Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno permitir el regreso al país de la salvadoreña Yessenia Ruano, quien salió hacia El Salvador en junio de 2025 después de que las autoridades migratorias rechazaran suspender su deportación pese a que mantenía una solicitud activa de visa T, destinada a víctimas de trata de personas.
La resolución fue emitida el viernes por el juez federal André Birotte Jr., quien además ordenó a las autoridades migratorias revisar la petición migratoria de Ruano antes de intentar cualquier nuevo proceso de deportación en su contra.
El caso forma parte de una demanda colectiva presentada contra la administración del presidente Donald Trump, en la que se acusa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de deportar ilegalmente a víctimas de delitos que contaban con solicitudes migratorias de protección aún pendientes de resolución.
Ruano, originaria de El Salvador, residió durante 14 años en Estados Unidos y trabajó como asistente docente en una escuela bilingüe de Milwaukee antes de verse obligada a abandonar el país junto a sus hijas gemelas, ciudadanas estadounidenses.
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La demanda sostiene que la mujer ingresó a territorio estadounidense en 2011 huyendo de la violencia de las pandillas en El Salvador y posteriormente fue víctima de trata de personas, situación por la cual solicitó una visa T, mecanismo migratorio creado para proteger a sobrevivientes de este tipo de delitos que colaboran con las autoridades.
Sin embargo, según los abogados demandantes, las autoridades migratorias negaron su solicitud para permanecer en Estados Unidos mientras se resolvía el trámite, obligándola a regresar a su país de origen por temor a ser separada de sus hijas.
La organización Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional, que participa en la demanda, informó que actualmente se coordinan los aspectos logísticos para que Ruano pueda regresar a territorio estadounidense.
“Nada puede deshacer el trauma y el daño que se ha causado, pero ella podrá regresar al país. Podrá retomar su vida. Sus hijas podrán volver a la escuela y reunirse con sus amigos”, señaló Sarah Kahn, una de las abogadas del caso.
La resolución judicial también ordena suspender temporalmente la práctica de deportar automáticamente a determinadas víctimas de delitos sin analizar previamente las solicitudes migratorias que podrían otorgarles protección legal.
Además, el juez autorizó que la demanda continúe bajo la modalidad de acción colectiva, permitiendo que otras personas afectadas por situaciones similares puedan incorporarse al proceso.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entidad que supervisa al ICE y al USCIS, manifestó su desacuerdo con la decisión judicial, aunque aseguró que cumplirá con la orden emitida por la corte.
La demanda argumenta que las políticas migratorias implementadas durante los últimos años vulneran protecciones establecidas por el Congreso estadounidense para víctimas de trata de personas, violencia doméstica y otros delitos graves, quienes tienen derecho a solicitar visas especiales de protección mientras colaboran con investigaciones judiciales.