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  • Tribunal Supremo español condena a ex ministro de Sánchez a 24 años de prisión por corrupción

    Tribunal Supremo español condena a ex ministro de Sánchez a 24 años de prisión por corrupción

    El Tribunal Supremo de España condenó este lunes al exministro de Transportes de Pedro Sánchez,José Luis Ábalos a 24 años de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, uno de los casos de corrupción más relevantes surgidos tras la emergencia sanitaria.

    La sentencia, adoptada por unanimidad por los magistrados de la Sala de lo Penal, también impuso una condena de 19 años de cárcel al exasesor ministerial Koldo García y de cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama, quien admitió parte de los hechos durante el proceso judicial.

    El fallo fue emitido tras un juicio que se desarrolló entre abril y mayo y que se extendió durante 14 jornadas, en las cuales se analizaron las contrataciones realizadas para la adquisición de material sanitario en los momentos más críticos de la pandemia.

    La Fiscalía Anticorrupción había solicitado una pena de 24 años de prisión para Ábalos y de 19 años y medio para Koldo García, mientras que para Aldama pidió siete años de cárcel. Por su parte, las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular reclamaban condenas de 30 años para Ábalos y García, así como cinco años para el empresario.

    Durante el juicio, tanto el exministro como su antiguo asesor defendieron su inocencia y solicitaron su absolución. Ambos negaron haber cometido irregularidades en los contratos investigados y rechazaron las acusaciones formuladas por la Fiscalía.

    En contraste, Víctor de Aldama reconoció haber participado en varios de los delitos investigados, entre ellos cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada, una circunstancia que fue tomada en consideración por el tribunal al momento de dictar sentencia.

    El denominado “caso mascarillas” se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos surgidos tras la pandemia, al poner bajo investigación la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario en medio de la emergencia provocada por el covid-19.

    La resolución del Supremo supone un duro golpe para el exministro socialista y su entorno político, al tiempo que cierra una de las principales causas judiciales relacionadas con la gestión de recursos públicos durante la crisis sanitaria.

  • Acusado en causa por corrupción en España dice que Pedro Sánchez era el jefe de «banda criminal»

    Acusado en causa por corrupción en España dice que Pedro Sánchez era el jefe de «banda criminal»

    El empresario Víctor de Aldama aseguró este miércoles ante el Tribunal Supremo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estaría en el nivel más alto de una presunta “organización criminal” vinculada a contratos públicos durante la pandemia.

    Durante su declaración, en el marco del llamado caso de corrupción relacionado con el Ministerio de Transportes, Aldama aseguró que Sánchez se encontraba en el “escalafón 1” de la estructura, seguido por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

    “El señor presidente Pedro Sánchez está en el escalafón 1; el señor Ábalos en el escalafón 2 porque es el que daba y otorgaba”, declaró el empresario, quien también reconoció haber formado parte de dicha red.

    Aldama, considerado una pieza clave en la investigación por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante el covid-19, sostuvo que entregó entre 3.5 y 4 millones de euros a Ábalos.

    Además, afirmó que el mandatario conocía estas supuestas “mordidas”. “Todo lo sabía el presidente”, reiteró en su comparecencia judicial.

    El empresario, que colabora con la Fiscalía tras haber estado en prisión provisional por otro caso de fraude, también indicó que realizaba pagos periódicos en efectivo y entregas de dinero que llegaban hasta 250,000 euros en dependencias oficiales.

    Mientras se desarrollaba la audiencia, el Gobierno español reaccionó mostrando “total tranquilidad” y cuestionó la credibilidad del testigo, señalando que se trata de “un gran mentiroso”.

    Desde el Ejecutivo recordaron que los acusados pueden mentir como parte de su derecho a la defensa y reiteraron que Sánchez ha negado cualquier vínculo con Aldama o participación en los hechos investigados.

    Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció que solicitará amparo al Tribunal Supremo ante lo que considera “injurias” y acusaciones sin pruebas, insistiendo en que no existe financiación ilegal dentro de la formación.

    En su declaración, Aldama también mencionó supuestas gestiones políticas relacionadas con Venezuela entre 2019 y 2022, incluyendo contactos con dirigentes opositores y del gobierno de Nicolás Maduro, lo que amplía el alcance de las acusaciones.

    El caso continúa en desarrollo y forma parte de un proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia, en el que las declaraciones de los implicados podrían ser determinantes para el rumbo del juicio.

     

  • La Fiscalía española pide 24 años de cárcel para un exministro socialista por corrupción

    La Fiscalía española pide 24 años de cárcel para un exministro socialista por corrupción

    La Fiscalía Anticorrupción española pide una condena de 24 años de cárcel para el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos (2018-2021), sospechoso de varios delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales en la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas en plena pandemia de covid.

    En unas conclusiones provisionales presentadas este miércoles en el Tribunal Supremo, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, reclama 19 años y medio de prisión para Koldo García, un antiguo asistente del exministro Ábalos, y 7 años para el considerado comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama.

    Aparte de esta investigación, los tres están imputados por supuestas mordidas en adjudicaciones de obra pública, al igual que el exsecretario de Organización del Partido Socialista Santos Cerdán, que cumplía prisión preventiva hasta hoy, cuando el juez del caso ha decidido que salga en libertad provisional.

    La Fiscalía Anticorrupción acusa a Ábalos y a Koldo García de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos delitos de tráfico de influencias y malversación por la supuesta trama de comisiones por la adquisición de mascarillas.

    Y Aldama es sospechoso de organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada. Este empresario, que fue encarcelado provisionalmente por otra causa, salió en libertad provisional tras prometer colaborar con la Fiscalía en el caso de las mascarillas.

    Además de las penas de prisión, se piden multas de más de 3,9 millones de euros para Ábalos y Koldo García y de más de 3,8 millones para Aldama.

    La Fiscalía sitúa a Koldo García como «testaferro» de Ábalos, y señala que desempeñaba para él «un buen número de tareas», tanto lícitas como ilícitas, y manejaba «las fuentes ilegales de dinero en efectivo» de su jefe.

    El fiscal comparte con el juez la tesis del «preciso reparto de funciones» de los tres investigados en la presunta organización de comisiones ilegales en la compra de mascarillas por administraciones públicas, tras ver «la oportunidad de obtener un común beneficio económico», aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el Partido Socialista como secretario de Organización, que también ejercía en aquellos momentos.

    Ábalos podría así favorecer, a cambio de un beneficio económico para los tres, la contratación pública «en cuantas ocasiones hubiera oportunidad» de empresas captadas y promovidas por Aldama.

    Al presentar estas conclusiones, la Fiscalía ha pedido también que se revisen las medidas cautelares para Ábalos y Koldo García, que siguen en libertas provisional. Actualmente deben comparecer quincenalmente ante el juzgado, tienen prohibido salir de España y se les ha retirado el pasaporte.