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  • La salvadoreña Yessenia Ruano regresa a Estados Unidos tras ganar batalla contra su deportación

    La salvadoreña Yessenia Ruano regresa a Estados Unidos tras ganar batalla contra su deportación

    Yessenia Ruano, una salvadoreña que el año pasado se convirtió en símbolo de la lucha contra la deportación en Estados Unidos, regresó este miércoles al país norteamericano junto a sus hijas gemelas de 11 años, tras permanecer cerca de un año en El Salvador.

    Ruano arribó al aeropuerto O’Hare, en Chicago, luego de que un juez federal autorizara su regreso para esperar la resolución de su solicitud de visa para víctimas de trata. La salvadoreña calificó el momento como un milagro y aseguró que representa una nueva oportunidad para su familia.

    «Esto es una bendición de Dios para nosotros», expresó al salir de la terminal aérea, donde fue recibida después de varias horas de viaje y de completar los controles migratorios.

    La madre de familia viajó acompañada por sus hijas, Elizabeth y Paola, ambas ciudadanas estadounidenses, pero tuvo que dejar en El Salvador a su esposo, Miguel, ya que la resolución judicial únicamente autorizó su reingreso y el de las menores.

    «Quiero que mis hijas crezcan aquí», afirmó Ruano. «Como madre, son mi primera prioridad».

    Las niñas, que regresarán a cursar sexto grado en la escuela ALBA de Milwaukee, manifestaron su entusiasmo por reencontrarse con sus familiares y amigos. Para ambas, el viaje representó apenas el segundo vuelo de sus vidas, luego del traslado que realizaron hacia El Salvador en 2025.

    Ruano explicó que las autoridades migratorias le fijaron como fecha límite el 16 de julio para regresar a Estados Unidos, por lo que decidió viajar pese a la incertidumbre sobre el futuro de su esposo. Ambos acordaron priorizar el bienestar de sus hijas, aunque la decisión estuvo marcada por la tristeza.

    La familia también tuvo que dejar en El Salvador a su perro, Copitos, debido a que no pudo abordar el avión por la falta de un documento requerido por las autoridades aeroportuarias. Mientras tanto, Miguel permanecerá en el país terminando la construcción de la vivienda que ambos comenzaron con sus ahorros.

    Ahora instalada temporalmente en Milwaukee junto a un familiar, Ruano espera obtener un permiso de trabajo, reactivar su caso de visa para víctimas de trata y lograr que su esposo pueda reunirse con ellas en Estados Unidos. Además, aspira a obtener una certificación como docente para trabajar en la escuela donde estudian sus hijas.

    La salvadoreña también expresó su preocupación por la política migratoria estadounidense y calificó las recientes redadas como una «persecución inhumana». No obstante, aseguró que mantiene la esperanza de reconstruir su vida. Al concluir su llegada al aeropuerto, lanzó un mensaje de optimismo: «¡Sí se pudo!».

     

  • Juez ordena retorno a EEUU de salvadoreña que fue obligada a autodeportarse

    Juez ordena retorno a EEUU de salvadoreña que fue obligada a autodeportarse

    Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno permitir el regreso al país de la salvadoreña Yessenia Ruano, quien salió hacia El Salvador en junio de 2025 después de que las autoridades migratorias rechazaran suspender su deportación pese a que mantenía una solicitud activa de visa T, destinada a víctimas de trata de personas.

    La resolución fue emitida el viernes por el juez federal André Birotte Jr., quien además ordenó a las autoridades migratorias revisar la petición migratoria de Ruano antes de intentar cualquier nuevo proceso de deportación en su contra.

    El caso forma parte de una demanda colectiva presentada contra la administración del presidente Donald Trump, en la que se acusa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de deportar ilegalmente a víctimas de delitos que contaban con solicitudes migratorias de protección aún pendientes de resolución.

    Ruano, originaria de El Salvador, residió durante 14 años en Estados Unidos y trabajó como asistente docente en una escuela bilingüe de Milwaukee antes de verse obligada a abandonar el país junto a sus hijas gemelas, ciudadanas estadounidenses.

    Lectura recomendada: Salvadoreña que fue obligada a autodeportarse demanda a Migración de EEUU

    La demanda sostiene que la mujer ingresó a territorio estadounidense en 2011 huyendo de la violencia de las pandillas en El Salvador y posteriormente fue víctima de trata de personas, situación por la cual solicitó una visa T, mecanismo migratorio creado para proteger a sobrevivientes de este tipo de delitos que colaboran con las autoridades.

    Sin embargo, según los abogados demandantes, las autoridades migratorias negaron su solicitud para permanecer en Estados Unidos mientras se resolvía el trámite, obligándola a regresar a su país de origen por temor a ser separada de sus hijas.

    La organización Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional, que participa en la demanda, informó que actualmente se coordinan los aspectos logísticos para que Ruano pueda regresar a territorio estadounidense.

    “Nada puede deshacer el trauma y el daño que se ha causado, pero ella podrá regresar al país. Podrá retomar su vida. Sus hijas podrán volver a la escuela y reunirse con sus amigos”, señaló Sarah Kahn, una de las abogadas del caso.

    La resolución judicial también ordena suspender temporalmente la práctica de deportar automáticamente a determinadas víctimas de delitos sin analizar previamente las solicitudes migratorias que podrían otorgarles protección legal.

    Además, el juez autorizó que la demanda continúe bajo la modalidad de acción colectiva, permitiendo que otras personas afectadas por situaciones similares puedan incorporarse al proceso.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entidad que supervisa al ICE y al USCIS, manifestó su desacuerdo con la decisión judicial, aunque aseguró que cumplirá con la orden emitida por la corte.

    La demanda argumenta que las políticas migratorias implementadas durante los últimos años vulneran protecciones establecidas por el Congreso estadounidense para víctimas de trata de personas, violencia doméstica y otros delitos graves, quienes tienen derecho a solicitar visas especiales de protección mientras colaboran con investigaciones judiciales.

     

  • Salvadoreña que fue obligada a autodeportarse demanda a Migración de EEUU

    Salvadoreña que fue obligada a autodeportarse demanda a Migración de EEUU

    Yessenia Ruano, una salvadoreña que fue obligada a salir de EEUU a pesar de tener una solicitud activa de visa humanitaria por ser víctima de trata laboral, ha demandado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país (ICE) de violar la ley al detener y deportar a personas que han sido víctimas de violencia doméstica o trata de personas, y que están en proceso de obtener visas T o U, diseñadas para protegerlas.

    Ruano, una salvadoreña que vivió 14 años en Estados Unidos, se vio obligada a abandonar el país junto a sus hijas ante la negativa del gobierno de Donald Trump de detener su deportación. Su caso, junto al de otras personas migrantes, es parte de una demanda federal presentada esta semana en Los Ángeles, en la que se acusa a ICE, según reveló el jueves el diario estadounidense The New York Times. 

    Según la denuncia, el gobierno estadounidense ha incumplido con las garantías legales establecidas por el Congreso en la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), al implementar políticas que castigan a quienes se atreven a denunciar abusos y colaborar con las autoridades.

    “Se está traicionando el pacto legal con personas vulnerables que han dado un paso valiente al presentarse ante la justicia”, afirmó Sergio Pérez, director del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional.

    El caso de Yessenia Ruano: de sobreviviente a demandante

    La salvadoreña Yessenia Ruano, de 38 años, salió de Wisconsin en junio tras agotar todos los recursos legales. Había solicitado una visa T tras ser víctima de trabajo forzado en su ruta hacia EE.UU. luego de huir de las pandillas en El Salvador. Su esposo, sus hijas gemelas de 10 años, ciudadanas de Estados Unidos, y su perro también salieron del país semanas después.

    Ruano trabajó durante años en una fábrica de pizzas y como asistente de maestros en una escuela de Milwaukee. Incluso fue llamada a sustituir clases ante la escasez de personal. Su caso ha aparecido en varias cadenas hispanas de televisión de los Estados Unidos.

    “Sentía que por fin estaba aportando”, recordó.

    En febrero de este año, su abogada le sugirió retirar su solicitud de asilo y optar por una visa T. Aunque pidió retrasar su deportación mientras el caso estaba en proceso, ICE se negó. Ante el temor de ser separada de sus hijas, optó por regresar voluntariamente a El Salvador.

    La demanda también incluye el caso de Camila B., una vendedora mexicana de tamales detenida durante una redada de ICE en Los Ángeles, tras vivir más de 20 años en el país. En 2023, ella había solicitado una visa U tras ser brutalmente agredida.

    Asimismo, Kenia Merlos, originaria de Honduras y madre de cuatro ciudadanos estadounidenses, fue arrestada junto a su familia en un parque del estado de Washington, a pesar de tener una solicitud activa desde marzo de 2024. Está detenida desde junio.

    La administración Trump eliminó en enero de este año directrices que impedían detener a inmigrantes con solicitudes activas de protección como víctimas. Un memorando de ICE ordenó a los agentes priorizar la “aplicación total y eficiente” de las leyes migratorias, incluso en zonas sensibles como refugios, escuelas e iglesias.

    Las visas U y T, que otorgan permisos de trabajo y eventual residencia a víctimas de crímenes y trata de personas que cooperen con fiscales, han sido clave para desmantelar redes criminales. Sin embargo, el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, base ideológica del segundo mandato de Trump, propone eliminarlas por considerar que pueden ser utilizadas de forma fraudulenta.

    “Eliminar estos mecanismos de protección no solo pone en riesgo a las víctimas, sino que dificulta los procesos judiciales”, advirtió Erin Aiello, fiscal de Massachusetts especializada en violencia de género.

    Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respondió que “todas las personas deportadas por ICE han tenido debido proceso y una orden final de expulsión”.

    Sin embargo, activistas aseguran que los agentes están aplicando procesos acelerados de expulsión, sin dar tiempo a que las víctimas puedan presentar sus casos.

    La demanda en curso es una de al menos cinco que cuestionan el endurecimiento de la política migratoria de Trump. Mientras tanto, miles de personas que han sufrido abusos, violencia de género o explotación laboral temen ser deportadas antes de obtener justicia.

    “Mi esperanza es poder regresar algún día”, dijo Ruano, quien ahora vive nuevamente en El Salvador, esperando que su visa T sea aprobada.