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  • Entrevistan a seis candidatos propuestos por la Facultad de Jurisprudencia de la UES: proponen uso de IA y mejorar selección de jueces

    Entrevistan a seis candidatos propuestos por la Facultad de Jurisprudencia de la UES: proponen uso de IA y mejorar selección de jueces

    La Comisión Política continuó este lunes las entrevistas a los 42 candidatos a miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) con las ternas propuestas para propietarios y suplentes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES).

    Edwin Orlando Ortega Pérez, locutor, abogado y máster en derecho privado, originario de Cojutepeque. Trabajó en estaciones de Radio Corporación FM, fue colaborador judicial y secretario interno del tribunal de Cojutepeque, agente auxiliar de la Fiscalía General de la República y también ejerció su profesión en derecho penal y derecho de familia. Actualmente, es docente de la UES desde 2015.

    El candidato a consejero propietario, elogió el trabajo de la Asamblea Legislativa y destacó avances en seguridad de El Salvador.

    «Advertí que los espacios se empezaron a abrir para diferentes sectores, de nadie es un secreto que el país ha avanzado», expresó.

    Destacó la baja de la delincuencia en el país y que antes era frustrante que los delincuentes salían absueltos. «Ahora tenemos una realidad distinta, esta Asamblea Legislativa ha aprobado una serie de reformas, para mí, efectivas», indicó a los diputados.

    «La capacitación no es exclusiva para los jueces» sino «para todos los operadores de justicia», expresó, al proponer su eje de la «formación jurídica y el vínculo con la academia».

    Propuso la creación de la Dirección de Investigación Jurídica para crear propios textos jurídicos para formación y la implementación de la Inteligencia Artificial en la capacitación para detectar grupos que necesitan capacitación y en la selección de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. «La IA nos puede resolver en gran medida haciendo un estudio directo de si una persona cumple o no cumple con el perfil», señaló.

    Ante preguntas de los diputados, explicó que busca convertir el CNJ en el «ente rector de la doctrina y jurisprudencia de El Salvador» y que sea el referente para todos los operadores de justicia.

    Ejemplificó que el CNJ puede investigar jurídicamente la reducción de la delincuencial para plasmarlo en textos jurídicos. «Teníamos la solución al frente, en nuestras propias manos y no lo habíamos logrado», observó.

    Señaló que lo que se había enseñado en las universidades quedó «obsoleto» luego de los cambios en el sistema penitenciario. «Podría constituir un modelo para Latinoamérica, que de hecho ya se está observando e implementando en otros países», indicó.

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), le dijo que no quería ser grosera pero que «hay muchos candidatos que vienen a alabar porque supongo que eso les va a dar puntos». «Yo creería que la principal característica debe ser la independencia», le indicó.

    Villatoro le cuestionó su planteamiento de cambiar los textos jurídicos según la realidad al referirse a la Constitución de la República que en Estados Unidos no ha sufrido modificaciones.

    El candidato le respondió todo lo que he expresado no tiene ninguna finalidad de «congraciarme con ningún partido político». «¿Acaso estas personas no tienen derecho a vivir en paz?», preguntó, en referencia al régimen de excepción.

    El segundo candidato a consejero propietario propuesto por la UES, fue Luis Alonso Ramírez Menéndez, quien es actualmente consejal propietario del CNJ.

    Propuso recomendaciones para la modernización del lenguaje jurídico y el desarrollo de capacidades para los funcionarios judiciales.

    La diputada Alexia Rivas le preguntó cuál ha sido el principal cambio en el CNJ y qué compromiso asumiría «con la comunidad universitaria» y cuál considera un error que no debería cometer el CNJ.

    El candidato señaló cambios sustanciales dentro de la administración pública, como la implementación del sistema de gestión antisoborno, señaló que el CNJ fue la cuarta institución certificada. Subrayó que la ética y el compromiso institucional como condición de los funcionarios.

    El diputado Ernesto Castro, presidente de la Comisión, le preguntó sobre propuestas de candidatos del CNJ para implementar capacitación en Zoom y 50 % de manera presencial; y capacitaciones sobre leyes recientes.

    El consejero señaló que es «risible» ya que los candidatos «no están enterados de las actividades académicas que realiza el CNJ». Sostuvo que el CNJ tiene «un programa permanente» en coordinación con la Corte Suprema de Justicia en las sedes de San Miguel y Santa Ana. «La gente que ha venido aquí, o ha mentido, o no ha dicho lo que pasa realmente en la institución», señaló. Agregó que todas las jurisdicciones de todas las reformas constitucionales y legales del país.

    El tercer candidato a consejero propietario por la UES entrevistado fue José Humberto Morales, actual director de estudios de posgrado de la Facultad de Jurisprudencia de la UES, señaló que en el país no hay preparación para ser jueces y propuso un programa de formación inicial en la carrera judicial.

    Propuso un código de ética e incluirla en la evaluación judicial, y el uso responsable de la tecnología tomando en cuenta que puede haber riesgos y sesgos, y una vinculación más evidente entre el CNJ y los sectores de la sociedad. Mencionó que hay «desconexión» entre los funcionarios cuando son electos y la entidad o el sector que los ha postulado.

    También sugirió crear un foro académico y profesional sobre la justicia para dialogar sobre las problemáticas de la realidad jurídica para que el CNJ se alimente de esas reflexiones.

    La diputada Suecy Callejas le preguntó cuáles son las atribuciones del CNJ, a lo que le respondió seleccionar, evaluar y formar a los jueces. Callejas le preguntó cómo mejorar la evaluación y la capacitación.

    Callejas aseguró que aún hay jueces que todavía no aplican la ley y se guían por la sana crítica. Ejemplificó que hay jueces que «en etapa de sentencia quieren volver a escuchar el testimonio» de un menor de edad.

    Sugirió «formación en puesto de trabajo» para los jueces y una «formación dirigida».

    El diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), le preguntó si hay corrupción judicial. El candidato respondió que en algún momento puede interpretarse como corrupción el desconocimiento de ley, pero «ahora hay menos oportunidad para que se muestren actos de corrupción». «El prevaricato se ha producido por algún tipo de conocimiento de la legislación y en algún momento ha habido cierta laxatud», afirmó.

    Señaló que no ha conocido ningún caso ni relata por parte de las personas a las que ha asistido. «No quiero decir que no haya algún acto de parte de algún sujeto, pero no hay una práctica institucional de corrupción en el Órgano Judicial», expresó.

    Carballo mencionó que él conoció nombramientos que en su pueblo el nombramiento del juez lo hacía «el alcalde y el diputado, y en una ocasión fue el peluquero», y posteriormente se exigió que fueran «licenciados en leyes».

    Los diputados también entrevistaron a la terna a miembros propietarios suplentes del CNJ.

    Josué Rubén Rivas Baires, docente de la UES y quien tiene una oficina jurídica con derecho corporativo, presentó un plan con cinco ejes: selección por mérito, evaluación judicial enfocada en la mejora continua, capacitación vinculada a necesidades reales, implementación responsable de la Inteligencia Artificial.

    El diputado Carballo le preguntó hasta qué punto está afectando la mora judicial.

    Rivas Baires respondió que la afectación es grave, ejemplificó que un proceso de familia «de pronto» dura dos años y destacó la oralidad como mecanismo para acelerar los procesos. Agregó que en material civil y mercantil también tienen ese problema. La IA, dijo, puede ser utilizada para acelerar procesos.

    «¿Cree usted que esa carga va a disminuir en los años próximos ya que se bajó esta delincuencia que tanto trabajo le daba a la Policía, a los jueces, a las cárceles?», le preguntó Carballo.

    El candidato dijo que bajará cuando concluyan los procesos de crimen organizado pero señaló que la mora judicial también persiste en materia contencioso administrativo, civil-mercantil y familia.

    Elías Alexander Mejía Merlos, máster en derecho privado, propuso innovación curricular constante, capacitación de la docencia en el CNJ, transparencia y perfeccionamiento en la selección judicial, optimización de baremos y la creación del expediente único electrónico de los jueces.

    Sugirió aprovechar las tecnologías para el expediente único electrónico y las quejas de usuarios en los tribunales, para verificar si hay casos de jueces con constantes quejas. Mejía Merlos reveló que en él, como litigante, llevó un proceso de derecho de familia que tuvo que haber durado tres meses pero se resolvió casi cuando la menor ya era mayor de edad.

    La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, preguntó cómo se podría manejar la selección y de capacitación judicial luego de señalar que los jueces son el sector más desconectado de la población y que los jueces se «escuda la sana crítica» como la «potestad de hacer lo que les da la gana».

    «Deberían existir procesos de selección exhaustivos, psicológicos, no solo de conocimiento del derecho porque podés ser una persona conocedora del derecho pero cero empática con la gente, narcisista, entre otro montón de calidades que no te hacen la mejor persona para ser juez», afirmó la diputada Callejas. El candidato propuso revivir el diplomado de formación inicial de jueces.

    El diputado suplente del Partido de Concertación Nacional (PCN) preguntó sobre su propuesta ante la mora judicial o atrasos, por ejemplo, en casos de herencias. El candidato respondió que el uso de la Inteligencia Artificial utilizada de manera adecuada, dejando la valoración de la prueba al juez.

    Wilson Francisco Flores Zelada, originario de San Miguel, máster en derechos humanos y doctor en educación, propuso una reingeniería pedagógica de neuroeducación y desarrollo de talento humano, la transformación digital, uso responsable de IA, métricas objetivas de desempeño y baremos de solución para la equidad de género, y sobre la base de la detección y prevención de la corrupción, entre otras propuestas.

    La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, preguntó si el CNJ puede ejercer un control en el uso de la IA. Flores Zelada reiteró que la IA debe ser «un asistente, siempre verificando» la fuente de dónde viene la información. Remarcó la alucinación de la IA cuando esta no encuentra una respuesta. «La IA nunca va a reemplazar al ser humano», expresó.

    Castro preguntó qué aportes le podría dar al CNJ si es electo consejal suplente, el candidato propuso un programa de capacitación penal y procesal penal con cinco módulos, que incluya el procedimiento sumario para los jueces de paz, la competencia de los tribunales del crimen organizado y el uso de la IA.

    Para este martes 8 de septiembre, la Comisión Política continuará con las entrevistas a la terna elegida por las universidades privadas: Verónica Lisseth González Penado, William Rafael Rebollo Alvarado y César Edgardo Castaneda Espinoza, como propietarios; y María Francisca Leiva Rodríguez, Jazmín Estephani Franco Bermúdez y Manuel de Jesús Torres Gavidia, como suplentes.

  • Arévalo propone limitar precio del diésel en Guatemala en medio de ola de protestas

    Arévalo propone limitar precio del diésel en Guatemala en medio de ola de protestas

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes ante el Congreso una iniciativa para establecer un precio límite al diésel, después de que el incremento de los combustibles durante el último semestre provocara protestas en diferentes puntos del país.

    La propuesta establece un precio máximo de 39 quetzales, equivalentes a $5.11, por galón de diésel, combustible utilizado principalmente por el transporte público y de carga. Actualmente, su precio supera los $6 por galón, según las fuentes citadas en la información.

    Arévalo explicó que, cuando el precio del combustible supere el límite establecido de $5.11, el Estado cubrirá con fondos públicos la diferencia correspondiente y trasladará esos recursos a los importadores para mantener el precio fijado al consumidor.

    «Nosotros creemos que es una buena propuesta porque protege al consumidor final», aseguró el mandatario, quien espera que el Congreso apruebe la iniciativa y permita mantener el mecanismo vigente durante el resto de 2026.

    El Ejecutivo remitió el planteamiento al Órgano Legislativo, donde el Gobierno de Arévalo no cuenta con mayoría. La propuesta deberá ser discutida por los diputados antes de una eventual aprobación y entrada en vigor.

    La nueva iniciativa surge después de que el mandatario propusiera sin éxito otro subsidio para contener los precios. El Congreso ya había aprobado dos meses atrás una medida de apoyo a los combustibles, pero diferentes sectores sostienen que esta no logró aliviar el incremento registrado en el mercado.

    El encarecimiento de la gasolina y el diésel provocó durante los últimos días movilizaciones de transportistas, quienes bloquearon distintos puntos de Guatemala la semana pasada para exigir medidas destinadas a reducir los precios. De acuerdo con la información proporcionada, los combustibles acumulan un incremento cercano a 50 % durante el último semestre.

    Las protestas continuarán este martes, cuando la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán tiene programada una marcha pacífica para reclamar al Gobierno y al Congreso medidas frente al encarecimiento. La discusión legislativa sobre el límite al precio del diésel se produce así bajo una creciente presión de transportistas y organizaciones sociales.

     

     

  • Lula y Flávio Bolsonaro empatarían en segunda vuelta, según encuesta

    Lula y Flávio Bolsonaro empatarían en segunda vuelta, según encuesta

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro aparecen empatados con 41 % de intención de voto ante una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre, según un sondeo de la firma Quaest divulgado este lunes.

    Es la primera vez desde marzo que ambos candidatos registran exactamente el mismo porcentaje en una simulación de balotaje. El resultado confirma el estrechamiento de la competencia electoral observado durante las últimas semanas en Brasil.

    En la encuesta anterior de Quaest, publicada el 2 de septiembre, Lula alcanzaba 42 % frente al 41 % de Flávio Bolsonaro. La diferencia de un punto ya representaba un empate técnico debido al margen de error de dos puntos porcentuales del estudio.

    El nuevo sondeo se elaboró a partir de 2,004 entrevistas a brasileños mayores de 16 años, realizadas entre el 3 y el 6 de septiembre. El levantamiento coincidió con la crisis surgida en la Corte Suprema por las sospechas sobre el juez Alexandre de Moraes debido a su cercanía con un banquero encarcelado por fraude.

    Para la primera vuelta, prevista para el 4 de octubre, Lula conserva una ventaja de siete puntos porcentuales. El mandatario registra 36 % de intención de voto, mientras Flávio Bolsonaro obtiene 29 %. Ambos perdieron un punto frente a la medición divulgada cinco días antes.

    El escritor Augusto Cury, candidato del partido de centro Avante y recién incorporado a la actividad política, ocupa el tercer lugar con 8 %, dos puntos menos respecto al estudio anterior. Más atrás aparecen el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado y el activista Renan Santos, ambos con 3 %.

    El exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema registra 2 %, mientras la izquierdista Samara Martins y el empresario e influenciador Pablo Marçal alcanzan 1 % cada uno. La candidatura de Marçal podría ser anulada por la Justicia debido a que se encuentra inhabilitado.

    La encuesta, divulgada durante la conmemoración del Día de la Independencia de Brasil, también encontró que 9 % de los consultados permanece indeciso, mientras otro 8 % respondió que votará en blanco o nulo, o que no acudirá a las urnas, pese a que el voto es obligatorio en el país.

     

  • Bukele explica alcance de resultados educativos en prueba piloto en 171 escuelas

    Bukele explica alcance de resultados educativos en prueba piloto en 171 escuelas

    El presidente Nayib Bukele aclaró este lunes que los resultados de la evaluación PISA para Escuelas corresponden exclusivamente a 1,198 estudiantes de 171 centros educativos públicos que participan en un programa piloto, y reconoció que estos datos no representan el desempeño promedio de los estudiantes de El Salvador.

    Bukele explicó que las 171 escuelas tampoco fueron escogidas mediante una muestra estadísticamente representativa del sistema educativo. Según el mandatario, fueron seleccionadas porque contaban con condiciones que facilitaban inicialmente la implementación, entre ellas infraestructura básica, conectividad y comunidades educativas dispuestas a adoptar el nuevo modelo. Aclaró, sin embargo, que no fueron elegidas por tener estudiantes con resultados académicos excepcionales.

    «Ahora bien, ¿qué nos dicen estos resultados? Nos dicen que 1198 estudiantes de 171 escuelas públicas salvadoreñas que participaron en este programa fueron evaluados de forma independiente utilizando un instrumento comparable internacionalmente. Y sus resultados en lectura, matemáticas y ciencias fueron comparables con los resultados promedio de los estudiantes en Alemania y Suecia. Eso es un hecho, respaldado por una evaluación de la OCDE reconocida internacionalmente e informada por el Banco Mundial. Nos dicen que lograr esos niveles de rendimiento en las escuelas públicas salvadoreñas es posible. Este es quizás el hallazgo más importante», escribió Bukele en la red social X.

    El mandatario también precisó que los resultados obtenidos no demuestran que los tutores de inteligencia artificial sean, por sí solos, responsables del rendimiento alcanzado. El programa incluye cambios en la enseñanza, acompañamiento a docentes y directores, materiales educativos, monitoreo, evaluación, tecnología y herramientas de inteligencia artificial, entre otras intervenciones. Para determinar científicamente el efecto individual de cada componente, reconoció, sería necesario utilizar otro diseño experimental.

    Bukele destacó que la implementación de los tutores de inteligencia artificial coincidió con un incremento de la asistencia docente en los centros participantes, que pasó de 76 % a 97 %. El Gobierno considera que factores como una mayor motivación de alumnos y profesores también podrían formar parte de los mecanismos mediante los cuales funciona la intervención educativa.

    El mandatario consideró que uno de los principales resultados del piloto es demostrar que estudiantes de escuelas públicas salvadoreñas pueden alcanzar esos niveles bajo determinadas condiciones educativas. Sin embargo, enfatizó que los resultados no significan que todos los estudiantes del país tengan actualmente un rendimiento comparable con Alemania o Suecia ni que todo el sistema educativo salvadoreño haya sido transformado.

    El Ejecutivo inició ahora una ampliación progresiva del programa. Más de 1,000 escuelas públicas ya implementan el modelo y el Gobierno proyecta extenderlo a todos los centros públicos del país durante los próximos 18 meses, según Bukele. El presidente reconoció que el proceso enfrentará dificultades relacionadas con infraestructura, conectividad, adaptación docente y las diferentes condiciones sociales y económicas de las comunidades.

    Bukele señaló que una prueba de mayor alcance llegará con los resultados nacionales de PISA previstos para 2029, que permitirán evaluar el desempeño del país y determinar si los avances observados en las 171 escuelas se extienden al resto del sistema.

    El mandatario definió el piloto como una prueba inicial del modelo y sostuvo que la siguiente etapa buscará comprobar si los resultados pueden reproducirse primero en más de 1,000 centros y posteriormente en todas las escuelas públicas salvadoreñas.

     

  • MAG inicia venta de concentrado lechero para ganado afectado por la sequía en oriente

    MAG inicia venta de concentrado lechero para ganado afectado por la sequía en oriente

    El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) comenzó la venta de Lechero Plus Fórmula +18, un suplemento nutricional para fortalecer la producción lechera en medio de la crisis climática provocada por la disminución de lluvias en la zona oriental.

    La institución detalló que el concentrado tiene un precio de $14 por quintal. Explicó que este suplemento cuenta con un alto nivel de proteína y una fórmula balanceada para complementar la alimentación del ganado y favorecer las condiciones productivas de los ganaderos.

    Malon Reyes, director general de Ganadería del MAG, señaló que “este alimento ayudará a paliar las necesidades nutricionales de los animales que han sido afectados en la parte norte de la zona oriental”.

    Cada productor puede adquirir hasta cuatro quintales al precio preferencial. El MAG explicó que los ganaderos deben presentar la matrícula de fierro de su ganado bovino.

    Citada en un comunicado del MAG, Yolibeth Sosa, productora de oriente con 23 cabezas de ganado, aseguró que anteriormente adquiría el quintal de concentrado lechero a $23, por lo que el precio preferencial ofrecido por el MAG representa un ahorro de $9.

    Este dinero, añadió, servirá para comprar otro tipo de alimentos para sus animales.

    La zona oriental fue la más afectada por los tres períodos de sequía registrados este año, que sumaron en conjunto 73 días. Esto afectó el desarrollo del pasto para alimentar al ganado, al tiempo que los productores de granos básicos suspendieron sus cultivos.

    El primer período de sequía se desarrolló del 23 de junio al 12 de julio, con 20 días secos consecutivos. El segundo comenzó el 13 de julio y se prolongó hasta el 6 de agosto, con 25 días, mientras que el tercero tuvo lugar del 7 de agosto al 3 de septiembre, con una duración de 28 días.

  • Cerrarán paso en el bulevar Merliot desde esta noche, ¿cuál es la razón?

    Cerrarán paso en el bulevar Merliot desde esta noche, ¿cuál es la razón?

    A partir de las 10:00 de la noche de este lunes, 7 de septiembre, el Viceministerio de Transporte (VMT) cerrará el paso sobre el bulevar Merliot en Santa Tecla, debido a labores en la caja de aguas residuales sobre esta vía, hasta el mediodía del martes.

    La institución compartió un mapa donde se muestra el cierre y advirtió que restringirán el paso en la intersección con la calle La Cañada, en el sentido hacia el bulevar Monseñor Romero, frente al supermercado con el mismo nombre. Esta vía es la que conecta desde el redondel El Platillo al bulevar Monseñor Romero.

    De igual manera, el VMT instó a los automovilistas a planear sus rutas y compartió algunas rutas alternas, tal es el caso de la calle La Cañada, que conecta con la calle El Pedregal, la avenida Jerusalén y posteriormente el bulevar Monseñor Romero.

    O por el otro lado, la misma calle El Pedregal que conecta con la calle Chiltiupán, pasando por la 7a avenida Norte hacia el bulevar Monseñor Romero.

    Las autoridades señalaron que el paso estará controlado mientras dure el cierre por las labores.

     

  • La Fesfut respalda expulsión del aliancista Mier ante el Águila

    La Fesfut respalda expulsión del aliancista Mier ante el Águila

    La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) respaldó este lunes la expulsión del jugador de Alianza Matías Mier durante el partido contra Club Deportivo Águila, disputado el domingo 6 en el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel.

    La Dirección de Arbitraje de la federación indicó que apoya la decisión del árbitro Jaime Herrera de mostrar tarjeta roja al futbolista uruguayo por considerar que realizó una acción provocativa dirigida hacia los aficionados del conjunto migueleño.

    La expulsión ocurrió al minuto 74 del encuentro, cuando Herrera sancionó a Mier después de un ademán hacia la hinchada de Águila. La decisión fue revisada mediante el protocolo de Soporte de Video para el Fútbol (FVS), luego de que el cuerpo técnico de Alianza solicitara su utilización.

    Mier negó haber hecho el gesto donde parece tocarse los genitales y sostuvo que solo estaba acomodándose el short.  Pero tras revisar las imágenes, el árbitro mantuvo la tarjeta roja.

    La Fesfut explicó que la determinación se encuentra respaldada por los criterios establecidos dentro de las infracciones que deben sancionarse con expulsión en las Reglas de Juego de la IFAB.

    La federación citó específicamente la disposición que establece que «se deberá expulsar al jugador por emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante.» La Dirección de Arbitraje sostuvo que la acción protagonizada por Mier se enmarca dentro de ese criterio.

    La Fesfut aseguró además que las imágenes captadas por las cámaras utilizadas para el FVS permiten observar el momento que motivó la sanción. La institución acompañó su comunicado con un extracto de las tomas correspondientes a la jugada.

    La expulsión se produjo durante un encuentro que terminó con empate 2-2 entre Águila y Alianza, correspondiente a la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga GanaPlay. El partido estuvo marcado por expulsiones, cruces de palabras y goles entre ambos conjuntos.

     

  • Votan a favor de distribuir remanente de títulos valores para agromercados, condiciones carcelarias, atracción de visitantes e inversionistas y funcionamiento institucional 2026

    Votan a favor de distribuir remanente de títulos valores para agromercados, condiciones carcelarias, atracción de visitantes e inversionistas y funcionamiento institucional 2026

    Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron este lunes el dictamen favorable que distribuye $97 millones de deuda obtenida por el gobierno a través de títulos valores entre varias instituciones del Estado.

    La subdirectora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Arce, afirmó hoy que los recursos servirán para «obligaciones prioritarias e ineludibles que deben ser atendidas durante el segundo semestre del presente año».

    «Se dispone a la fecha de un remanente de $97 millones que pueden ser utilizados para atender las necesidades ya mencionadas», explicó a los diputados.

    La funcionaria no hizo más detalles de los que están incluidos en la solicitud publicada la semana pasada, es decir, los fondos servirán para que algunas instituciones puedan funcionar el resto del año 2026 y también para condiciones carcelarias mínimas, agromercados, litigios, «territorialización de políticas públicas», eventos internacionales y acciones de promoción del país como destino turístico para atraer «visitantes e inversionistas».

    En Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) recibirá $37 millones para los “fortalecimiento de agromercados, y otros gastos de logística y operatividad institucional”

    Seguridad Pública y Justicia recibirá $30 millones para «garantizar una gestión eficiente en el proceso de rehabilitación de los privados de libertad, dándole cumplimiento a las condiciones mínimas de detenciones».

    Gobernación recibirá $9 millones para “fortalecimiento institucional a efecto de poder continuar articulando las diferentes niveles de gobierno y actores que contribuyen a la territorialización de las políticas públicas».

    La Fiscalía General de la República recibirá $2.7 millones para «litigios internacionales y gastos de funcionamiento institucional».

    La Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) recibirá $2 millones de la deuda para «acciones estratégicas de promoción del país como destino turístico competitivo para la atracción de visitantes e inversionistas».

    El Ministerio de Turismo recibirá de estos fondos provenientes de deuda $1 millón para el «desarrollo de eventos internacionales de alto impacto para el fortalecimiento sostenible del sector turístico».

    También recibirá $10 millones la Dirección de Integración para «servicios de transporte, alimentación, procesos formativos y entrega de becas del programa Florecimiento Salvadoreño”.

    Además, recibirán para «fortalecimiento institucional del último trimestre», «continuidad operativa» y «gastos de funcionamiento» del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

    Y el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) recibirá $1,189,835 «para cubrir el pago de emisión gratuita del DUI por primera vez», según Arce.

    Todos los fondos provienen de deuda emitida y colocada por Hacienda de autorizaciones de títulos valores por $344 millones el 11 de noviembre de 2025 y de $100 millones el 15 de abril de 2026. De ambas colocaciones quedaron saldos disponibles de $77 y $20 millones, respectivamente.

  • Organizaciones y familiares denuncian “tácticas dilatorias” ante nueva suspensión de juicio de exveteranos

    Organizaciones y familiares denuncian “tácticas dilatorias” ante nueva suspensión de juicio de exveteranos

    Organizaciones sociales y familiares de los 11 procesados acusados de planificar supuestos actos de terrorismo en mayo de 2024 denunciaron este lunes que la suspensión del juicio, programado originalmente para desarrollarse del 7 al 11 de septiembre,  responde a «tácticas dilatorias» por parte del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado  y de la Dirección General de Centros Penales.

    Durante una conferencia de prensa celebrada este lunes, representantes del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) y del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) catalogaron las razones del tribunal como no válidas.

    La exdiputada del FMLN y vocera de Cofappes, Lourdes Palacios, calificó como «poco creíble» que las citas médicas de los detenidos hayan sido programadas precisamente para los mismos días en que debía instalarse la vista pública.

    “Si el sistema judicial y la Dirección de Centros Penales no pueden asegurar la conexión virtual, deberían trasladar a los detenidos y realizar la audiencia de manera presencial”, sostuvo la representante, argumentando que las consultas médicas ordinarias pudieron programarse para fechas posteriores a la audiencia.

    En un comunicado conjunto leído por familiares de los procesados, se señaló que las constantes suspensiones podrían tener el objetivo de «prolongar el proceso judicial el mayor tiempo posible» ante lo que califican como una «imposibilidad de establecer una condena debido a la falta de pruebas» en el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR).

    Señalamientos por debilidad probatoria y salud

    La representación de las familias insistió en que la acusación fiscal carece de sustento científico y documental, recordando que publicaciones periodísticas confirmaron que la FGR no incluyó en su nómina de testigos al denunciante anónimo que originó el caso en mayo de 2024. Según la defensa técnica, al no estar acreditada la existencia ni identidad de dicha persona en el expediente, el testimonio no podrá desfilar en el juicio.

    Por su parte, Rafael Paz Narváez, del BRP, manifestó preocupación por el estado de salud de los privados de libertad. De los 11 procesados, 10 permanecen en detención provisional y adolecen de enfermedades crónicas y degenerativas.

    De acuerdo con la resolución judicial de suspensión, el procesado José Santos Melara, de 60 años, tiene programada una cita este 11 de septiembre en el hospital Zacamil por una obstrucción nasal crónica, previendo una cirugía de tabique (septoplastía) para el próximo 28 de septiembre.

    La defensa de Melara ha externado previamente sus reservas ante esta intervención médica, señalando además el deterioro en la movilidad de sus manos y la irregularidad en la administración de su tratamiento de insulina.

    La audiencia única abierta, que equivale a la vista pública del caso, fue suspendida de manera repentina la tarde noche del viernes 5 de septiembre. El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, Jueza 3, argumentó para esta nueva postergación fallas en la conexión virtual desde el penal de Santa Ana y la coincidencia de citas médicas programadas para varios de los imputados durante esta semana. Esta es la segunda ocasión en que se aplaza la diligencia, luego de que el pasado 11 de agosto se alegaran problemas técnicos de transmisión similares. Tras la suspensión, la jueza esperará los informes médicos para reprogramar el juicio.

  • Por $30 la hora, robots humanoides ofrecen servicios de limpieza en San Francisco

    Por $30 la hora, robots humanoides ofrecen servicios de limpieza en San Francisco

    Una empresa de robótica de San Francisco (California) ha comenzado a implementar un programa piloto que ofrece limpieza del hogar y oficinas realizada por robots humanoides por $30 la hora, una iniciativa que pretende extender a todo el país y el extranjero, que no es vista con buenos ojos por trabajadoras domésticas.

    La compañía emergente Tau Robotics ha puesto en marcha los servicios de robots humanoides como Chelsea y Elon, que, por ahora, realizan tareas domésticas como pasar la aspiradora, limpiar las encimeras de la cocina y sacar la basura.

    Alex Koch, director ejecutivo y cofundador de Tau Robotics, dijo a CBS que el objetivo inicial es entrenar a los robots para «imitar el desempeño humano» y, posteriormente, para superarlo.

    Actualmente solo se puede hacer una reserva de los robots por invitación, lo que limita el acceso del servicio de limpieza a todo el público.

    Cada visita consiste en una limpieza de una hora: el robot comienza a la hora que elija el cliente y termina 60 minutos después, según explica la compañía en su página.

    Dos robots pueden trabajar simultáneamente durante esa misma hora, lo que permite limpiar espacios más grandes en el mismo intervalo de tiempo. El pago de 30 dólares se realiza por robot.

    La compañía aclara que por el momento los baños y dormitorios están fuera de los límites de limpieza.

    Cada servicio es supervisado remotamente por una persona, por lo que el robot solo entrará en estas estancias si el cliente lo solicita.

    Asimismo, el usuario puede indicar qué habitaciones, áreas u objetos debe evitar el robot.

    Koch explicó que los robots, cuya fabricación cuesta 50.000 dólares cada uno, utilizan inteligencia artificial. No obstante, esta tecnología no puede controlar por sí sola un robot humanoide en su totalidad, por lo que una persona lo opera desde una ubicación central con la asistencia de la IA.

    Los operadores pueden intervenir si los dispositivos se quedan atascados en alguna tarea concreta. Estos supervisores utilizan gafas de realidad virtual que les permiten ver los espacios a través de los ojos de los robots.

    Koch ha celebrado en su cuenta de X la buena acogida de su propuesta y ha señalado a CBS que la empresa planea aumentar su capacidad hasta alcanzar las 1.000 limpiezas semanales en San Francisco para 2027, y posteriormente expandirse a otras ciudades de Estados Unidos y al extranjero para 2028.

    ¿El reemplazo de las trabajadoras domésticas?

    La propuesta de Tau Robotics hace parte de una tendencia de las grandes compañías de electrodomésticos como LG para ofrecer robots humanoides que ayuden con el quehacer doméstico. El gigante coreano presentó en enero pasado a LG CLOiD, diseñado para realizar y coordinar tareas domésticas mediante la interacción con electrodomésticos conectados.

    Estas nuevas tecnologías han desatado preocupación entre personas que trabajan en este sector. «Poco a poco pareciera que nos quieren desplazar”, dice a EFE María Ramírez, una inmigrante que ha trabajado en la limpieza por cerca de 25 años en Los Ángeles.

    Sin embargo, la trabajadora cree que es muy difícil que logren sustituirla. «No creo que vayan a tener la capacidad de limpiar al detalle como nosotros, ni de limpiar como a los clientes les gusta, porque cada persona tiene sus preferencias y necesidades diferentes», agrega.

    El profesor de ingeniería de la Universidad de California en Berkeley, Ken Goldberg, coincide con Ramírez sobre las capacidades de los robots humanoides para la limpieza del hogar.

    En declaraciones a ABC, el experto dijo que se sorprendería mucho que los robots de Tau pudieran realizar una labor de limpieza del hogar «mínimamente útil».

    Advirtió que incluso recoger objetos del suelo sigue siendo un desafío para los robots hoy en día. Y tareas como barrer y limpiar superficies, como las encimeras o las zonas debajo de los muebles, resultan muy difíciles para estas máquinas.

    Goldberg también señaló los posibles problemas de privacidad de datos con la información que recolecta el robot en cada casa para poder operar.

    Koch ha defendido su propuesta anotando que sus robots están ampliando el mercado porque muchos de sus clientes son personas que no contaban con personal de limpieza o que no recurrían a ellos con frecuencia.