El Gobierno del presidente Donald Trump destinó más de $250 millones para financiar programas que permiten a policías locales participar en la detención de migrantes en Estados Unidos.
La iniciativa se ejecuta mediante acuerdos entre el Departamento de Seguridad Nacional y departamentos policiales bajo el modelo denominado ‘Task Force’, que otorga facultades a las autoridades locales para realizar arrestos migratorios.
De acuerdo con datos de la organización FWD.us, al menos 976 departamentos policiales se han adherido a estos convenios, recibiendo más de $100,000 cada uno, además de incentivos adicionales de $7,500 por cada agente que se incorpore al programa.
Estos fondos buscan ampliar la capacidad de detención y deportación, bajo el argumento oficial de combatir a personas consideradas peligrosas, como criminales y miembros de pandillas.
No obstante, la vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, Felicity Rose, advirtió que el esquema “incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores”.
Datos del centro TRAC de la Universidad de Syracuse indican que más del 70 % de los migrantes detenidos no han sido condenados por delitos, mientras que los casos con sentencia corresponden principalmente a infracciones menores.
Además, documentos filtrados revelan que los agentes comienzan a recibir bonificaciones adicionales una vez que realizan su primer arresto de migrantes, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles incentivos indebidos.
Florida y Texas concentran la mayor cantidad de acuerdos, con 270 y 161 departamentos policiales, respectivamente, siendo también los estados que más fondos han recibido dentro del programa.
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