El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que podría reabrir “con facilidad” el estrecho de Ormuz si dispone de más tiempo, en medio del conflicto con Irán.
El mandatario hizo estas declaraciones a través de redes sociales, donde destacó la importancia estratégica de la vía marítima para el comercio energético mundial.
«Con un poco más de tiempo, podremos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, extraer el petróleo y hacernos ricos. ¡Sería un gran éxito mundial!», expresó.
Las palabras del presidente llegan un día después de que advirtiera que la ofensiva militar contra Irán podría extenderse durante varias semanas más.
El jueves, el jefe de Estado indicó que Estados Unidos está cerca de cumplir sus objetivos militares y adelantó una nueva fase de ataques intensos en las próximas semanas.
Además, reiteró su postura contra el Gobierno iraní al señalar que: «devolver» a Irán «a la Edad de Piedra a la que pertenecen», y calificó como una «amenaza intolerable» que el país pueda acceder a armas nucleares.
En paralelo, las autoridades iraníes reportaron un alto impacto humanitario a raíz de los bombardeos, con 2,076 fallecidos, incluidos 216 menores de edad.
La Media Luna Roja iraní informó que más de 100,000 edificios civiles han sido destruidos o dañados, incluyendo cerca de 40,000 en Teherán.
Asimismo, los ataques han afectado aproximadamente 600 escuelas y casi 300 centros de salud durante cuatro semanas de ofensiva.
La Fiscalía General de la República anunció el lunes la instalación de un Centro de Levantamiento de Datos para identificar a las víctimas del caso Credicash y agilizar el proceso de atención, tras la investigación por presunta defraudación.
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, explicó que esta medida busca ordenar la información recopilada, analizar documentación clave y garantizar una respuesta técnica y rápida a las personas afectadas.
En el centro se procesará la documentación incautada en oficinas de Credicash en Chalatenango, incluyendo contratos, registros financieros y al menos 18,000 mutuos, lo que permitirá identificar a los afectados.
Como parte de las acciones, las autoridades reportaron la incautación de $38,574,722.69, de los cuales $27,550,750.20 fueron decomisados en efectivo y $11,023,972.49 corresponden a fondos inmovilizados en cuentas bancarias.
Además, se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados a Gerson Adriel Orellana Ayala, principal acusado del caso, así como un inmueble perteneciente a la sociedad Transporte Imperio Yajaira, S.A. de C.V.
Según la investigación, el imputado ofrecía ganancias de aproximadamente 10 % mensual bajo un esquema piramidal, lo que generaba expectativas de altos rendimientos entre los inversionistas.
«El problema es que ese dinero no provenía de ninguna actividad económica real. No existía un negocio que generara esas ganancias y el dinero que se pagaba a algunas personas provenía del dinero entregado por nuevos participantes”, indicó el Fiscal General.
Las autoridades explicaron que el sistema funcionaba mediante el ingreso constante de nuevos aportes, lo que permitía pagar rendimientos a participantes anteriores, sin generar valor económico real.
«Este tipo de sistema solo funciona mientras ingresen más personas y cuando deja de entrar dinero nuevo, el sistema colapso», apuntó el fiscal.
El funcionario adelantó que en los próximos días se informará sobre los mecanismos de registro de víctimas y los canales oficiales, al tiempo que pidió a los afectados evitar compartir información en sitios no verificados.
Delgado reiteró que «el caso no quedará impune y se continuará trabajando para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y procurar la recuperación de los fondos conforme a la ley».
La organización Cristosal presentó el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la violencia sexual y reproductiva ocurrida durante la guerra civil de El Salvador entre 1980 y 1992.
La presentación del informe se realizó este martes durante una audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de víctimas de violencia sexual en el marco del 195 período de sesiones de la CIDH, que en esta ocasión se realizó en Guatemala.
Morales, miembro de Cristosal, explicó a periodistas que el informe «refleja la dimensión y atrocidades que se cometieron contra mujeres y niñas, en su gran mayoría como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad bajo responsabilidad de Estado».
Apuntó que también han «planteado, como el mismo informe refleja, la grave situación de impunidad que favorece a los responsables de estos crímenes».
El abogado denunció que el Estado de El Salvador «es infuncional, que no ha generado programas de reparación a los que está obligado, que no ha cumplido obligaciones de sentencias internacionales o nacionales y que no ha facilitado la información de estos crímenes».
«Acudimos a un organismo internacional a razón que en El Salvador el espacio cívico se ha cerrado, organizaciones de derechos humanos y las personas defensoras están siendo perseguidas, y las mujeres están siendo criminalizadas», dijo.
Señaló la Fiscalía General «no aplica un enfoque de género, revictimiza a las mujeres sobrevivientes que han acudido buscando que los crímenes que sufrieron sean investigados» y que «ha quedado en evidencia un Estado que, en teoría reconoce los derechos de las mujeres, pero en la práctica no puede evidenciar que está cumpliendo sus obligaciones en materia de justicia ni de reparación».
Expuso, por ejemplo, que un grupo de 10 mujeres presentaron ante la Fiscalía hace 9 años una denuncia «que ni siquiera ha sido investigada».
«En el marco que no hay condiciones internas para promover que el Estado cumpla sus obligaciones debemos acudir a los sistemas internacionales y colocamos el tema en el sistema interamericano para que sea objeto de seguimiento y pueda ser incluido en su informe anual (el de la CIDH) y en otros tipos de mecanismos», agregó.
La guerra civil salvadoreña, que enfrentó al Ejército con la guerrilla del FMLN, se saldó con unos 75,000 muertos, entre 8,000 y 10,000 desaparecidos y cientos de masacres de civiles -la mayoría mujeres, niños y ancianos- atribuidas a los militares.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este sábado los cuerpos de seis soldados estadounidensesfallecidos en Kuwait tras un ataque con dron ocurrido en el marco de la guerra contra Irán.
El mandatario participó en la ceremonia de traslado digno de los cuerpos en la Base Aérea de Dover, en Delaware, donde saludó frente a cada uno de los ataúdes cubiertos con la bandera estadounidense.
Los militares fallecidos son, hasta ahora, las únicas víctimas estadounidenses registradas en la primera semana del conflicto.
Antes de asistir al homenaje, Trump expresó en Miami que era “una situación muy triste” despedir a los soldados que regresan al país en esas condiciones.
“Es una situación muy triste saludar a las familias de los héroes que están volviendo a casa de Irán de una manera diferente a la que pensaban regresar”, afirmó.
El presidente también aseguró que intentará mantener al mínimo las muertes de tropas estadounidenses durante el conflicto.
Los seis soldados, integrantes de la Reserva con base en Des Moines, Iowa, murieron cuando un dron impactó un centro de operaciones militares en Port Shuaiba, Kuwait, un día después del inicio de la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.
La Casa Blanca indicó que Trump decidió asistir personalmente a la ceremonia, que no fue transmitida al público, para mostrar respeto y solidaridad con las familias de los fallecidos.
Durante su intervención en la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami, el mandatario también afirmó que el Ejército estadounidense ha destruido 42 buques iraníes, además de afectar su marina, fuerza aérea y sistemas de telecomunicaciones.
Según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en la primera semana de ofensiva se han atacado más de 3.000 objetivos en territorio iraní.
Por su parte, autoridades iraníes informaron que al menos 1.332 civiles han muerto en los ataques israelíes y estadounidenses, mientras que los ataques iraníes contra Israel han causado al menos diez fallecidos.
Cinco personas fallecieron a causa del incendio de gran magnitud registrado la madrugada de este viernes en el Centro Histórico de San Salvador, informó el director general del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, quien detalló que la cifra de víctimas aumentó de tres a cinco. La mayor cantidad de las familias que vivían en la zona incendiada habitaban dos mesones.
El siniestro se extendió por al menos dos cuadras y destruyó viviendas y diversos locales ubicados entre la 6ª avenida Sur y la 8ª calle Oriente, concentrándose la emergencia a dos cuadras abajo de Plaza Libertad, en dirección hacia el Mercado Belloso y el bulevar Venezuela.
Una mujer embarazada estaba entre las víctimas; inicialmente, fue llevada a un centro asistencial con lesiones graves. “Tuvimos cinco personas que perdieron su vida, una persona embarazada que fue trasladada hacia un centro asistencial, pues es muy lamentable encontrar en un incendio este tipo de situaciones”, informó el representante de Bomberos.
Vecinos del lugar aseguraron que un vehículo aparcado por el lugar explotó cuando fue alcanzado por las llamas.
El incendio fue controlado por bomberos en casi dos horas, exactamente 1 hora con 54 minutos, un tiempo récord según el Cuerpo de Bomberos.
El incendio fue calificado por Bomberos como nivel III estructural, que significa que se trata de un incendio de gran magnitud, con alta complejidad y con rápida propagación y que requiere la movilización de varias unidades de bomberos.
Solano relató que la llamada de alerta fue recibida a las 3:58 a.m., la primera unidad de bomberos salió un minuto después y llegó al lugar en un lapso de entre 4 y 6 minutos. Encontraron, dijo, un incendio de rápida propagación y fue controlado a las 5:59 a.m., lo cual no significaba que estuviera extinguido o liquidado.
¿Cuál fue el origen del incendio?
El origen del incendio está siendo investigado según el director de Bomberos, quien detalló que tienen «indicios» aunque no detalló de qué causa; aseguró que lo harán público cuando lo confirmen.
“Actualmente, estamos en ese proceso de investigación, tenemos ya información de personas que estaban en el lugar, tenemos algunos videos, estamos buscando el origen, la causa y la fuente. Actualmente tenemos datos importantes, tenemos algunos indicios, pero no hemos concretado”, expresó Solano.
Detalló que la investigación inicia desde que solicitan a la persona que reporta el incendio información sobre el color de la llama y del humo del incendio, así como si encuentran ventanas o puertas abiertas.
Baltazar Solano, director de Cuerpo de Bomberos, informó este viernes que aumenta el número de víctimas fallecidas de tres a cinco debido al incendio de gran magnitud en el Centro Histórico de San Salvador.
El director general de Protección Civil (Procivil), Luis Amaya, aseguró que se brindará apoyo a las personas afectadas por el incendio y que habilitarán un albergue temporal para su reubicación temporal.
“Estamos haciendo un recuento de todas las personas que van a necesitar asistencia humanitaria, la habilitación de un albergue, sabemos que, si bien es cierto, la mayor cantidad de las familias vivían en dos mesones, como comúnmente se le llama, también los propietarios tendrán que sumarse a la evaluación de los daños”, aseguró Amaya.
Prometió que el albergue temporal que será rehabilitado contará con todo lo necesario para que las personas afectadas puedan resguardarse «en condiciones dignas y seguras mientras se trabaja en una solución definitiva».
Luis Amaya, director de Protección Civil, aseguró que se brindará apoyo a los afectados por el incendio en el Centro Histórico de San Salvador, lo que incluye la habilitación de albergues para su reubicación.
Luis Amaya, director de Protección Civil en conferencia de prensa/Foto Alexander Montes.
Por su parte, la alcaldía de San Salvador Centro, inició con los trabajos para habilitar el refugio municipal para las personas afectadas por este incendio, detalló la Unidad de Prensa de la alcaldía en su cuenta de la red social X.
El incendio de grandes proporciones ocurrido este viernes en el Centro Histórico de San Salvador afectó al menos dos cuadras, consumiendo viviendas e infraestructuras ubicadas específicamente entre la 6.ª avenida Sur y la 8.ª calle Oriente.
Personal municipal habilita refugios para resguardar a las personas afectadas por el incendio en la 4ª avenida Sur y 8ª calle Oriente de la capital. pic.twitter.com/ne6LrMtMr4
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador pidió el viernes a la Asamblea Legislativa aprobar una ley de justicia transicional integral que garantice reparación a las víctimas del conflicto armado (1980-1992), a propósito del 34 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.
La institución subrayó que esta normativa debe tener como prioridad a las víctimas y no debe incluir “amnistías de facto ni encubiertas, ni obstáculos procesales que perpetúen la impunidad”, según expresó en un comunicado publicado en redes sociales.
Además, la PDDH insistió en que la futura ley debe crear las condiciones necesarias para la investigación de crímenes de guerra, sancionar a los responsables, garantizar reparación integral y promover medidas para evitar que estos hechos se repitan.
En octubre de 2024, sobrevivientes del conflicto y organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de justicia transicional, con el fin de establecer un marco legal que reconozca los derechos de las víctimas y genere mecanismos efectivos de reparación.
La iniciativa representó el tercer intento por legislar en esta materia. La primera propuesta fue archivada en 2021 por la Asamblea dominada por el partido Nuevas Ideas, afín al presidente Nayib Bukele. Una segunda iniciativa tampoco fue discutida durante el período legislativo siguiente.
Hasta el momento, se desconoce si la Asamblea Legislativa estudia el anteproyecto presentado el año pasado. La falta de información ha generado preocupación entre víctimas y organizaciones sociales que denuncian la ausencia de voluntad política para avanzar en el tema.
Durante el conflicto armado salvadoreño se registraron al menos 75,000 muertes, 8,000 desapariciones y cientos de masacres, incluyendo las de El Mozote y la de cuatro periodistas holandeses.
La PDDH destacó que avances judiciales como la condena por el asesinato de los periodistas y el proceso contra ex altos mandos por la masacre de El Mozote “demuestran que cuando existe voluntad judicial, debida diligencia reforzada y respeto, la impunidad puede ser enfrentada”. Añadió que “estos procesos confirman que la justicia es posible, aún después de décadas”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) negó este domingo que el presidente Donald Trump tenga relación alguna con la eliminación de imágenes vinculadas al caso del fallecido magnate Jeffrey Epstein, entre ellas varias fotografías en las que aparece el mandatario. Las imágenes fueron retiradas tras preocupaciones de organizaciones de víctimas y no por presión política, aseguró la institución.
“Tras publicar las fotografías, nos enteramos de que existían preocupaciones sobre (la identidad de) esas mujeres y el hecho de que habíamos publicado las fotos, por lo que las retiramos. No tiene nada que ver con el presidente Trump. Ya se han publicado docenas de fotos del presidente Trump con el señor Epstein”, aclaró el fiscal general adjunto Todd Blanche, en declaraciones a la cadena NBC.
El funcionario calificó como “absurda” la idea de que se haya removido contenido para proteger al presidente. Las declaraciones surgieron tras la difusión de miles de páginas desclasificadas sobre el caso Epstein, donde inicialmente se incluyeron fotografías de personalidades junto al magnate, incluido Trump.
Entre las imágenes retiradas figuraba una fotografía de un escritorio con retratos enmarcados y, en un cajón abierto, varias fotos del presidente junto a mujeres en traje de baño, según reportó NBC. Otras imágenes eliminadas contenían obras de arte de carácter sexual explícito, buzones repletos de correspondencia y una hoja con nombres y números telefónicos.
El vínculo entre Trump y Epstein ha sido ampliamente debatido, sobre todo por sectores opositores, aunque el presidente ha reiterado que cortó su relación con el magnate en 2004, mucho antes de que este enfrentara acusaciones por abuso y explotación sexual de menores.
Blanche defendió que las eliminaciones se realizaron en cumplimiento con solicitudes de organizaciones de víctimas y aseguró que los archivos se volverán a publicar tras realizar las ediciones necesarias. “Si necesitamos censurar rostros u otra información, lo haremos, y luego la volveremos a publicar. De esta manera, estamos cumpliendo con la ley, que, por cierto, es lo que el presidente Trump nos ha estado pidiendo que hagamos desde antes de ser elegido. No hay nada que él tenga que ocultar en los archivos de Epstein”, afirmó.
También justificó el retraso en la publicación completa de los documentos, alegando que se busca proteger a las víctimas antes de divulgar información sensible. Pese a ello, varios legisladores demócratas criticaron el manejo del caso.
El senador Dick Durbin, líder del Comité Judicial del Senado, advirtió que su partido investigará lo que considera una “violación de la ley” en el proceso de desclasificación y prometió que “el pueblo estadounidense lo sabrá”.
Los documentos fueron liberados en cumplimiento con una ley de transparencia ratificada por el propio presidente Trump y forman parte de la investigación en curso sobre la red de abusos sexuales que operaba bajo la dirección de Jeffrey Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019.
Las minas antipersonales causaron más de 6,200 víctimas entre muertos y heridos durante 2024, lo que representa el número más alto registrado desde 2019, según un informe publicado este lunes por la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL, por sus siglas en inglés).
Del total de víctimas, al menos 1,945 personas murieron y 4,325 resultaron heridas. El 90 % de los afectados eran civiles y el 46 % eran niños, detalla el informe, que documenta explosiones en 52 países. De esos, 36 forman parte del Tratado de Ottawa, que prohíbe el uso, almacenamiento y producción de minas antipersona.
Birmania fue el país más afectado por segundo año consecutivo, con más de 2,000 víctimas. Le siguen Siria con aproximadamente 1,000, Afganistán con 624 y Ucrania con 293.
Actualmente, 166 países forman parte del Tratado de Ottawa, incluidos dos que se sumaron este año. Sin embargo, preocupa el giro de cinco países europeos —Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia— que se encuentran en proceso de salida del tratado, mientras Ucrania intenta suspender su aplicación alegando su participación en un conflicto armado internacional.
La financiación para actividades de desminado también se ha reducido. El informe advierte que la ayuda internacional cayó un 5 % respecto a 2023, afectando directamente los servicios para las víctimas. Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea se mantuvieron como los principales donantes, aportando el 62 % del total internacional. Solo un 2 % de esos fondos fue destinado a ONG nacionales.
Human Rights Watch advirtió que “la prohibición mundial de las minas terrestres antipersonal salva vidas civiles, pero enfrenta serias amenazas por parte de los países que abandonan el tratado y el nuevo uso de minas terrestres”.
Mark Hiznay, director asociado de crisis, conflictos y armas de HRW, hizo un llamado urgente a la acción. “Los gobiernos deben condenar con firmeza la retirada de los Estados del Tratado de Prohibición de Minas”, señaló. Además, subrayó la importancia de limpiar los territorios contaminados para permitir que las comunidades afectadas recuperen sus tierras y medios de vida.
Un nuevo escándalo sacude la política estadounidense. Este miércoles, el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes publicó correos electrónicos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, en los que menciona directamente al expresidente Donald Trump y su supuesta cercanía con una de las víctimas de su red de tráfico sexual de menores.
Los mensajes, enviados entre 2011 y 2019, fueron intercambiados entre Epstein, su expareja y cómplice Ghislaine Maxwell —condenada en 2021 a 20 años de prisión— y el columnista Michael Wolff. En ellos, Epstein afirma que Trump sabía sobre las menores y que incluso pasó “horas” con una de ellas en su casa.
Uno de los correos, fechado en abril de 2011, indica: “Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (La víctima) pasó horas en mi casa con él, no lo ha mencionado ni una sola vez (…)”. Maxwell respondió: “He estado pensando en eso…”, lo que generó nuevas preguntas sobre el conocimiento previo del expresidente sobre los abusos.
En otra correspondencia, enviada en diciembre de 2015, Wolff advierte a Epstein que CNN planeaba preguntarle a Trump sobre su relación con él. Epstein sugiere que podrían preparar una respuesta. “Si dice que no estuvo ni en el avión ni en la casa, eso te da ventaja”, dijo Wolff, planteando la posibilidad de usar el silencio de Trump como herramienta política.
A inicios de 2019, Epstein escribió otro mensaje donde asegura que Trump sí estaba al tanto del tráfico de menores. “Por supuesto que él sabía lo de las chicas porque pidió a Ghislaine que parara”, señaló en su correo.
Tras la divulgación de estos documentos, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió con dureza. Afirmó que “los demócratas han filtrado selectivamente los correos a medios liberales para crear una narrativa falsa que difama al presidente”.
Leavitt también defendió al mandatario citando a Virginia Giuffre, una de las principales víctimas del caso Epstein, quien aseguró en múltiples ocasiones que Trump “nunca se comportó inapropiadamente” con ella y que “fue muy amable” en sus escasas interacciones.
Según la portavoz, el expresidente incluso expulsó a Epstein de su club social hace décadas por acosar a mujeres, incluida Giuffre. “Lo cierto es que Trump tomó distancia del delincuente”, afirmó.
Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual de menores y murió un mes después en una prisión de Nueva York en circunstancias que siguen siendo objeto de debate. Durante años, mantuvo estrechos vínculos con figuras de poder como el príncipe Andrés del Reino Unido, Bill Clinton y Donald Trump.
La publicación de estos correos reaviva la controversia sobre la red de explotación sexual de Epstein y los nombres poderosos que podrían haber estado implicados o, al menos, haber tenido conocimiento de sus crímenes.
Juan Carlos Portillo fue condenado a 260 años de prisión tras ser encontrado culpable de asesinar a cinco personas en los distritos de Apopa, Guazapa y Aguilares.
La Fiscalía General de la República señaló que el hombre fue declarado culpable de agrupaciones ilícitas y que fue condenado en ausencia, a través de las reformas al Código Procesal Penal.
La FGR dijo que Portillo es un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) y que participó directamente en todos los homicidios.
Según las investigaciones fiscales, el hombre también era el encargado de “autorizar” a miembros de la mara a asesinar a otras víctimas.
“Todos los crímenes ocurrieron entre el 2015 y 2017. El imputado y otros pandilleros operaban en los distritos de Apopa, Guazapa y Aguilares”, puntualizó la FGR.
La Fiscalía dijo que otros 23 pandilleros de la misma estructura ya están en prisión y cumplen condenas similares.
Desaparición
Otros dos miembros de la MS-13 fueron condenados tras ser encontrados culpables del delito de desaparición de personas.
La FGR dijo que Marlon Alexis Martínez Urrutia y José Ovidio Morales Mejicanos recibieron 20 años de prisión porque, en abril de 2022, llegaron a la casa de la víctima, la obligaron a salir y la condujeron a un terreno baldío.
En ese lugar, ambos sujetos, miembros de la clica Los Pinos Locos Salvatruchos, desaparecieron a la víctima.
José Ovidio Morales Mejicanos (derecha) y Marlon Alexis Martínez Urrutia (izquierda) también fueron condenados, pero por el delito de desaparición de personas. /FGR
