La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este miércoles el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), una megacárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo penitenciario del presidente salvadoreño Nayib Bukele, con la que el Gobierno pretende enfrentar el avance del narcotráfico y las organizaciones criminales en el país centroamericano.
La nueva prisión, cuya construcción representó una inversión aproximada de $35 millones, tiene capacidad para albergar a 5,100 privados de libertad considerados de alta peligrosidad. Los reclusos permanecerán bajo estrictas medidas de seguridad y deberán utilizar uniformes de color naranja.
El complejo está ubicado junto a la cárcel de máxima seguridad La Reforma, en San Rafael, provincia de Alajuela, a unos 25 kilómetros de San José.
El proyecto comenzó a construirse en enero de este año, durante la administración del entonces presidente Rodrigo Chaves, quien participó junto a Nayib Bukele en el acto oficial que marcó el inicio de las obras.
Chaves ocupa actualmente los cargos de ministro de la Presidencia y de Hacienda en el Gobierno de Fernández, quien mantiene la estrategia de endurecimiento de las medidas penitenciarias impulsada por su antecesor.
Durante la inauguración, la mandataria defendió la implementación de un régimen penitenciario más estricto, aunque aseguró que las autoridades mantendrán el respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad.
«El Cacco es un modelo nuevo, un modelo de mano dura, Costa Rica será un referente mundial de la seguridad penitenciaria, vamos a ejercer mano dura porque el que la hace la tiene que pagar. Pero a la vez vamos a honrar la tradición costarricense de apegarse al respeto de los derechos humanos fundamentales que deben mantener las personas que van a vivir aquí», destacó Fernández en la inauguración.
¿Por qué Costa Rica construyó una megacárcel?
La construcción del Cacco responde al incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado en Costa Rica, un país históricamente reconocido por sus niveles de estabilidad y seguridad.
Durante los últimos años, las autoridades registraron alrededor de 900 homicidios anuales, de los cuales atribuyen un 70 % a actividades vinculadas con organizaciones criminales y el tráfico de drogas. Las investigaciones también permitieron desarticular estructuras con conexiones con carteles mexicanos y colombianos.
La posición geográfica de Costa Rica convirtió al país en un punto estratégico para el tránsito, almacenamiento y reexportación de cocaína procedente de Suramérica, según las autoridades judiciales. En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 46.5 toneladas de cocaína, la segunda mayor incautación de su historia, únicamente superada por las 47.1 toneladas registradas en 2020.
Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó el pasado 16 de septiembre a Costa Rica entre los 23 países señalados en la Determinación presidencial para el año fiscal 2027 sobre las principales rutas de tránsito de drogas ilícitas.
Como parte de las acciones contra el narcotráfico, el Congreso costarricense aprobó en mayo de 2025 una reforma constitucional que permite extraditar a ciudadanos nacionales. Entre los narcotraficantes entregados a Estados Unidos figuran Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca; el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa; Edwin López, conocido como Pecho de Rata, y Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre, colombiano naturalizado costarricense.
El Gobierno pretende recluir en el Cacco a delincuentes de perfiles similares, incluidos integrantes de organizaciones dedicadas a la distribución de drogas, operaciones logísticas y sicariato.
Gobierno endurece restricciones en las cárceles
La administración de Fernández también implementó nuevas disposiciones para limitar «privilegios» dentro del sistema penitenciario. Entre las medidas destacan la reducción de visitas conyugales, restricciones a los recipientes de alimentos y prendas de vestir entregados por familiares, el retiro de enchufes y cables eléctricos de las celdas y el cierre de establecimientos comerciales dentro de las prisiones. Paralelamente, las autoridades desarrollaron programas para que los reclusos participen en labores de limpieza de maleza en carreteras.
La presidenta también solicitó este miércoles al Congreso avanzar en la aprobación de un paquete de reformas de seguridad, entre ellas una iniciativa para permitir que los privados de libertad trabajen de manera remunerada en empresas.
Según la propuesta, los ingresos obtenidos se destinarían a financiar su manutención, contribuir al sostenimiento de sus familias, reparar a las víctimas y constituir un ahorro personal, como parte de la política gubernamental para combatir la criminalidad.
