Etiqueta: violencia política

  • Un 64 % de los latinos en EE.UU. desaprueban gestión del presidente Donald Trump

    Un 64 % de los latinos en EE.UU. desaprueban gestión del presidente Donald Trump

    El 64 % de los votantes latinos en Estados Unidos desaprueba la gestión del presidente Donald Trump, según una encuesta de la organización UnidosUS divulgada este lunes. El estudio destaca además que el 41 % de estos ciudadanos teme ser arrestado por autoridades migratorias, aunque cuenten con ciudadanía o residencia legal.

    La encuesta titulada Bipartisan Poll of Hispanic Voters: The Road to 2026 fue elaborada por la firma BSP Research entre el 8 y el 22 de octubre, y se basó en una muestra nacional de 3,000 latinos. El margen de error es del 1.8 %.

    A pesar de la desaprobación mayoritaria, solo un 13 % de quienes votaron por Trump en 2024 asegura que no lo haría nuevamente. Un 9 % de ese mismo grupo se mostró indeciso respecto a su respaldo futuro, revelando una compleja relación con el liderazgo del actual mandatario.

    En cuanto a las principales preocupaciones de los votantes latinos, el 53 % mencionó el alto costo de vida y la inflación como su mayor problema. Le siguieron el empleo y la economía (36 %), vivienda (32 %), salud pública (30 %) e inmigración (20 %).

    Un 39 % de los encuestados dijo que su situación económica actual es peor que la de hace un año, mientras que solo un 14 % afirmó estar mejor. Además, la mitad de los consultados cree que las políticas económicas del presidente Trump empeorarán su situación.

    El 65 % opina que tanto el presidente como el Partido Republicano no están enfocándose en resolver los problemas económicos que enfrenta la población. Esta percepción se intensificó tras el cierre del Gobierno, ocurrido el 1 de octubre, debido a diferencias entre demócratas y republicanos sobre temas presupuestarios como subsidios médicos.

    La encuesta también muestra que el 61 % culpa a los republicanos por ese cierre gubernamental, mientras que el 22 % señala a los demócratas. De cara a las elecciones de medio término de 2026, el 52 % planea votar por un candidato demócrata, frente al 28 % que se inclina por un republicano.

    En el ámbito migratorio, el 72 % expresó su rechazo a un fallo de la Corte Suprema que permite a ICE realizar arrestos basándose en el idioma, el trabajo o la apariencia de una persona. El 33 % reportó pérdida de trabajadores por temor a redadas y el 29 % afirmó que niños han dejado de asistir a clases por ese mismo temor.

    En California, el estado con mayor población latina, el 74 % rechazó esos criterios de arresto y el 82 % dijo estar profundamente preocupado por la falta de control del Congreso frente al poder del Ejecutivo. Además, el 60 % expresó sentirse menos seguro respecto a sus libertades y derechos civiles bajo la actual administración.

     

  • Elecciones en Honduras bajo riesgo por violencia política, fallas técnicas y falta de conectividad

    Elecciones en Honduras bajo riesgo por violencia política, fallas técnicas y falta de conectividad

    A tan solo semanas de los comicios generales en Honduras, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) advierte sobre graves amenazas a la transparencia electoral, incluyendo la falta de conectividad en centros de votación, problemas en la transmisión de resultados, aumento de la violencia política y el incumplimiento presupuestario de órganos clave como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Política Limpia.

    Durante la presentación de su tercer informe de monitoreo electoral, el director del Cespad, Gustavo Irías, destacó algunos avances técnicos en el proceso, pero advirtió que persisten obstáculos técnicos, políticos y de seguridad que podrían derivar en una nueva crisis poselectoral.

    Uno de los riesgos más preocupantes, según el informe, es la brecha de conectividad digital y eléctrica en centros de votación. El 30 % de los más de 5.000 centros no cuenta con conexión a internet, y más de 600 carecen de suministro eléctrico, lo cual podría comprometer el funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

    “Esto refleja la profunda desigualdad entre zonas urbanas y rurales”, subrayó Irías, quien alertó que el proceso para contratar servicios satelitales fracasó y ahora se realiza con “tiempos muy ajustados”.

    Riesgo de crisis postelectoral por fallas en la transmisión de resultados

    El Cespad señaló como “tema sensible” la falta de planificación técnica en la transmisión y auditoría de resultados. Aunque se anunció que el 100 % de las actas será auditado, esta medida requiere una logística rigurosa.

    “Una auditoría mal ejecutada podría retrasar la publicación oficial de resultados y desatar una crisis similar a la de las primarias de marzo”, advirtió Irías.

    También se reportan presiones políticas, como las del partido Libre, que exige tener representantes dentro del centro de operaciones del sistema de transmisión.

    El informe también critica el incumplimiento presupuestario hacia el TJE y la Unidad de Política Limpia, entidades clave para garantizar la supervisión del financiamiento electoral y la sanción de irregularidades.

    “Esta omisión refleja la baja calidad de la democracia hondureña”, afirmó el director del Cespad, quien lamentó la limitada capacidad de estas instituciones debido a la “falta de voluntad política”.

    Violencia política sigue siendo una amenaza a la democracia

    La violencia política y electoral persiste como uno de los principales factores de distorsión democrática. El informe documenta asesinatos, amenazas y agresiones contra candidatos, periodistas y autoridades electorales.

    Entre los casos destacados está el asesinato del aspirante a diputado Jorge Óscar Bustillo, amenazas a la presidenta del CNE Ana Paola Hall, y más de 50 denuncias de violencia política contra mujeres candidatas sin un marco jurídico que castigue a los agresores.

    Finalmente, Cespad señaló la ausencia del Consejo Consultivo Electoral, instancia legal clave para canalizar denuncias, facilitar el diálogo multipartidario y verificar la actualización del censo electoral.

    “El consejo debió estar conformado desde agosto. Su ausencia reduce los canales institucionales para formular recomendaciones técnicas y garantizar una elección creíble”, puntualizó Irías.

     

  • Gobierno ecuatoriano denuncia intento de asesinato contra presidente Noboa tras ataque a su caravana

    Gobierno ecuatoriano denuncia intento de asesinato contra presidente Noboa tras ataque a su caravana

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue víctima este martes de un ataque contra su convoy en la provincia de Cañar, en el sur del país, en el marco del día 16 de protestas impulsadas por organizaciones indígenas. Las autoridades han denunciado el hecho como un intento de asesinato y confirmaron que los cinco detenidos serán procesados por terrorismo.

    De acuerdo con la Presidencia de Ecuador, un grupo de manifestantes arremetió contra la caravana presidencial cuando se dirigía a entregar una obra pública, lanzando piedras y provocando daños a varios vehículos.

    “Intentaron impedir por la fuerza la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad”, señaló el Ejecutivo en un comunicado difundido en la red social X.

    “Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su presidente”, añadió el Gobierno, asegurando que “los desestabilizadores no lograron frenar al Gobierno nacional”.

    Noboa: “No vamos a permitir que un poco de vándalos nos detengan”

    La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, detalló que unas 500 personas aparecieron en el lugar y lanzaron piedras, además de registrarse impactos de bala en el vehículo del presidente.

    “Gracias a Dios, nuestro presidente sigue adelante, firme y valiente”, expresó tras presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Quito.

    Por su parte, el presidente Noboa, durante un acto público en la ciudad de Cuenca, en la vecina provincia de Azuay, se refirió a los hechos como un intento de impedir su participación en un encuentro con estudiantes. “No vamos a permitir que un poco de vándalos eviten que trabajemos por ustedes”, declaró ante un auditorio estudiantil, donde entregó laboratorios tecnológicos.

    “Hoy es el momento de luchar por el desarrollo, pero hacerlo de una manera pacífica, inteligente y colectiva”, añadió. “Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador; la ley aplica para todos”.

    En videos difundidos en redes sociales, se observa el momento en que los manifestantes lanzan piedras contra la caravana presidencial, causando destrozos a los automóviles oficiales.

    La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que lidera las movilizaciones a escala nacional, denunció represión militar contra los manifestantes en Cañar. A través de sus redes sociales, la organización compartió imágenes de envases vacíos de bombas lacrimógenas y videos que muestran enfrentamientos entre manifestantes y militares.

    El paro nacional, que se desarrolla desde hace más de dos semanas, ha provocado cortes esporádicos de carreteras en al menos cinco de las 24 provincias del país, siendo Imbabura la más afectada.

     

  • ONG insta a Honduras a garantizar elecciones sin intimidación ni temor

    ONG insta a Honduras a garantizar elecciones sin intimidación ni temor

    La Misión de Estudio y Acompañamiento Pre-Electoral del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) instó este martes a Honduras a garantizar un proceso electoral seguro, transparente y libre de amenazas que puedan desincentivar la participación ciudadana en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

    En su informe final, presentado tras una visita realizada en agosto, la misión subrayó la necesidad de establecer condiciones legales y políticas que permitan a las organizaciones sociales actuar de manera independiente y proteger la integridad del proceso electoral. “Es fundamental garantizar condiciones legales y políticas que ofrezcan certeza y ausencia de amenazas”, advierte el documento.

    El informe también enfatiza la urgencia de reforzar la gobernanza y la cooperación entre instituciones, para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otras entidades afines cuenten con respaldo institucional y puedan implementar procedimientos “eficaces, oportunos y transparentes”.

    Encabezada por Katia Uriona, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, y Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional de Colombia, la delegación destacó la importancia de establecer “espacios seguros y sinceros” de diálogo entre partidos políticos, autoridades y sociedad civil, con el fin de erradicar discursos de fraude y garantizar la legitimidad de los comicios.

    Entre los temas clave a resolver se encuentran el funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el uso de identificación biométrica, la selección de cuerpos electorales temporales, la observación nacional e internacional y un posible acuerdo político-ético entre los partidos.

    La misión alertó sobre un clima de intimidación y temor que podría afectar la participación ciudadana. En ese sentido, recomienda promover una cultura electoral pacífica, reducir discursos violentos y garantizar espacios cívicos plurales, seguros y equilibrados.

    El NDI identificó cinco desafíos principales que Honduras debe afrontar para generar confianza en el proceso: asegurar la autonomía de los organismos electorales, evitar injerencias indebidas, prevenir la violencia electoral (especialmente contra mujeres activas en política), mitigar la polarización política y combatir la desinformación anticipada sobre fraude.

    “El pueblo hondureño merece elecciones creíbles y participativas que garanticen el respeto a la voluntad expresada en las urnas”, señaló la misión. También resaltó la importancia de la observación nacional e internacional como herramientas clave para fortalecer la transparencia y credibilidad del proceso electoral.

    Finalmente, el informe recordó que Honduras “tiene una larga tradición de diálogo político” que le ha permitido alcanzar acuerdos en momentos críticos, por lo que pidió retomar esa vía para asegurar comicios pacíficos y legítimos.

     

  • Trump declara oficialmente como "terrorista" al movimiento Antifa de EE.UU.

    Trump declara oficialmente como «terrorista» al movimiento Antifa de EE.UU.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que designa a Antifa como “organización terrorista nacional”, al responsabilizar al movimiento de un patrón de violencia política destinado a socavar el estado de derecho en el país.

    Según el documento, Antifa emplea ataques contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros cuerpos de seguridad como parte de una estrategia para alcanzar objetivos políticos mediante la coerción y la intimidación.

    La orden ejecutiva instruye a todas las agencias y departamentos federales a utilizar sus facultades para investigar, desmantelar y procesar cualquier operación vinculada al movimiento, incluidas aquellas que provean apoyo material a sus acciones. El texto aclara que la medida se aplicará bajo la legislación vigente y no otorga derechos legales exigibles contra el Gobierno federal ni sus funcionarios.

    Antifa, un movimiento descentralizado de izquierda que se opone a grupos de extrema derecha, racistas y fascistas, ha sido blanco de las críticas de Trump, quien oficializó su designación como terrorista pese a que no cuenta con una estructura jerárquica definida. En 2020, el entonces director del FBI, Christopher Wray, señaló que Antifa era más una ideología que una organización formal.

    La decisión presidencial faculta a las autoridades a investigar y procesar a cualquier persona que actúe bajo el nombre de Antifa o financie actividades en su favor. Trump responsabilizó a la “izquierda extrema” de la violencia política en curso y vinculó al movimiento con el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre en Utah. El dirigente fue velado este fin de semana en un acto multitudinario al que asistieron más de 90,000 personas, encabezado por el mandatario y su gabinete.

  • Magnicidios políticos en Colombia, una lista que empieza y termina con el apellido Uribe

    Magnicidios políticos en Colombia, una lista que empieza y termina con el apellido Uribe

    La violencia política ha marcado a Colombia con varios magnicidios a lo largo de su historia, entre ellos el del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una de las cartas de la derecha para las elecciones de 2026, quien falleció este lunes en Bogotá, 64 días después de haber sido gravemente herido en un atentado.

    La siguiente es la lista de magnicidios cometidos en el país desde comienzos del siglo XX, que empieza y termina con el apellido Uribe:

    1. Rafael Uribe Uribe, 1914

    El general Rafael Uribe Uribe, jefe de las tropas liberales derrotadas por los conservadores en la Guerra de los Mil Días (1899-1902), fue asesinado a hachazos en un costado del Capitolio Nacional el 15 de octubre de 1914.

    Uribe Uribe, político de ideas liberales que defendió en el Congreso y en el campo de batalla, fue abogado, militar, senador, diplomático, periodista y uno de los hombres públicos más prestigiosos del país.

    Fue además el primer amnistiado y desmovilizado asesinado en Colombia tras firmar la paz con los vencedores del Guerra de los Mil Días.

    2. Jorge Eliécer Gaitán, 1948

    El caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, que se perfilaba como favorito para las elecciones presidenciales de 1949, fue asesinado a tiros el 9 de abril de 1948 cuando salía de su despacho de abogado en el centro de Bogotá, lo que desencadenó una ola de violencia que entró a la historia con el nombre de ‘El Bogotazo’.

    Abogado y político de oratoria inflamada, el caudillo encabezaba la oposición del régimen conservador del presidente Mariano Ospina Pérez por la violencia política desbordada tras la derrota del Partido Liberal en las elecciones de 1946 a las que se presentó dividido entre el candidato oficialista David Turbay y el disidente Gaitán.

    El grito de «Mataron a Gaitán» se regó como pólvora por las calles de Bogotá donde el gaitanismo, constituido por sectores populares, linchó al atacante, Juan Roa Sierra, de manera que nunca se pudo saber si actuó en solitario o si alguien le encomendó este asesinato nunca esclarecido.

    Según periódicos de la época, esa jornada se saldó con la intervención del Ejército y por lo menos 550 muertos, cifra que investigadores elevan a más de 2.000 solo en Bogotá, sin contar los de otras regiones del país a las que se propagó la violencia.

    3. Jaime Pardo Leal, 1987

    Fue en 1986 el primer candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP), partido de izquierdas nacido un año antes como parte de un intento de paz del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) con la guerrilla de las FARC.

    Sin embargo, la UP fue víctima de una campaña de exterminio en la que fueron asesinados o desaparecidos al menos 5.733 de sus miembros, entre ellos Pardo Leal, tiroteado por sicarios el 11 de octubre de 1987 cuando se movilizaba en su automóvil con su familia.

    4. Luis Carlos Galán, 1989

    Al igual que Gaitán, el político liberal Luis Carlos Galán era el favorito para ganar las elecciones presidenciales de 1990 cuando fue asesinado a tiros, el 18 de agosto de 1989, durante un mitin en la localidad de Soacha, al sur de Bogotá.

    Abogado, economista, periodista y político, Galán fue ministro de Educación con solo 27 años de edad y luego embajador en Italia, concejal de Bogotá y senador.

    Galán se caracterizó por su duro discurso contra la infiltración de la mafia del narcotráfico en la política, y por eso fue asesinado.
    Dos de sus hijos han sido senadores de la República y uno de ellos, Carlos Fernando Galán, es el actual alcalde de Bogotá.

    5. Bernardo Jaramillo Ossa, 1990

    En la campaña presidencial más sangrienta que recuerde Colombia, al asesinato de Galán le siguió el 22 de marzo de 1990 el de Bernardo Jaramillo Ossa, sucesor de Pardo Leal como candidato presidencial de la Unión Patriótica.

    Jaramillo Ossa, abogado y senador, fue asesinado a tiros por un sicario cuando se encontraba en las instalaciones del puente aéreo de Bogotá.

    6. Carlos Pizarro Leongómez, 1990

    Fue el último comandante de la guerrilla del M-19, a la que llevó el 9 de marzo de 1990 a la firma de la paz con el Gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990), y entró en la política como candidato presidencial de la recién creada Alianza Democrática M-19.

    El 26 de abril de 1990, menos de dos meses después de firmar la paz, Pizarro fue asesinado por un sicario que le disparó en un avión en pleno vuelo cuando se dirigía a Barranquilla para un acto electoral.

    Más de tres décadas después, Gustavo Petro, que en su juventud militó en el M-19, llegó a la Presidencia de Colombia, mientras que la senadora María José Pizarro, hija del líder asesinado, aspira a ese cargo en las próximas elecciones.

    7. Álvaro Gómez Hurtado, 1995

    Tres veces candidato presidencial (1974, 1986 y 1990), el abogado, periodista, diplomático, escritor y político Álvaro Gómez fue la figura más representativa del Partido Conservador en la segunda mitad del siglo XX y cayó asesinado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995.

    Considerado uno de los pensadores más importantes del país, Álvaro Gómez no pudo ser presidente porque cargó con el peso de ser hijo del expresidente Laureano Gómez (1950-1953), apodado ‘el Monstruo’, por quienes lo consideran uno de los instigadores de la violencia política en el país.

    8. Miguel Uribe Turbay, 2025

    El senador Miguel Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático, fue herido gravemente en un atentado el 7 de junio de 2025 y falleció 64 días después.

    Uribe Turbay era nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978–1982) e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en enero de 1991 por el cartel de Medellín, que la tuvo seis meses secuestrada.

    La Fiscalía anunció que el caso será tipificado como magnicidio, es decir, homicidio de una persona por su relevancia política o social.