Etiqueta: violaciones de derechos humanos

  • Más de 30 lanchas hundidas y unos cien muertos dejan ataques de EEUU en Caribe y Pacífico

    Más de 30 lanchas hundidas y unos cien muertos dejan ataques de EEUU en Caribe y Pacífico

    Estados Unidos asegura haber hundido más de treinta embarcaciones y causado al menos un centenar de muertes, además de dejar una persona desaparecida, en aguas del Caribe y del Pacífico, como resultado de una serie de ataques que forman parte de su ofensiva contra el narcotráfico.

    El Gobierno del presidente Donald Trump, que considera a los carteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas y frente a los cuales ha declarado un “conflicto armado directo”, justifica las operaciones militares letales de tropas estadounidenses en aguas internacionales.

    En agosto ordenó el despliegue de buques militares en el Caribe, con Venezuela como principal foco, y luego extendió la ofensiva al océano Pacífico, involucrando a Colombia y rutas marítimas cercanas a sus costas.

    Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia —ambos acusados por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico— han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

    La ONU, por su parte, ha advertido que se trataría de violaciones del derecho internacional y ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a estas acciones.

    La escalada coincide con un mayor control en el Congreso de Estados Unidos sobre la legalidad de estas operaciones, especialmente tras el ataque del pasado 2 de septiembre, cuando un bombardeo remató a dos sobrevivientes, un hecho que expertos han señalado como un posible crimen.

    Cronología de los ataques:

    2 de septiembre: Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación en el Caribe y asegura que a bordo viajaban once integrantes del Tren de Aragua que habrían salido de Venezuela con droga rumbo a EE.UU.

    El Gobierno estadounidense difundió un video del ataque, pero no presentó pruebas del vínculo con el narcotráfico.

    15 de septiembre: Un segundo ataque mata a tres venezolanos, según Trump, que afirmó que transportaban estupefacientes.

    19 de septiembre: Trump informa de un tercer ataque contra una lancha, sin precisar el origen del trayecto. República Dominicana incautó posteriormente parte de la droga que supuestamente transportaba. Mueren tres personas.

    3 de octubre: El secretario de Guerra deEE.UU., Pete Hegseth, anuncia el cuarto ataque en el Caribe, con cuatro tripulantes muertos.

    14 de octubre: EE.UU. informa de un quinto ataque cerca de las costas venezolanas, con seis víctimas mortales.

    16 de octubre: Estados Unidos ataca un submarino artesanal. Dos de sus cuatro tripulantes mueren y dos sobreviven a la explosión. Los supervivientes, de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, son trasladados a sus países sin proceso judicial, pese a ser señalados como narcotraficantes.

    19 de octubre: EE.UU. informa que dos días antes hundió una séptima lancha, que vinculó con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN). Mueren tres personas.

    21 de octubre: Octavo ataque y el primero en aguas del Pacífico, cerca de Colombia. Dos personas mueren.

    22 de octubre: Hegseth informa de un noveno ataque en el Pacífico, con tres muertos.

    24 de octubre: Décimo ataque contra una lancha que, según Washington, era operada por el Tren de Aragua. Seis personas mueren en aguas internacionales del Caribe.

    28 de octubre: El ataque más mortífero hasta entonces: catorce personas mueren tras el bombardeo de cuatro lanchas en el Pacífico. Un sobreviviente no fue localizado pese a una operación humanitaria de la Marina mexicana.

    29 de octubre: Un nuevo ataque en el Pacífico mata a cuatro personas.

    1 de noviembre: Hegseth anuncia otro «ataque letal» en el Caribe, con tres tripulantes muertos.

    4 de noviembre: Estados Unidos hunde una lancha en el Pacífico Oriental y mata a dos personas.

    6 de noviembre: Washington informa de un ataque contra una lancha en el Caribe, con tres muertos.

    9 de noviembre: EE.UU. asegura que el día anterior hundió dos lanchas en el Pacífico en dos operaciones que dejaron seis muertos.

    14 de noviembre: El secretario de Guerra presenta la operación militar ‘Southern Spear’ (Lanza del sur), que está relacionada con la lucha de EE.UU. contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

    15 de noviembre: Estados Unidos destruye otra embarcación en el océano Pacífico, ataque en el que murieron tres hombres.

    4 de diciembre: Las Fuerzas Armadas estadounidenses publican un vídeo de un nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico Oriental, dejando cuatro muertos.

    17 de diciembre: EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental y asesina a cuatro personas.

    19 de diciembre: Estados Unidos anuncia otros dos ataques «cinéticos letales» contra lanchas en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en los que mueren cinco personas —tres en una embarcación y dos en otra—.

  • Socorro Jurídico critica informe de EE.UU. sobre derechos humanos en El Salvador

    Socorro Jurídico critica informe de EE.UU. sobre derechos humanos en El Salvador

    La abogada Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, cuestionó que el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU. correspondiente a 2024 “omite una enorme cantidad de denuncias” sobre abusos cometidos en El Salvador.

    El documento, publicado con varios meses de retraso por la Administración de Donald Trump, eliminó críticas dirigidas a El Salvador, Israel y Rusia, mientras aumentó los señalamientos contra Brasil y Sudáfrica.

    En el caso salvadoreño, el reporte sostiene que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de derechos humanos”, en contraste con el informe de 2023, que sí documentó casos de tortura y malas condiciones en las cárceles.

    Para Escobar, este cambio “matiza” la situación penitenciaria en el país y pasa por alto la existencia de más de 1.000 muertes en centros penales, de las cuales el SJH ha confirmado 433, muchas ocurridas antes de que los reclusos tuvieran derecho a una segunda audiencia. “No se le da la importancia debida a las muertes extrajudiciales en las cárceles”, advirtió.

    La directora del SJH también denunció que EE.UU. envió a más de 200 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusados de integrar el Tren de Aragua, y señaló que este penal funciona “como un campo de concentración” donde se han documentado torturas y tratos crueles.

    Escobar sostuvo que Washington evita reflejar la magnitud de las violaciones de derechos humanos en El Salvador debido a su alianza coyuntural con el gobierno salvadoreño en materia de control migratorio. “Poner la verdad en el informe sería aceptar una culpa”, concluyó.

     

  • EEUU no ve "informes creíbles" de violaciones significativas de derechos humanos en El Salvador

    EEUU no ve «informes creíbles» de violaciones significativas de derechos humanos en El Salvador

    Estados Unidos sostuvo el martes en su informe anual sobre derechos humanos que en El Salvador «no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos» , asegura que la violencia de pandillas se mantuvo en un mínimo histórico durante el estado de excepción y que el Gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos.

    «No se registraron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en El Salvador durante el año. Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico durante el estado de excepción, ya que las detenciones masivas reprimieron la actividad de las pandillas. No hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos. El Gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos», dice el informe del Departamento de Estado.

    Según el informe, el régimen de excepción, declarado en marzo de 2022 y renovado mensualmente, ha mantenido los niveles de violencia de pandillas en mínimos históricos, con una drástica reducción de homicidios y extorsiones.

    Aunque el Informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU. 2024 destaca la reducción de la violencia de pandillas como un logro significativo, también subraya que persisten desafíos en derechos fundamentales como las garantías judiciales, la libertad de prensa y las condiciones laborales.

    Sin embargo, el documento advierte que esta política ha implicado miles de detenciones masivas, incluyendo casos de arrestos arbitrarios y muertes en prisión.

    «Algunos sospechosos murieron en prisión antes de ser condenados o cumplir sus condenas. El 8 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública declaró que se habían producido 115 muertes en prisión desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022. Al 16 de agosto, la Procuraduría para los Derechos Humanos informó que estaba investigando ocho muertes en prisión», destaca el reporte.

    Denuncias contra la PNC y Fuerza Armada

    El informe detalla denuncias de tortura, tratos crueles e inhumanos atribuidas a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.

    Hasta agosto, la PNC registró dos denuncias de tortura, 47 denuncias de «integridad corporal violada», 53 denuncias de malos tratos, 34 denuncias de abuso físico y tres denuncias de agresión y discriminación cometidas por agentes de policía.

    El informe menciona que la PNC remitió 171 denuncias a la Fiscalía General de la República, disciplinó a 14 agentes de policía y destituyó a 12 agentes de policía. Diez víctimas registraron denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, alegando tortura o castigos crueles e inhumanos a manos de agentes de la PNC, y una víctima registró una denuncia del mismo trato cometido por miembros de las fuerzas armadas.

    Hasta agosto, el Consejo Nacional para la Primera Infancia, la Niñez y la Adolescencia recibió una denuncia de abuso cometido por policías o guardias penitenciarios en sus centros de detención juvenil e informó que el caso estaba bajo investigación.

    El informe dice que al 16 de agosto, la PNC registró 23 denuncias de abuso sexual, 19 denuncias de violencia contra la mujer y cuatro denuncias de abuso infantil presuntamente cometidos por la policía.

    Según el Departamento de Estado, en junio, el gobierno salvadoreño informó que la Inspectoría General de Seguridad Pública investigaba 66 casos de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad pública durante el estado de excepción, incluyendo tres violaciones del derecho a la vida, 11 violaciones de la libertad personal y nueve violaciones de la seguridad personal. El mismo informe indicó que la Fiscalía General de la República inició 19 investigaciones por presuntos abusos de fuerza durante el estado de excepción.

    Ataques a periodistas y denuncias laborales

    Si bien la Constitución salvadoreña garantiza la libertad de expresión y de prensa, el informe advierte que persisten tensiones entre el gobierno y medios de comunicación críticos.

    La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó en 2024 cinco casos de intimidación en línea y tres amenazas legales contra periodistas presuntamente realizadas por funcionarios públicos.

    En materia laboral, el documento subraya demoras en la acreditación de sindicatos por parte del Ministerio de Trabajo, lo que impide su participación en negociaciones colectivas.

    El derecho a huelga sigue restringido en el sector público y en servicios considerados esenciales, mientras que en sectores como el agrícola y textil se mantienen violaciones a las leyes salariales y de seguridad laboral. También documenta acoso sexual y malos tratos contra trabajadoras domésticas.

    El gobierno aplicó menos sanciones por violaciones de los derechos de negociación colectiva que en otras áreas, como las violaciones de los derechos civiles. Los procedimientos judiciales sufrieron demoras y apelaciones.

    El informe recuerda que hasta junio, el país enfrentaba seis quejas activas ante la Organización Internacional del Trabajo por presuntas violaciones a la libertad sindical.

    Protección a grupos vulnerables y refugiados

    El Departamento de Estado reconoce avances como la aplicación de la ley contra el matrimonio infantil y la naturalización de siete refugiados, primera vez que ocurre en el país.

    No se reportaron incidentes de antisemitismo, pero el organismo advirtió sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de protección a solicitantes de asilo y personas con estatus de refugio.