Al menos 13 integrantes de la pandilla Barrio 18 fueron condenados a penas de entre 30 y 40 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, informó este martes la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue emitida por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Según el reporte de la FGR, Héctor José Sesente Reales, alias “El Topo Baby” o “Gordo”, recibió 40 años de cárcel debido a que tenía el rango de palabrero (dictaba órdenes) dentro la pandilla.
Estos pandilleros mantenían bajo constante temor a la población local con actividades concentradas principalmente en la colonia Zacamil y sus sectores aledaños, en el distrito de Mejicanos, municipio de San Salvador Centro, según indicó la FGR.
Los demás condenados, a 30 años de cárcel) fueron identificados como: Ulises Saúl Benito Pineda, alias “Araña”; Cristian Enrique López Ayala, alias “Yipi”, “Baby” o “Killer”; Nelson Geovanni García, alias “Talapo” o “Spiderman”; Daniel Wenceslao Cruz Díaz, alias “Liro Demon” o “Starki”; Wilfredo Enrique Pérez Roque, alias “Wil”; Edgardo Noé Ayala Nerio; Óscar Emilio Mejía Lozano; Manuel de Jesús Hernández Recinos o Samuel de Jesús Hernández Recinos, alias “Moreno” o “Negro”; Luis Alejandro López Aquino, alias “Chapa”; Ángel Eliseo Aguirre Crespín, alias “Tomate” o “Street”; Carlos David Morales Benítez, alias “Travieso” o “El Pichón”; y Fernando Alberto Aquino Trigueros, alias “Gasper Chira”.
La sentencia fue emitida en presencia de los imputados, indicó la FGR a través de un comunicado de prensa.
Más pandilleros del Barrio 18 enfrentan audiencia
Por otro lado, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador inició el lunes con su audiencia en contra de otros 32 pandilleros del Barrio 18 facción Sureños acusados del delito de agrupaciones ilícitas, indicó la FGR en el escrito.
Según la FGR, según las investigaciones, el grupo operó entre 2019 y 2024 en el departamento de Cuscatlán, principalmente en el distrito de Suchitoto y sus zonas aledañas. Cabe destacar que la detención de los señalados se llevó a cabo bajo el régimen de excepción.
Mediante las múltiples pruebas presentadas contra la estructura, la Fiscalía pretende demostrar la diversidad de delitos que perpetraron, incluyendo homicidios, privaciones de libertad, extorsiones, tráfico de drogas, tráfico ilegal de personas y de armas de fuego.