La India y Estados Unidos retomaron este martes sus negociaciones comerciales con el inicio de una nueva ronda de conversaciones en Nueva Delhi, después de que estas hubiesen sido pospuestas en agosto tras el establecimiento de aranceles punitivos del 50 % a productos indios por parte de Washington.
Esta sexta ronda de negociaciones, que estaba prevista inicialmente para la última semana de agosto, se retrasó después de que la Administración de Donald Trump impusiese aranceles del 50 % a productos indios por la compra de petróleo ruso por parte de la India.
La semana pasada, el ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, aseguró que la intención de las dos partes es lograr alcanzar un primer tramo del acuerdo comercial bilateral India-EE.UU. antes de noviembre.
El primer ministro de la India, Narendra Modi, y Trump dijeron la semana pasada que esperan poder hablar pronto y reafirmaron que Nueva Delhi y Washington son amigos cercanos y socios naturales en materia comercial.
En el marco de su crisis comercial con Estados Unidos, la India ha intensificado en las últimas semanas sus contactos con posibles socios alternativos como Rusia, China, Japón, la Unión Europea (UE) o Catar.
Estados Unidos es el mayor socio comercial de la India. El comercio bilateral entre ambos países ascendió a más de 131.000 millones de dólares en el último año fiscal (abril 2024 – marzo 2025), según datos del Gobierno indio, con un superávit favorable a Nueva Delhi de 41.180 millones de dólares.
El Gobierno japonés «celebró» este martes la rebaja hasta el 15 % de los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de sus vehículos, que entran en vigor hoy, y dijo que continuará trabajando con Estados Unidos para llevar a la práctica el acuerdo comercial entre ambas partes.
Los vehículos japoneses, que representan en torno al 30 % del total de las exportaciones del país asiático a Estados Unidos, venían siendo grabados con un 27,5 % tras el alza de gravámenes de la Administración del presidente Donald Trump en abril.
«Celebramos esto (la entrada en vigor de la rebaja impositiva) como una implementación constante del acuerdo entre Japón y Estados Unidos. Continuaremos trabajando con la parte estadounidense diligente y rápidamente para implementar el acuerdo», dijo hoy el portavoz gubernamental, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa.
Ambos países acordaron rebajar el arancel hasta el 15 % en virtud del pacto comercial alcanzado a principios de agosto, pero ciertas diferencias en la interpretación de sus términos, que nunca fueron puestos por escritos, llevaron a Washington a dejar fuera la rebaja de esta partida, entre otras aplicaciones erróneas del pacto.
Hayashi añadió que el Ejecutivo nipón seguirá analizando el impacto de los aranceles en su economía y que brindará apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas que puedan atravesar dificultades.
El acuerdo comercial entre Japón y EE.UU. estipula que aquellos bienes que no contaran ya con un arancel específico y estuvieran grabados por debajo del 15 % se elevarían hasta ese nivel, mientras que los que ya contaran con ese porcentaje o superior no sufrirían alteraciones por los llamados «aranceles recíprocos».
En el caso de los vehículos, una partida especialmente importante para Tokio, se acordó una rebaja hasta el 15 %, al igual que para las autopartes.
Según ha informado el Gobierno nipón, la aplicación será con carácter retroactivo desde la entrada en vigor del pacto bilateral el pasado 7 de agosto, y cualquier exceso de aranceles cobrados hasta la fecha será reembolsado.
Washington llegó en un punto a sumar el gravamen del 15 % sobre otros existentes, en lugar de ajustarlo a dicha marca, antes de que Tokio le comunicara el error y procediera a corregirlo.
El ministro de Revitalización Económica y negociador de aranceles por la parte japonesa, Ryosei Akazawa, dijo hoy que, aunque celebra la rebaja de los aranceles estadounidenses al motor nipón, «hay que seguir trabajando», en particular acerca de los productos farmacéuticos y los chips, según la cadena pública NHK.
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este lunes con declarar una emergencia nacional en Washington D.C. si las autoridades de la capital dejan de cooperar con los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El líder republicano señaló en su red social, Truth Social, que la alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, ha informado al Gobierno federal de que el Departamento de Policía metropolitana ya no va a colaborar con el ICE «en la expulsión y reubicación de migrantes ilegales peligrosos».
«Si yo permitiera que esto sucediera el CRIMEN volvería con fuerza. A la gente y los negocios de Washington D.C., NO SE PREOCUPEN, ESTOY CON USTEDES Y NO PERMITIRÉ QUE ESTO SUCEDA. ¡¡¡Si es necesario declararé una emergencia nacional y federalizaré!!!», apuntó en su mensaje.
Ese cuerpo es una fuerza de reserva militar integrada por voluntarios, cuyo propósito principal es actuar como apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea en situaciones de emergencia, como desastres naturales o disturbios civiles.
Trump ordenó la toma de control de la seguridad de Washington, por 30 días inicialmente, argumentando que la tasa de homicidios allí supera con creces la de urbes como Bogotá o Ciudad de México.
En este tiempo, según su mensaje de este lunes en Truth, «Washington D.C. ha pasado de ser una de las ciudades más peligrosas y con más asesinatos de EE.UU., e incluso del mundo, a ser una de las más seguras».
«El lugar está absolutamente en auge, con restaurantes, tiendas y negocios llenos y, por primera vez en décadas, prácticamente SIN CRIMEN», añadió Trump antes de criticar a la alcaldesa por el cambio de política.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que su país no descarta una intervención dentro del territorio venezolano, en medio de la creciente tensión entre Washington y Caracas.
“Veremos qué pasa. Mira, Venezuela nos está enviando pandilleros, narcotraficantes y drogas. Es inaceptable”, afirmó Trump a la prensa en Nueva Jersey antes de viajar hacia Washington.
“No nos gusta lo que Venezuela nos está mandando: ni sus drogas ni sus pandilleros. No nos gusta, no nos gusta nada”, agregó el mandatario.
Las declaraciones se producen tras el despliegue de ocho buques militares y un submarino estadounidense en el mar Caribe, bajo el argumento de reforzar las operaciones contra el narcotráfico. En ese contexto, Estados Unidos anunció recientemente el derribo de una lancha que, según sus autoridades, transportaba drogas y a once presuntos miembros del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano. El gobierno de Nicolás Maduro negó la versión y condenó el ataque.
Al ser cuestionado sobre la legalidad de la operación, Trump respondió: “Lo que es ilegal es que 300 millones de personas murieran el año pasado por drogas”.
Desde Caracas, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López denunció que Estados Unidos realiza vuelos de inteligencia sobre Venezuela y acusó a Washington de preparar un “plan de amenaza militar e intervención” para desplazar a Maduro del poder.
El Ejecutivo venezolano informó además que un destructor estadounidense desplegó a dieciocho efectivos armados que ocuparon una embarcación con “nueve pescadores humildes” en la Zona Económica Exclusiva del país. Ante esto, el gobierno ordenó la movilización de buques, el alistamiento de milicianos y un refuerzo militar en cinco regiones costeras.
La crisis diplomática entre ambos países escala así a un nuevo nivel, con acusaciones cruzadas y una tensión que pone bajo la lupa la estabilidad en el Caribe.
El alcalde de Memphis, el demócrata Paul Young, afirmó que «no está feliz» con el despliegue de la Guardia Nacional que ordenó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en dicha ciudad del sureño estado de Tennessee como siguiente parada de su plan nacional contra el crimen tras Washington, D.C.
«Ciertamente no estoy feliz sobre la Guardia Nacional», declaró Young a la cadena CNN. «Con respecto a la Guardia Nacional es algo en lo que no tenemos decisión. Y vamos a hacer todo lo que podamos para asegurarnos de que tenga un impacto limitado en nuestra comunidad», agregó.
El funcionario aseveró que se enteró del despliegue a través del anuncio de Trump en una entrevista con Fox News el viernes, cuando el mandatario sostuvo que el «alcalde está feliz».
«Memphis es el próximo lugar. Es profundamente problemático y el alcalde está feliz. Es un alcalde demócrata, pero está feliz. Y el gobernador de Tennessee está feliz, aunque muy preocupado. Vamos a arreglar eso, igual que hicimos con Washington. Yo habría preferido ir a Chicago», expresó Trump al programa ‘Fox and Friends’.
Trump no precisó cuándo y cómo enviará las tropas federales a Tennessee, decisión que toma tras la resistencia de las autoridades locales de Chicago y del gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, por el posible despliegue de la Guardia Nacional a esa urbe tras hacer lo mismo en agosto en la capital estadounidense.
Memphis, con más de 633,000 habitantes, es la tercera ciudad mayor de Estados Unidos, aquellas con una población mayor a medio millón de personas, con la mayor tasa de asesinatos, de 43 por cada 100,000 habitantes, según un reporte de la organización Safe Home con base en cifras del FBI.
Pero la Policía de Memphis afirmó el martes pasado que los asesinatos están en su nivel más bajo de los últimos seis años en lo que va de 2025.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseveró este domingo que «el presidente estará trabajando con el alcalde y el gobernador de Tennessee», el republicano Bill Lee, «para asegurar que los operativos sean optimizados y efectivos».
«Y que vayamos detrás de lo peor de lo peor, aquellos criminales que están ahí, y los saquemos de nuestras calles y las hagamos más seguras», indicó Noem en una entrevista con Fox News.
La Casa Blanca calificó este martes como un “desafortunado incidente” el ataque de Israel contra líderes de Hamás en Doha, capital de Catar, aunque reconoció que fue notificada previamente y defendió que eliminar al grupo islamista es un “objetivo loable”.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, explicó en rueda de prensa que el ejército estadounidense informó al Gobierno del presidente Donald Trump antes del ataque, aunque evitó precisar si la notificación vino directamente de Israel.
“Bombardear unilateralmente dentro de Catar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja muy duro y valientemente con nosotros para mediar en la paz, no avanza los objetivos de Israel ni de Estados Unidos. No obstante, eliminar a Hamás, que se beneficia de la miseria de los que viven en Gaza, es un objetivo loable”, afirmó la portavoz.
Leavitt añadió que los dirigentes de Hamás estaban en Doha al momento del bombardeo y remarcó que Trump “considera a Catar como un poderoso aliado y amigo”, asegurando que “se siente muy mal por la localización de este ataque”.
Tras la operación, Trump ordenó a su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, notificar a Catar sobre el ataque y posteriormente mantuvo conversaciones telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como con el emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a quienes agradeció “su apoyo y amistad” y prometió que “algo así no volverá a ocurrir en su territorio”.
El bombardeo, el primero de Israel sobre suelo catarí, tuvo como objetivo a miembros del liderazgo de Hamás que participaban en una reunión sobre la última propuesta estadounidense para un alto el fuego en Gaza. Según Hamás, cinco de sus integrantes murieron, aunque ninguno pertenecía a la delegación negociadora. Además, un miembro de las fuerzas de seguridad de Catar perdió la vida durante el ataque.
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el tiroteo perpetrado este miércoles en la escuela católica La Anunciación, en Mineápolis, será investigado como un crimen de odio y un posible caso de terrorismo doméstico, tras confirmarse la muerte de dos niños y al menos 17 personas heridas.
Durante una conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) asumió la investigación del ataque por considerar que pudo haber sido motivado por odio hacia la comunidad católica. Asimismo, reveló que se indaga si el atacante, identificado como Robin Westman, de 23 años, se había declarado transexual antes del atentado.
El tiroteo ocurrió en horas de la mañana, mientras se celebraba una misa dentro de la institución religiosa. Según datos de la policía local, Westman ingresó armado al recinto y disparó contra los presentes antes de suicidarse.
El atacante dejó un manifiesto en varios videos publicados en YouTube, donde amenazaba al presidente Donald Trump, expresaba comentarios antisemitas y advertía sobre un ataque inminente contra una escuela católica. El material ya fue retirado de internet y forma parte de las pruebas en poder del FBI.
Karoline Leavitt también criticó a la exvocera presidencial Jen Psaki, ahora presentadora en MSNBC, por cuestionar que funcionarios republicanos ofrecieran oraciones tras la masacre sin plantear reformas al control de armas. Leavitt calificó como una «falta de respeto» los señalamientos en contra de quienes confían en el valor del rezo.
“Orar por las víctimas no excluye tomar acciones. Pero atacar a los creyentes no es la solución”, declaró Leavitt desde la Casa Blanca.
Estados Unidos, con récord de tiroteos
Con el ataque en Mineápolis, Estados Unidos suma 286 tiroteos masivos en lo que va de 2025, según estadísticas de organizaciones civiles. El país mantiene el mayor índice de tenencia de armas per cápita en el mundo y ha resistido, durante años, la aprobación de leyes más estrictas en el control de armas.
Funcionarios como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el director del FBI, Kash Patel, señalaron que Robin Westman había declarado abiertamente su identidad como transexual antes del ataque. Ambos lo calificaron como un «monstruo» y advirtieron que el caso debe encender alarmas sobre posibles amenazas internas impulsadas por ideologías extremistas.
Las autoridades de salud de Minnesota reportaron que un niño se encuentra en estado crítico, mientras que otros dos pacientes permanecen en estado grave por heridas causadas durante el ataque.
El presidente Trump no se ha pronunciado directamente sobre el caso, pero altos funcionarios de su gobierno indicaron que se dará prioridad federal a la investigación y se aplicarán todos los recursos legales disponibles.
Las calles de Mount Pleasant, un barrio latino al noreste de Washington D.C., permanecen casi vacías desde que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la capital, lo que ha generado temor entre cientos de salvadoreños que residen en la zona.
El operativo de seguridad, enmarcado bajo la declaración de “Emergencia de Seguridad Pública” en la ciudad, ha provocado que negocios bajen sus ventas, trabajadores dejen sus empleos por miedo a ser detenidos, y residentes eviten salir incluso para comprar alimentos.
Una lona colgada en la plaza principal resume el sentir del vecindario: “No a las deportaciones en Mount Pleasant. No a la Migra”, se lee en español. La comunidad denuncia que los operativos están enfocados únicamente contra los hispanos.
“Esto es solo contra nosotros. No se ve a los etíopes, a los chinos o a otros con miedo. Vienen a por los hispanos”, relató a EFE una salvadoreña que trabaja en un restaurante local desde hace dos décadas, y que ahora teme incluso manejar su vehículo por miedo a ser detenida por agentes de inmigración, a pesar de contar con permiso de trabajo y residencia.
Fotografía que muestra carteles en contra de la redadas en En el barrio de Mount Pleasant, uno de los enclaves latinos de Washington. EFE
Trump militariza Washington y aumenta arrestos
La semana pasada, el presidente Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional, tomó el control de la policía local y reforzó la presencia de agentes del FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), bajo el argumento de combatir la criminalidad.
Según la fiscal general Pam Bondi, estos operativos ya han derivado en 630 arrestos, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que muchos de ellos corresponden a inmigrantes indocumentados.
“La gente tiene mucho miedo. La presión psicológica es enorme porque ves los operativos en la calle y luego en redes sociales”, explicó un salvadoreño sentado solo en la barra de un restaurante, quien también pidió anonimato.
Negocios latinos, paralizados
El impacto también ha sido económico. Comercios latinos en Mount Pleasant, muchos de ellos dirigidos por salvadoreños, han reportado una drástica caída en el número de clientes. El miedo ha vaciado las terrazas y reducido los pedidos, incluso a domicilio, ya que muchos repartidores —principalmente latinoamericanos— han optado por dejar de trabajar.
“No tenemos clientes, las empresas proveedoras nos preguntan por qué no hacemos pedidos”, relató el gerente de un restaurante especializado en pollo. Indicó que incluso uno de sus empleados fue detenido por agentes de inmigración, enterándose del hecho por un video que circuló en redes sociales.
“Hemos tenido que reducir turnos porque no hay trabajo”, lamentó.
En medio del temor generalizado, muchos habitantes han optado por permanecer en casa, limitar sus salidas al trabajo y evitar cualquier espacio público. Otros se han visto forzados a comprar en línea para no exponerse a los controles.
El barrio de Mount Pleasant es el corazón de la comunidad salvadoreña en Washington. EFE
Extensión del operativo, una posibilidad latente
La comunidad espera que la situación termine pronto. “Dijeron que duraría un mes. Le rezo a Dios para que se acabe rápido”, expresó una salvadoreña mayor, mientras regresaba de hacer sus compras.
Sin embargo, el presidente Trump ha advertido que podría extender el operativo, argumentando que la medida aún no ha sido suficiente. Para ello, necesitará la aprobación del Congreso, donde mantiene mayoría.
Mientras tanto, cientos de inmigrantes en Mount Pleasant —y especialmente la comunidad salvadoreña— continúan enfrentando un ambiente hostil, marcado por el temor, la parálisis social y la incertidumbre de lo que vendrá.
Los esfuerzos para lograr garantías de seguridad fiables contra una nueva agresión rusa se intensificaron tras la reciente reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Volodimir Zelenski en Washington. Sin embargo, en Ucrania predomina la cautela frente a promesas vagas sin compromisos claros de parte de sus aliados.
Trump aseguró a Zelenski que Estados Unidos está dispuesto a formar parte de esas garantías, lo que generó en Kiev la expectativa de que podrían formalizarse en los próximos diez días. “El liderazgo de Estados Unidos es, de hecho, la base de todo el proceso, lo que aumenta la probabilidad de que estas garantías finalmente se formalicen”, explicó a EFE Oleksi Melnik, analista de seguridad internacional del Centro Razumkov de Kiev.
Mientras tanto, en Washington se desarrollan conversaciones con países europeos, Japón y Australia, aunque los detalles aún no están definidos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, propuso un modelo de protección colectiva para Ucrania sin que implique su adhesión inmediata a la OTAN. Francia, Reino Unido y Lituania evalúan enviar contingentes de mantenimiento de paz en funciones logísticas o de entrenamiento, lejos de la línea de combate.
Otros aliados esperan que la aviación estadounidense, posiblemente estacionada en Rumania, pueda intervenir en caso de un nuevo ataque ruso.
Escepticismo en Ucrania
Analistas como Vitali Portnikov sostienen que las discusiones seguirán siendo “teóricas” mientras Rusia se oponga a garantías sólidas. “Es improbable que apenas unos pocos miles de soldados europeos, a cientos de kilómetros del frente, disuadan la agresión o se enfrenten al enemigo si Rusia invade de nuevo”, escribió el analista militar Oleksandr Kovalenko.
Además, expertos señalan que los compromisos futuros pierden credibilidad ante la renuencia de Occidente a involucrarse directamente en la guerra.
Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo que Moscú debería ser garante de la seguridad de Ucrania junto con Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China. No obstante, Zelenski descartó la participación de Pekín: “China no nos ayudó a detener esta guerra desde el principio. China ayudó a Rusia abriendo el mercado de drones”, subrayó.
Un modelo de seguridad ucraniano
Formalizar el apoyo internacional podría disuadir futuras ofensivas rusas, señaló Melnik. Recordó que “Ucrania recibe actualmente el 99 % del apoyo que obtendría como miembro de la OTAN” y que el factor más importante es contar con respuestas rápidas y coordinadas en caso de agresión.
Para el presidente Zelenski, la clave está en fortalecer al ejército ucraniano con financiamiento y armas. “El ejército ucraniano necesita armas y salarios. Si los países que ahora discuten garantías de seguridad proporcionan apoyo financiero y armamento, eso ya será significativo”, afirmó.
El modelo más realista para Ucrania, según analistas, se asemeja al de Finlandia antes de unirse a la OTAN: una defensa basada en un ejército fortalecido, sociedad movilizada, industria propia, estabilidad económica y apoyo internacional.
“En la realidad actual, solo Ucrania puede protegerse de los riesgos existentes. La ayuda de otros países es posible, pero no garantiza la seguridad”, concluyó Kovalenko.
Las políticas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han provocado un estancamiento en la venta de vehículos eléctricos (VE) en Norteamérica durante los primeros siete meses de 2025, reveló este miércoles la firma Rho Motion en su más reciente informe sobre el mercado automotriz global.
Entre enero y julio, Estados Unidos apenas logró vender 1 millón de unidades eléctricas, lo que representa un crecimiento de apenas 2 %, una cifra muy por debajo del promedio mundial.
En contraste, China comercializó 6.5 millones de vehículos eléctricos, un alza del 29 %, mientras Europa vendió 2.3 millones, un 30 % más. En el resto del mundo, el aumento fue del 42 %, con 0.9 millones de unidades.
Charles Lester, gerente de datos de Rho Motion, explicó que “las ventas globales de vehículos eléctricos superaron los 10.7 millones en los primeros siete meses de 2025, con un crecimiento robusto del 27 % frente al mismo periodo del año anterior”.
Sin embargo, advirtió que “el crecimiento en Norteamérica ha sido limitado en lo que va del año, con Estados Unidos enfrentando obstáculos regulatorios y Canadá mostrando una desaceleración en el ritmo de adopción”.
Lester prevé un repunte momentáneo antes de que entren en vigor nuevas restricciones en EE.UU. a finales de septiembre, cuando la Administración Trump eliminará oficialmente los créditos fiscales para la compra de eléctricos.
“Ese incremento será seguido de una probable caída en la demanda”, sostuvo.
El 20 de enero, el presidente Trump firmó una serie de decretos que cancelaron todas las ayudas federales para el desarrollo de tecnologías limpias y eliminaron los programas climáticos implementados durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025). También derogó incentivos para la instalación de estaciones de carga a nivel nacional.
Una de las medidas más criticadas ha sido la supresión del crédito fiscal de $7,500 por vehículo eléctrico adquirido, que dejará de estar vigente el 30 de septiembre. Esto supone un incremento directo en el precio final de cada auto eléctrico.
Frente a este panorama, los principales fabricantes automotrices han comenzado a paralizar o aplazar sus inversiones en movilidad eléctrica. En cambio, están reforzando la producción de vehículos con motores de combustión interna, ante un contexto regulatorio menos favorable para las tecnologías limpias en Estados Unidos.
