La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó este lunes una audiencia pública sobre la situación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y su papel en el régimen de excepción.
La comisionada Andrea Pochak, quien presidió la audiencia, lamentó la ausencia estatal.
El exprocurador David Morales, director del programa de Litigio de la asociación Cristosal, calificó la ausencia de la PDDH de deplorable y aseveró que «denota la falta de independencia del Poder Ejecutivo».
Morales recordó que la PDDH tiene rango constitucional, posee potestades para investigar violaciones a derechos humanos, entrevistar libre privadamente a testigos, realizar inspecciones, puede pedir documentos a cualquier autoridad y activar la justicia, debe velar por las personas privadas de libertad.
El representante aseguró ante la CIDH que la institución ha abandonado el ejercicio de su misión en un retroceso democrático y que «el último pronunciamiento» fue en febrero de 2021 «en rechazo a la toma militar de la Asamblea Legislativa por el presidente Bukele un año antes» pero que luego de las destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, fiscal general y jueces, «solo adoptó posturas ambiguas» y dicha tolerancia de la PDDH «se agravó a partir» del régimen de excepción.
Según el representante de Cristosal, que asegura ha habido «crímenes de lesa humanidad» en el régimen de excepción, la PDDH no tiene resoluciones definitivas ni informes de verificación de derechos humanos ni medidas cautelares sobre las violaciones a derechos o impactos del régimen de excepción, como tampoco recomendaciones para ratificar tratados, ni opinión sobre las reformas a la Constitución que han «socavado el pluralismo electoral» y la participación de las minorías.
Morales aseveró que de 2022 a 2025 las organizaciones han registrado «casi 1,400 agresiones a personas defensoras» desde el ámbito digital, agresiones directas, detenciones arbitrarias y «exilio de más de 80 personas» el año pasado, ni opinión sobre el impacto de la Ley de Agentes Extranjeros.
El representante de Cristosal también advirtió que no ha habido, de parte de la PDDH, una verificación del debido proceso judicial de personas defensoras u opositoras criminalizadas como la abogada Ruth López, el abogado constitucionalista Enrique Anaya y el activista Fidel Zavala, ni sobre el proceso judicial contra miembros de la Alianza El Salvador en Paz, quienes fueron acusados de terrorismo el 31 de mayo de 2024, un día antes de la toma de posesión del segundo periodo de Nayib Bukele.
Por su parte, Verónica Reyna, del Centro de Investigación e Incidencia para Centroamérica, recordó que la procuradora de derechos humanos afirmó que no había recibido denuncias de tortura pese a registros de 22 casos de tortura reportados de la misma institución.
A ello agregó que las organizaciones han registrado aproximadamente 7,000 denuncias, la mayoría por detenciones arbitrarias, 540 por desaparición forzada, 900 casos de tratos crueles entre los cuales habría tortura y más de 400 muertes de personas detenidas.
Indicó que en otra ocasión la funcionaria afirmó «no creo que haya inocentes, la mayoría de ellos tienen tatuajes en todo su cuerpo, es impresionante» y que se burló de las condiciones de detención de Ruth López.
El presidente del Colegio Médico, Iván Solano, quien estaba en la audiencia, reveló que tienen documentado casos de extrabajadores de Salud que han buscado el apoyo o audiencia de la PDDH y no han tenido una respuesta satisfactoria.
También en la audiencia pública, Ángel Flores, de Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), afirmó que tienen documentado que más de 64 comunidades rurales enfrentan procesos de desalojo y criminalización.
