Dos ciudadanos hondureños fueron condenados a prisión por participar en el hurto de un vehículo de reciente fabricación en El Salvador, en un caso que también obligó a los responsables a indemnizar a la víctima con $22,000 en concepto de responsabilidad civil.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó las pruebas contra Luis Fernando Alfaro Izaguirre y Rosieri Javier Flores, señalados de integrar una estructura criminal dedicada a afectar a propietarios de automóviles de alta gama destinados al alquiler.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una pena de 12 años de prisión a Luis Fernando Alfaro Izaguirre, mientras que Rosieri Javier Flores fue condenado a ocho años de cárcel por su participación en los hechos.
Las investigaciones determinaron que ambos imputados formaban parte de una banda de carácter transnacional que se estableció en el país para ejecutar este tipo de delitos mediante engaños y documentación falsa.
Según la Fiscalía, en marzo de 2025 los ahora condenados contactaron a una persona a través de redes sociales con el objetivo de alquilar un vehículo de lujo. Para concretar el negocio, utilizaron documentos falsificados y se hicieron pasar por ciudadanos guatemaltecos.
Una vez obtuvieron el automóvil, los delincuentes comenzaron a ejecutar un plan para evitar su localización. De acuerdo con las pesquisas, alteraron y retiraron el sistema de posicionamiento global (GPS) instalado en el vehículo.
Las autoridades establecieron que posteriormente colocaron dicho dispositivo en otro automotor con la finalidad de desviar cualquier intento de rastreo, mientras ocultaban el vehículo alquilado para impedir su recuperación.
Con el paso de los días, los imputados dejaron de responder las comunicaciones de la víctima, quien al no obtener la devolución del automóvil decidió presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Durante el proceso judicial, la representación fiscal logró demostrar la participación de ambos extranjeros en el delito, por lo que el tribunal ordenó las respectivas condenas y el pago inmediato de $22,000 a favor de la persona afectada.
Las autoridades señalaron que este caso evidencia las modalidades utilizadas por grupos delictivos transnacionales para cometer fraudes y hurtos relacionados con vehículos de alto valor económico en la región.