia a víctimas menores en albergues especializados e intensificó las capacitaciones en el sistema judicial. Además, las capturas masivas de presuntos pandilleros bajo el régimen de excepción desmantelaron redes criminales vinculadas a la explotación sexual y laboral.
Washington advirtió que las autoridades salvadoreñas aún presentan deficiencias graves. Entre ellas, la falta de procedimientos para identificar víctimas entre detenidos por vínculos con pandillas, la ausencia de hombres adultos y extranjeros en los registros oficiales, y una reducción de investigaciones y víctimas identificadas en comparación con 2023.
“El gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. Las autoridades no contaban con procedimientos para identificar a las víctimas de trata entre las personas que detuvieron por afiliación a pandillas. Las autoridades iniciaron menos investigaciones e identificaron a menos víctimas. El gobierno no identificó a ninguna víctima masculina adulta ni a ninguna víctima extranjera”, señala el reporte estadounidense.
El informe detalla que en 2024, las autoridades abrieron 18 nuevos casos de trata —13 de explotación sexual, 2 de trabajo forzado y 3 no especificados—, lo que representa una disminución frente a los 38 de 2023. Aun así, el número de procesados aumentó significativamente, con 504 sospechosos llevados a juicio, incluidos líderes de la MS-13 acusados de múltiples delitos, entre ellos trata de personas.
El documento reconoció la condena de 11 tratantes, con penas que oscilaron entre 5 y 26 años de prisión, lo que marca un contraste con 2023, cuando no se dictó ninguna sentencia. Sin embargo, criticó la falta de un sistema de gestión de casos electrónicos y el escaso conocimiento de los jueces sobre la complejidad del delito.
El reporte documenta que en materia de protección, el Gobierno identificó 27 víctimas, todas salvadoreñas, frente a las 40 del año anterior. La mayoría fueron niñas y adolescentes explotadas sexualmente. No se reportaron víctimas extranjeras ni hombres adultos. El único albergue especializado atendió a ocho menores y dos de sus hijos, pero solo admitió a quienes participaron en procesos judiciales.
Un grupo de acusados por tráfico de personas en una audiencia en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Recomendaciones
El reporte instó a El Salvador a intensificar investigaciones y procesar casos de trata con condenas ejemplares, además pide ampliar los servicios especializados e informados en trauma para todas las víctimas.
Estados Unidos también llama a asegurar que la atención a víctimas se base en su interés superior, y no dependa de procesos judiciales y a actualizar las leyes y políticas para que la definición de trata sea coherente con estándares internacionales.
También pide prevenir la explotación en el sector turismo mediante sanciones a negocios que faciliten delitos de trata.
Nuevas dinámicas delictivas
El informe también alertó sobre nuevas dinámicas delictivas: el uso de redes sociales para captar víctimas, el aprovechamiento del turismo para explotación sexual y la vulnerabilidad de más de 140,000 niños cuyos padres han migrado o están detenidos bajo el régimen de excepción.
Washington destaca que los traficantes explotan a hombres, mujeres y niños salvadoreños para la trata sexual y el trabajo forzoso en Belice, Guatemala, México, Estados Unidos y posiblemente Europa.
“Explotan a algunos salvadoreños que emigran ilegalmente a Estados Unidos para realizar trabajos forzosos, actividades delictivas forzadas y trata sexual durante el viaje o al llegar. Explotan a algunas víctimas extranjeras de Asia, Sudamérica u otros países centroamericanos para la trata sexual y laboral en El Salvador. Las personas sin documentos de identificación personal son altamente vulnerables a la trata. Se observó corrupción y complicidad entre algunos funcionarios gubernamentales”, concluye el informe.
