El Gobierno de España aprobó este martes 10 de noviembre un paquete de medidas urgentes para fortalecer la seguridad ferroviaria, luego del accidente ocurrido el pasado 28 de octubre en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, que dejó 69 personas fallecidas.
La nueva normativa, aprobada mediante un Real Decreto ley, establece procedimientos para responder ante posibles riesgos en las operaciones ferroviarias, amplía las garantías para los trabajadores y modifica las disposiciones relacionadas con los tiempos de conducción de los maquinistas.
La decisión del Ejecutivo español coincidió con una jornada de huelga convocada por el sindicato de maquinistas, que comenzó este martes y provocó importantes afectaciones en el transporte ferroviario, principalmente en los servicios de cercanías de Madrid y Barcelona.
Entre las disposiciones aprobadas se encuentra la posibilidad de que los trabajadores responsables de la seguridad operacional denuncien situaciones de riesgo mediante canales internos o sistemas públicos de notificación, con garantías de confidencialidad para quienes presenten las alertas.
La normativa también reconoce el derecho del personal ferroviario a tomar medidas «necesarias y proporcionadas» cuando identifique un peligro grave e inminente para la seguridad. Estas acciones podrán incluir la suspensión de la marcha de un tren o la decisión de impedir su salida, siempre que se informe a las autoridades o responsables correspondientes.
Asimismo, el decreto establece mecanismos de protección contra represalias laborales o sanciones para los empleados que comuniquen riesgos o intervengan para evitar accidentes. También obliga a las personas y empresas sometidas a procesos de supervisión a permitir el acceso de los inspectores a sus instalaciones y equipos.
Otra de las modificaciones contempla una mayor precisión sobre los períodos que deben contabilizarse como tiempo de conducción de los maquinistas. Además, el Gobierno iniciará una revisión de los coeficientes reductores de jubilación para evaluar la incorporación de otras categorías de trabajadores ferroviarios expuestos a condiciones laborales peligrosas, tóxicas, insalubres o especialmente exigentes.
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó la creación de la figura del defensor de víctimas de accidentes de transporte colectivo, un cargo permanente que tendrá la responsabilidad de coordinar la atención de las personas afectadas por este tipo de tragedias.