Al menos 26 feminicidios se registraron en El Salvador durante el año 2025, una reducción del 33.3 % en comparación con los 38 casos reportados en 2024, de acuerdo con datos divulgados este miércoles por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).
La organización no gubernamental detalló que 13 de los crímenes fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el resto fueron cometidos por otros agresores. El análisis fue elaborado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa, con base en el monitoreo de noticias publicadas en medios de comunicación locales.
El reporte indica que el 34.6 % de los feminicidios se cometieron con arma blanca, el 30.7 % con arma de fuego, y el resto con otros tipos de objetos o métodos. Los meses con mayor incidencia fueron marzo y septiembre, con cuatro asesinatos cada uno.
Los departamentos de La Libertad, San Salvador y Usulután concentraron el 54 % del total de los feminicidios registrados, según la información compartida por Ormusa.
La organización enfatizó que las víctimas fueron principalmente mujeres jóvenes y adultas, aunque los rangos de edad van desde los 10 hasta los 80 años, lo que evidencia, según el informe, que “la violencia feminicida afecta de manera significativa a las mujeres en todo su curso de vida”.
Ormusa también alertó sobre los altos niveles de violencia intrafamiliar en el país, al señalar que la mitad de los feminicidios ocurrió dentro de relaciones de confianza, como noviazgos o matrimonios. “Esta tendencia reafirma que la violencia en el ámbito de las relaciones de confianza continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para las mujeres”, subrayó la organización.
El informe destaca la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y detección temprana, para que las autoridades puedan actuar oportunamente y prevenir crímenes letales.
Pese a que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres reconoce el delito de feminicidio y establece penas de 30 a 50 años de cárcel, las instituciones del Estado no publican estadísticas oficiales sobre estos casos, ni los tipifican conforme a la legislación vigente.
Ormusa también denunció que los datos sobre violencia contra las mujeres se mantienen bajo reserva o son negados por las autoridades, lo que limita la visibilización del fenómeno y la capacidad de respuesta institucional.
