Cuando la política y las altas finanzas se desploman, el deporte suele pagar buena parte de los platos rotos. Paraguay lo comprueba esta semana a raíz de la caída de Ueno bank, un actor protagonista en el deporte del país y uno de los patrocinadores más visibles de su fútbol.
El Banco Central del Paraguay (BCP) decidió abrir el 2 de noviembre el procedimiento de resolución de Ueno bank por insolvencia. La entidad tenía cerca de tres millones de clientes, alrededor del 60% de la población adulta del país, así como unos 850 millones de dólares de fondos públicos colocados.
Los activos y pasivos en el banco han quedado congelados y el BCP ha iniciado las devoluciones a las cuentas amparadas por el Fondo de Garantías, que cubre hasta los 75 salarios mínimos por persona física o jurídica (unos 38.622 dólares actuales). Sin embargo, no se sabe qué ocurrirá con las cuentas con saldos superiores a ese tope.
Al presidente Santiago Peña, quien fue accionista del grupo controlador del banco hasta 2025, el Senado lo destituyó en juicio político. La Fiscalía lo imputó por lesión de confianza y administración en provecho propio, y un juez decretó su prisión preventiva el 7 de noviembre mientras avanzan las investigaciones.
Ueno daba el nombre comercial del torneo de Primera, aparecía en las camisetas de Olimpia y Cerro Porteño y en un contrato de 12 millones de dólares por 4 años con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), que vencía este 2026. Esta semana, ambos clubes taparon el logo del banco.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tenía 85.470 millones de guaraníes, unos 14,3 millones de dólares, en certificados de depósito de ahorro hoy inmovilizados.
El organismo asegura que equivalen a cerca del 2.5% de sus ingresos y que ni las finales de sus más emblemáticos torneos ni los millonarios premios corren riesgo.
La incógnita es cuándo y cuánto recuperará la Conmebol.
El golpe más humano está en los futbolistas. El abogado Rodrigo Codas, que asesora a unos diez internacionales paraguayos, calcula un perjuicio colectivo cercano a 10 millones de dólares, y la prensa paraguaya atribuye al seleccionador Gustavo Alfaro entre 7 y 10 millones, una cifra que él no ha confirmado.
El tope del fondo de garantía de 38,000 dólares por depositante ni se acerca a esas cifras.
La mala historia se repite
No es la primera vez. En mayo de 2001 quebró en Suiza la International Sport and Leisure (ISL), la agencia que comercializaba los derechos de televisión y marketing de la FIFA, con deudas de unos 300 millones de francos suizos.
La justicia de la región suiza de Zug, encargada del caso, reveló que entre 1989 y 2001 ISL repartió 138 millones de francos en comisiones a dirigentes del deporte.
Los documentos publicados en 2012 atribuyeron cerca de 22 millones entre 1992 y 2000 en comisiones ilegales a cuentas ligadas a Joao Havielage, presidente de la FIFA entre 1974 y 1998; y al que fuera su yerno, Ricardo Teixeira, quien presidió la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) durante 23 años a partir de 1989.
Havelange renunció a su cargo de presidente de honor de la FIFA en 2013 para evitar sanciones.
La FIFA concluyó después que Havelange y Teixeira, así como el paraguayo Nicolás Leoz, quien por 27 años dirigió la Conmebol, recibieron sobornos, pero no hubo condena penal: aceptarlos entre particulares no era delito en Suiza.
Joseph Blatter, quien presidió la FIFA de 1998 a 2015, fue exonerado, aunque calificado de torpe.
El impacto en los clubes sudamericanos fue devastador. Los contratos vigentes se congelaron en los tribunales de liquidación, la Conmebol redujo drásticamente los premios por participación en la Copa Libertadores y las entidades se vieron en la obligación de vender a sus figuras jóvenes.
La secuela estalló el 27 de mayo de 2015 en Zúrich con la redada del hotel Baur au Lac de Zúrich: Estados Unidos acusó a 14 dirigentes y empresarios de recibir más de 150 millones de dólares en sobornos durante 24 años.
Quedaba al descubierto el ‘FIFAGate’.
En la región la crisis descabezó por completo el liderazgo del fútbol: en diciembre de 2017, el paraguayo Juan Ángel Napout, entonces presidente de la Conmebol, y José María Marín, jefe de la CBF, terminaron en prisiones federales.
También fueron declarados culpables el caimanés Jeffrey Webb, por entonces presidente de la Concacaf y el paraguayo Leoz, quien murió bajo arresto domiciliario el 28 de agosto de 2019.
En 2021, Washington reconoció pérdidas por más de 201 millones a FIFA, Concacaf y Conmebol como víctimas del esquema.
Colombia y Chile también
En Colombia, Interbolsa fue intervenida a comienzos de noviembre de 2012. Su Fondo Premium, con sede en Curazao, administraba unos 174 millones de dólares de cerca de 1,200 inversionistas. Según la Fiscalía, más de 110 millones fueron a especular con acciones de Fabricato, una de las empresas textileras más tradiciones del país.
Los empresarios Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo terminaron condenados. Ortiz tenía acciones del club bogotano de fútbol Millonarios. La Superintendencia de Sociedades intervino alrededor del 4 % y aclaró que no afectaría el funcionamiento de la entidad.
Chile vivió su réplica hace exactamente 11 años, en noviembre de 2015. Sergio Jadue, presidente de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP), dejó el país para colaborar con el FBI, admitió sobornos por unos 2,2 millones de dólares y se declaró culpable en Estados Unidos. Once años después sigue sin sentencia tras 16 aplazamientos.
El patrón es la dependencia: cuando una federación, un club o una confederación apoyan su caja, su patrocinio y hasta los ahorros de sus figuras en una misma entidad, el colapso de esa entidad se vuelve un problema deportivo.
