El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) propuso este viernes una norma que suspendería temporalmente la adjudicación de permisos de trabajo a solicitantes de asilo, una pausa que podría extenderse por años.
El proyecto de regulación, presentado hoy a comentarios públicos, pondría en pausa la aceptación de solicitudes de permisos de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento en la agencia supere los 180 días.
USCIS prevé que de aprobarse el plan las nuevas solicitudes de permisos de trabajo para solicitantes de asilo «se pausarán por un período prolongado, posiblemente muchos años».
La agencia argumentó que el plan pretende reducir el «incentivo» para que los extranjeros presenten solicitudes de asilo fraudulentas para obtener permisos de trabajo.
Un portavoz del USCIS dijo en un comunicado que las solicitudes de asilo se convirtieron en una «vía fácil» para que los inmigrantes puedan trabajar en EE.UU. legalmente, lo que ha saturado el sistema.
«Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo», indicó sobre el plan publicado en el Registro Federal.
USCIS argumenta que las solicitudes de permiso de empleo basadas en una solicitud de asilo pendiente han alcanzado un «máximo histórico», sobrecargando los recursos de la agencia, sin permitirle evaluar las peticiones.
La propuesta también amplía a 365 días el tiempo que los solicitantes de asilo deben esperar antes de ser elegibles para solicitar un permiso de trabajo.
De no aprobarse el plan, USCIS asegura que podría tomar entre 14 y 173 años para alcanzar un tiempo de procesamiento de 180 días para tramitar las solicitudes de asilo.
Los ciudadanos de 39 países considerados de alto riesgo tienen restricciones de viaje vigentes desde el 1 de enero de 2026 debido a una orden ejecutiva de la Casa Blanca que busca impedir el ingreso de extranjeros a Estados Unidos por considerar que se “carece de información suficiente para evaluar los riestos que plantean”.
Las restricciones son aplicables a nacionales que están fuera de los Estados Unidos sin una visa válida a partir del 1 de enero de 2026. Tanto las restricciones completas y parciales se aplican a inmigrantes y no inmigrantes.
Estados Unidos señala que muchos de los países restringidos “sufren de corrupción generalizada, documentos civiles y antecedentes penales fraudulentos o poco confiables”, así como sistemas de registro de nacimientos inexistentes, y algunas naciones se niegan a compartir ejemplos de pasaportes o datos de aplicación de la ley. También señalan que la “presencia terrorista, actividad criminal y extremista en varios países enumerados”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió dos proclamaciones, una el 4 de junio y otra el 16 de diciembre, para restringir la entrada a extranjeros de ciertos países.
Esta lista no incluye a El Salvador ni a países centroamericanos. Pero sí incluye a Cuba, Venezuela y Haití.
Las proclamaciones tienen excepciones como residentes permanentes legales, atletas, entrenadores, que viajen para la Copa del Mundo, Juegos Olímpicos o eventos deportivos, asilados, refugiados o por intereses nacionales de Estados Unidos.
Un memorándum del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), del 1 de enero de 2026, ordena a todo su personal suspender todas las solicitudes pendientes para los extranjeros de dichos países.
El 1 de enero de 2026, el personal de la USCIS recibió órdenes de suspender solicitudes a nacionales de países de riesgo.
Restricción total a estos países
Originalmente, la Proclamación 10949, emitida el 4 de junio de 2025, restringe completamente la entrada a nacionales de 12 países considerados de “alto riesgo”: Haití, Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, según la hoja informativa de la Casa Blanca del 16 de diciembre pasado, sobre la Proclamación 10998.
Haití fue incluido, según la proclamación del 4 de junio de 2024, porque Estados Unidos consideró que tenía una tasa de superación de la visa B-1/B-2 del 31.38 % y que “cientos de miles de extranjeros haitianos inundaron los Estados Unidos durante la Administración Biden”, lo que señaló que “perjudica a las comunidades estadounidenses al crear riesgos agudos de aumento de las tasas de estadías excesivas, el establecimiento de redes criminales y otras amenazas a la seguridad nacional”.
Además, consideró que Haití “carece de una autoridad central con suficiente disponibilidad y difusión de la información policial necesaria para garantizar que sus nacionales no socaven la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
La nueva proclamación 10998, del 16 de diciembre de 2025 y vigente desde el 1 de enero de 2026, agregó en este listado de restricciones completas a: Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria; personas que tienen documentos emitidos por la Autoridad Palestina; y a Laos y Sierra Leona, que tenían restricciones parciales.
Estados Unidos incluyó entre las restriciones completas a personas con documentos emitidos por la Autoridad Palestina, porque argumentó que “varios grupos terroristas designados por Estados Unidos operan activamente en Cisjordania o la Franja de Gaza y han asesinado a ciudadanos estadounidenses”, además de considerar un “control débil” en estas áreas.
Trump emitió una proclamación el 16 de diciembre, aumentando la lista a 39 países con restricciones de viaje.
Restricciones parciales
Para incluir en la suspensión parcial –que afecta a inmigrantes y no inmigrantes en visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J)– a Antigua y Barbuda, y Dominica, EE.UU. señala que “históricamente ha tenido la Ciudadanía por Inversión (CBI) sin residencia, un programa legal que permite a extranjeros obtener un pasaporte a cambio de inversiones.
La nueva proclamación 10998 continuó las restricciones parciales a nacionales de Cuba, Venezuela, Burundi y Togo vigentes desde junio de 2025 con la proclamación 10949.
Estados Unidos fundamentó la inclusión de Venezuela en que “carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles y no tiene medidas de detección y verificación apropiadas”, además de que “Venezuela se ha negado a aceptar a sus ciudadanos removibles” y tenía una tasa de estadía de exceso de visa B-1/B-2 del 9.83 %.
La inclusión de Cuba en las restricciones parciales, según la proclamación del 4 de junio, se fundamentó en que “Cuba es un Estado patrocinador del terrorismo” y que el gobierno de Cuba “no coopera ni comparte suficiente información policial con los Estados Unidos” y “se ha negado a aceptar sus nacionales removibles”, además de tasas de exceso de estadía de visas.
Tanto para Venezuela y Cuba, la medida suspende la entrada a los Estados Unidos a inmigrantes y no inmigrantes en visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J, y señala que los funcionarios consulares reducirán la validez de otras visas de no inmigrantes “en la medida permitida por la ley”.
En este listado de restricciones parciales, agregó restricciones parciales y limitaciones de entrada a 15 países adicionales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabwe.
Excepciones
Según la Casa Blanca, la Proclamación incluye excepciones para cualquier residente permanente legal de los Estados Unidos, con dos nacionalidades si viaja con un pasaporte expedido por un país no designado, “cualquier extranjero que viaje con un visado de no inmigrante válido en las siguientes clasificaciones: A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, OTAN-1, OTAN‐2, OTAN-3, OTAN-4, OTAN-5 o OTAN-6”.
También, se excluye de las medidas a: “cualquier atleta o miembro de un equipo atlético, incluidos los entrenadores, las personas que desempeñan un papel de apoyo necesario y los familiares inmediatos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según lo determine el Secretario de Estado”.
Exceptúa también a “visados de inmigrante familiar inmediato (IR-1/CR-1, IR-2/CR-2, IR-5) con pruebas claras y convincentes de la identidad y la relación familiar (por ejemplo, ADN)”, adopciones, visas especiales de inmigrante afgano, para empleados del gobierno de los Estados Unidos o para minorías étnicas y religiosas que se enfrentan a la persecución en Irán.
También excluyen a personas que se considere que su viaje promueve el interés nacional crítico para Estados Unidos, como testigos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este domingo que la suspensión de las decisiones sobre solicitudes de asilo, como parte de su orden de «frenar» la inmigración de los países del tercer mundo después del tiroteo del miércoles en Washington, se mantendrán por «mucho tiempo».
El mandatario no quiso dar un límite de tiempo a la suspensión impuesta el viernes pasado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) a las decisiones de asilo, que afectarían a quienes esperan una decisión de esa agencia.
La suspensión no afecta los casos de asilo que son evaluados por los tribunales de inmigración estadounidenses.
El aplazamiento hace parte de una serie de medidas tomadas por la Administración Trump, tras el tiroteo del miércoles en el que un ciudadano afgano presuntamente disparó contra la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que dejó una agente muerta y otro en estado crítico.
Trump ordenó interrumpir de «forma permanente» la migración de extranjeros de 19 países considerados ‘del tercer mundo’.
En ese sentido, el mandatario estadounidense dijo hoy que “posiblemente» haya más países incluidos en la lista.
“Son países con altos índices de criminalidad. Son países que no funcionan bien … que no destacan por su éxito y, francamente, no necesitamos que su gente venga a nuestro país a decirnos qué hacer”, apuntó el presidente, quien agregó: «no queremos a esas personas».
USCIS ya había anunciado el jueves una «revisión rigurosa» de las tarjetas de residente, o ‘green cards’, de los migrantes de 19 países de «preocupación», incluyendo Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.
Y también informó de la suspensión de solicitudes de migración de los afganos el miércoles, minutos después de un mensaje a la nación de Trump, quien culpó a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), por el ingreso del presunto responsable, Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, y el subsecuente ataque.
Este domingo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en una entrevista con NBC News que el sospechoso se radicalizó «desde que llegó a este país”
Lakanwal formó parte de una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán, y en 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país, fue trasladado a EE.UU. bajo el ala del programa ‘Operation Allies Welcome’.
El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó este jueves «estúpida» a una reportera por preguntarle por qué culpa a su antecesor, Joe Biden (2021-2025), del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington, D.C., lo que se suma a descalificaciones del mandatario a periodistas mujeres.
La reportera, cuya identidad aún no se revela, cuestionó al mandatario por qué responsabiliza a las políticas migratorias de Biden del ataque del miércoles en Washington, en el que murió una agente y un compañero está en estado crítico, si la actual Administración revisó al presunto atacante, el afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal.
«Porque los dejaron entrar (a los afganos). ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, y tú solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida», respondió el mandatario desde Florida tras una llamada con militares.
El episodio se suma a una ola de agravios del presidente a periodistas mujeres, pues apenas el miércoles llamó «fea por dentro y por fuera» a la reportera Katie Rogers del The New York Times, que publicó un artículo, junto a un colega hombre que Trump no mencionó, sobre la supuesta disminución de energía del mandatario.
Mientras que la semana pasada Trump le dijo «quieta, cerdita» a Catherine Lucey, reportera de Bloomberg que le preguntó en el avión Air Force sobre los archivos del financiero pederasta Jeffrey Epstein.
Ahora, la Casa Blanca compartió en su cuenta oficial @RapidResponse47 el video en el que Trump llama «estúpida» a la reportera, a quien identificó como parte de las ‘fake news’ (noticias falsas).
La polémica ha crecido desde que el director del FBI, Kash Patel, confirmó la mañana del jueves que Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y que llegó a Estados Unidos en 2021 con el programa ‘Operation Allies Welcome’, destinado a apoyar a ciudadanos afganos tras la retirada militar de EE.UU.
Trump responsabilizó a Biden del «caos» producido por los vuelos que llevaron a los afganos a EE.UU., pero la prensa estadounidense reportó este jueves que la actual Administración verificó a Lakanwal y le concedió asilo a principios de 2025.
Cuestionado por este hecho en concreto, el presidente respondió ahora que «cuando se trata de asilo, cuando vuelan al país, es muy difícil sacarlos».
«No importa como quieras hacerlo, pero es muy difícil sacarlos, pero ahora vamos a sacarlos a todos», sostuvo.
Horas antes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una «revisión rigurosa» de las tarjetas de residente, o ‘green cards’, de 19 nacionalidades de «países de preocupación», incluyendo Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.
El Gobierno estadounidense incluyó a los cubanos y venezolanos en la lista de 19 nacionalidades de «países de preocupación» a los que someterá a una «revisión rigurosa» de sus tarjetas de residente, o ‘green cards’, confirmó este jueves a EFE el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Consultado por la nueva orden de revisar la residencia de «todos» los migrantes de naciones de «riesgo», tras el tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington, el USCIS compartió en un correo electrónico el decreto que firmó el presidente Donald Trump en junio para prohibir o restringir los viajes desde 19 países.
Dicha orden ejecutiva prohíbe, por «seguridad nacional», el ingreso de ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de restringir los de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Estos mismos 19 países son los que contempla ahora la nueva revisión que anunció este jueves el director del USCIS, Joseph B. Edlow, tras el ataque que dejó dos elementos heridos de la Guardia Nacional en Washington D.C., donde el presunto responsable fue un afgano de 29 años, Rahmanullah Lakanwal.
«Bajo la dirección del @POTUS (el presidente de Estados Unidos), he ordenado una revisión rigurosa, a gran escala, de cada tarjeta de residente de cada extranjero de cada país de preocupación», informó Edlow en X.
La misma dependencia había anunciado la suspensión de las solicitudes de inmigración de afganos el miércoles, minutos después de un mensaje a la nación de Trump, quien culpó a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), por el ingreso de Lakanwal y el subsecuente ataque.
«La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial y el pueblo estadounidense no cargará con el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la anterior administración», concluyó Edlow.
Esta nueva orden representa restricciones migratorias adicionales para cubanos y venezolanos, comunidades en las que hubo apoyo a Trump en las elecciones de 2024.
El presidente ha pedido antes terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el programa de ‘parole humanitario’ para cubanos, venezolanos, haitianos y otras nacionalidades.
Después de la balacera del miércoles cerca de la Casa Blanca, que ha dejado a los dos agentes de la Guardia Nacional en estado crítico, Trump denunció «un acto de odio» y prometió endurecer las medidas migratorias.
El director del FBI, Kash Patel, confirmó la mañana de este jueves que Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y se trasladó a Estados Unidos en 2021 con el programa ‘Operation Allies Welcome’, que apoyó a ciudadanos afganos tras la retirada militar estadounidense del país.
El gobierno de Donald Trump, solicitó anular una orden judicial que impide la deportación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño actualmente detenido en Pensilvania, para proceder con su traslado a Liberia, un país de África Occidental. Las autoridades estadounidenses argumentan que el gobierno del país africano ofreció garantías de que no será torturado ni perseguido.
En una serie de documentos presentados durante la noche del viernes, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) aseguró que la solicitud de asilo de Ábrego García fue rechazada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), tras una entrevista reciente en la que su reclamo por temor a tortura o persecución fue desestimado.
El DOJ sostiene que la medida cautelar que bloquea su deportación debe eliminarse, ya que Liberia ha dado su consentimiento para recibirlo bajo condiciones seguras. A su vez, los abogados del gobierno señalaron que el recurso legal de Abrego García es improcedente, ya que el salvadoreño es parte de una demanda colectiva en Massachusetts relacionada con deportaciones a terceros países.
“Incluso si los méritos fueran correctamente presentados, las alegaciones del peticionario fracasan”, afirmó el Departamento de Justicia. “La Constitución no garantiza al peticionario un proceso más allá del que las ramas políticas han decidido ofrecer”.
Ábrego García vivía en Maryland con su esposa e hijos antes de ser deportado en marzo pasado a El Salvador, específicamente a la megacárcel CECOT, a pesar de una orden judicial de 2019 que impedía su envío a ese país debido a riesgos de persecución. Sin embargo, fue devuelto a EE.UU. en junio para enfrentar cargos por tráfico de personas en Tennessee, caso en el que se ha declarado no culpable.
Las autoridades estadounidenses lo identifican como miembro de la pandilla MS-13 y han defendido su expulsión alegando que responde “al interés público”. Familiares y abogados de Ábrego han negado esas acusaciones.
Por su parte, la defensa legal solicitó a la jueza federal Paula Xinis que suspenda su deportación a Liberia hasta que un juez de inmigración evalúe adecuadamente la decisión del USCIS.
“El Gobierno insiste en que la conclusión sin fundamentos de un solo oficial migratorio—que determinó que Ábrego García no demostró que es “más probable que no” que será torturado o perseguido en Liberia—satisface el debido proceso. No lo hace”, argumentaron los abogados del detenido.
Además, cuestionaron que las autoridades estadounidenses hayan rotado hasta cuatro países como destinos alternativos de deportación —Uganda, Esuatini, Ghana y ahora Liberia— sin ofrecer “la notificación, audiencia y evaluación individualizada que exige el debido proceso”.
El equipo legal también denunció que el gobierno ignoró la “designación estatutaria” de Costa Rica, país que en el pasado expresó su disposición a recibir a Ábrego García como refugiado o residente, y que había sido previamente considerado como destino viable.
Actualmente, Kilmar Ábrego García permanece bajo custodia en un centro de detención en el estado de Pensilvania, mientras su futuro migratorio se debate en los tribunales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el miércoles el fin de la extensión automática de 540 días en los permisos de empleo para ciertas categorías de inmigrantes, medida que entrará en vigencia este 30 de octubre. Esta decisión revierte una política clave implementada por la administración de Joe Biden, la cual buscaba aliviar los retrasos en el procesamiento de solicitudes laborales.
Según el DHS, los extranjeros que soliciten la renovación de su permiso de empleo a partir de esa fecha “ya no recibirán una extensión automática”. El cambio se basa en una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump y responde a la intención del Gobierno de reforzar los controles de seguridad y evitar fraudes migratorios.
El director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Joseph Edlow, justificó la decisión argumentando que “el enfoque ahora prioriza la seguridad de los estadounidenses por encima de la conveniencia de los extranjeros”. Según indicó, el nuevo protocolo permitirá una verificación más rigurosa de los antecedentes de quienes solicitan autorización para trabajar en EE.UU.
Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones proinmigrantes y expertos legales.
Riesgo de despidos masivos
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió que esta decisión causará despidos masivos, afectará a empleadores y perjudicará la estabilidad económica del país.
“Los empleadores no tendrán más opción que despedir a trabajadores en proceso de renovación”, afirmó Jeff Joseph, presidente de AILA.
La decisión también ha sido criticada por la ONG FWD.us, que calificó la medida como “simplemente injusta” y pidió modernizar los procesos en lugar de imponer más obstáculos. Aunque el DHS confirmó que habrá excepciones para casos previstos por ley, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), organizaciones alertan que el USCIS carece de personal y recursos suficientes para procesar a tiempo las solicitudes acumuladas.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) comenzó desde este lunes a implementar un nuevo examen de ciudadanía, más extenso y difícil como parte del objetivo del Gobierno del presidente Donald Trump de hacer más riguroso el proceso de naturalización.
El nuevo examen, enfocado en la educación cívica, incluye 28 nuevas preguntas con respecto al anterior.
Los solicitantes de la ciudadanía deben responder correctamente a 12 de 20 preguntas, esto es el mismo porcentaje que antes (60 %), cuando había que contestar 6 de 10 preguntas. El número de posibles preguntas pasó de 100 a 128.
El nuevo examen había sido diseñado en el primer gobierno de Trump (2017-2021). Pero la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) echó abajo la prueba y reinstauró el usado desde 2008.
En un comunicado, Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, calificó estos cambios como “cruciales” y “los primeros de muchos”.
La versión de Trump hace un énfasis mayor en aspectos de la historia y el sistema político de Estados Unidos.
El portavoz subrayó que la Casa Blanca busca garantizar que solo aquellos extranjeros que cumplan con «todos los requisitos» de elegibilidad, incluyendo la capacidad de leer, escribir y hablar inglés, y comprender el gobierno y la educación cívica de EE.UU., puedan naturalizarse, lo que dará la seguridad de que los nuevos ciudadanos «se integrarán plenamente y contribuirán» al desarrollo del país.
USCIS ya ha anunciado varios cambios en el proceso de naturalización, incluyendo el restablecimiento de una rigurosa investigación de antecedentes para los solicitantes y revisiones más estrictas de las excepciones por discapacidad para presentar los exámenes y las entrevistas.
Además, el Gobierno Trump ha instruido que los extranjeros que solicitan la ciudadanía deben demostrar que «han sido y siguen siendo personas de buen carácter moral».
Los atributos positivos pueden incluir una participación comunitaria activa, logros educativos, vínculos familiares, un historial laboral estable y legal, y una conducta financiera responsable, como el cumplimiento de las obligaciones tributarias, entre otros.
Bajo la nueva política, los funcionarios también pueden ampliar la definición de factores descalificadores, si lo considera el funcionario, como infracciones de tránsito reiteradas.
La agencia también está reanudando las entrevistas a vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes de la ciudadanía estadounidense, como parte del proceso de investigación.
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes una actualización de los criterios que se aplican para otorgar beneficios migratorios, incorporando como factores negativos conductas como la actividad antiestadounidense, el terrorismo o el antisemitismo. Estos elementos podrán ser determinantes para rechazar una solicitud.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que actualizó su manual de políticas con el fin de precisar qué aspectos evaluarán los funcionarios en casos que requieren de su discreción. Dentro de los cambios, se establece que cualquier participación en organizaciones contrarias a las políticas de Washington, terroristas o antisemitas será evaluada como un elemento adverso.
Además, USCIS confirmó que ahora la actividad antiestadounidense detectada en redes sociales será considerada “un factor abrumadoramente negativo” en el análisis de cada caso. “Los beneficios migratorios no deben otorgarse a quienes desprecian al país”, señaló Matthew Tragesser, portavoz de la institución, subrayando que se intensificarán las investigaciones de antecedentes.
“Vivir y trabajar en Estados Unidos sigue siendo un privilegio, no un derecho”, agregó el funcionario, al remarcar que la administración Trump busca reforzar los filtros de elegibilidad.
El anuncio también se suma a un memorando previo que exige a quienes soliciten la ciudadanía demostrar un historial de “buen carácter moral” (GMC). De acuerdo con la nueva directriz, los funcionarios deben evaluar no solo la ausencia de mala conducta, sino también la existencia de atributos positivos como participación comunitaria, logros educativos, vínculos familiares, empleo estable y cumplimiento de obligaciones fiscales.
La política también amplía el margen de interpretación de los factores descalificadores, que ahora pueden incluir incluso infracciones de tránsito reiteradas, según lo determine el funcionario a cargo de la evaluación.
Con estas modificaciones, la Casa Blanca busca endurecer el proceso migratorio y garantizar que los beneficios se concedan únicamente a quienes demuestren un compromiso positivo con la sociedad estadounidense.
