Estados Unidos impuso este viernes nuevas sanciones contra altos funcionarios iraníes y redes financieras asociadas al régimen de Teherán, a quienes acusa de participar en la “represión violenta” de manifestaciones ocurridas a inicios de enero en distintas regiones del país.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, incluyó en su lista al ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni Kalagari, por su papel al frente de las fuerzas de seguridad responsables de la muerte y detención de miles de manifestantes pacíficos.
También fueron sancionados varios altos cargos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), a quienes Washington responsabiliza por liderar una ofensiva represiva que incluyó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de violencia en provincias como Teherán, Hamadán, Guilán y Kermanshah.
El empresario Babak Morteza Zanjani fue igualmente sancionado. Según el Tesoro estadounidense, malversó miles de millones de dólares en ingresos petroleros y, tras salir de prisión, financió proyectos estratégicos en beneficio del IRGC y otras instituciones del régimen iraní.
Por primera vez, Estados Unidos sancionó a dos plataformas de criptomonedas registradas en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, por procesar grandes cantidades de fondos vinculados al IRGC, contribuyendo a evadir las sanciones impuestas por Washington contra el sistema financiero iraní.
El anuncio llega en medio de un aumento de tensiones bilaterales. Días antes, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Ghariabadi, declaró que una guerra con Estados Unidos parecía “más probable que una negociación”.
El Comando Central de EE. UU. (Centcom) confirmó la presencia del portaaviones USS Abraham Lincoln en Oriente Medio, como parte de una estrategia de disuasión luego de que el presidente Trump ordenara el despliegue de una “flota enorme” en respuesta a los abusos cometidos por Teherán.
Aunque las protestas de los días 8 y 9 de enero fueron sofocadas por el régimen, Irán ha advertido que responderá ante cualquier intervención militar y ha amenazado con atacar bases estadounidenses en la región. El gobierno iraní acusa a EE. UU. e Israel de haber promovido unas protestas que califica de “terroristas”, asegurando que dejaron 3,117 muertos. En contraste, organizaciones de derechos humanos como HRANA estiman en más de 6,000 las víctimas.