Quien diga que El Salvador no ha tenido alternativas para comenzar a resolver sus problemas estructurales, en beneficio de toda su población y no solamente de alguna minoría privilegiada, falta a la verdad. Hubo chances desperdiciados a lo largo de casi cinco décadas; fueron importantes eventos que aparecieron en el escenario como posibilidades reales para cambiar lo que ha generado –esté quien esté en el Gobierno– los grandes males que hicieron surgir y crecer nuestra diáspora: el hambre y la sangre entre las mayorías populares. Dicho de otra forma, la exclusión económica y social junto a la violencia en sus diversas y brutales expresiones: desde la política, tanto la oficialista que permanece como la guerrillera en su momento, hasta la generada por la delincuencia organizada. Todo ello, junto a otro mal que persiste: la enorme deuda en lo relativo a la debida impartición de justicia.
Un breve repaso a ese particular devenir histórico, negativo y recurrente, remite a los primeros días de abril en 1944 cuando se produjo un golpe de Estado contra Maximiliano Hernández Martínez. Este salió airoso del mismo y, mediante un Consejo de Guerra, condenó a muerte a 44 rebeldes de los cuales mandó a fusilar a trece militares y un civil. Tras estos hechos se organizó y consumó una huelga general de brazos caídos, que forzó al tirano a presentar su renuncia y abandonar el territorio nacional. Su reemplazo fue otro general: Andrés Ignacio Menéndez, quien se asegura quiso convocar a elecciones y darle brochazos de democracia al país. No duró mucho: fue derrocado el 21 de octubre de 1944 y su lugar lo ocupó el coronel Osmín Aguirre y Salinas, con quien quedó atrás la dictadura personalista y surgió la sistémica. Fue, pues, una coyuntura desaprovechada.
Después la silla fue ocupada por generales, coroneles, un teniente coronel y un mayor; hubo entre estos un par de candidatos únicos. Se instaló un Consejo de Gobierno Revolucionario, con tres militares y dos civiles; también cuatro Juntas de Gobierno, con uniformados y sin uniforme, y un Directorio Cívico Militar. No faltó un presidente provisional. Así, sin mayores inconvenientes y con una represión dosificada, los poderes fácticos manejaron las cosas a su favor en una sociedad sometida.
Pero en 1972 y 1977 el escenario anterior se destanteó durante las elecciones presidenciales con la irrupción de la Unión Nacional Opositora, conocida como “la UNO”. Esta coalición la integraon tres partidos: el democristiano, el socialdemócrata y el comunista “disfrazado” con bandera de “democrático” y “nacionalista”, por estar prohibida constitucionalmente su participación en esas “justas”. Dos descarados fraudes electorales impidieron que el país aprovechara esas oportunidades para empezar a recorrer un camino diferente –el de la apertura política– y se alejara del de la guerra.
Luego se llegó al 15 de octubre de 1979, cuando la llamada “juventud militar” le “dio en la nuca” al general Carlos Humberto Romero, “electo” tramposa y violentamente como jefe de Estado casi tres años atrás. En su “Proclama”, esta presentó un diagnóstico objetivo de la realidad nacional reconociendo que la administración derrocada era ilegítima por ser impuesta, haber violado derechos humanos, corromper la cosa pública y la justicia, crear el caos económico y social, además de desprestigiar al país y a la institución militar.
E iba más allá, reconociendo los problemas estructurales y admitiendo que sus causas últimas se encontraban en el sistema económico y político que negaba la dignificación de las personas; también señalaba responsables –por acción u omisión– de ello, destacando en ese escenario los sectores conservadores que impedían cambios significativos por afectar sus intereses egoístas. Pero fue otra posibilidad desperdiciada.
Eso pasó hace 47 años y le siguió el incremento de la violencia represiva gubernamental y las acciones guerrilleras, también violentas, hasta llegar al conflicto bélico que finalizó con los acuerdos de paz alcanzados que no fueron ninguna farsa, como dijo aquel. El primero, doloroso pero real; los segundos también, aunque no hayan sido cumplidos a cabalidad. Así se desperdició otra mejor ocasión para adecentar el país y ahora estamos como estamos: viviendo en uno cuya estructura es definida, dentro y fuera del mismo, como la de una dictadura al nivel de las de Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Su figura principal, casi única, recién se fue de boca diciendo que tenía un plan para liberar a un considerable porcentaje de personas detenidas en el marco de su perenne régimen de “excepción”. ¿Para qué, entonces, está el sistema de justicia? Para fines “cosméticos”, pues. Y es que aunque intentó desdecirse, como reza la máxima jurídica, “a confesión de parte relevo de pruebas”. En fin: no salimos de una y ya estamos en otra.
