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Al menos cinco personas han muerto y varias docenas más han resultado heridas este sábado cuando un hombre irrumpió con un coche en la plaza mayor de Cracovia, en el sur de Polonia, y comenzó a disparar al azar a transeúntes, informó la Policía, que ha detenido al atacante.

La Policía indicó en la red social X que el ataque indiscriminado se produjo alrededor de las 15.00 hora local (8:00 a.m. de El Salvador).

Explicó que los agentes abrieron fuego contra el hombre, quien resultó herido y fue trasladado a un hospital.

En el incidente, «cinco personas han fallecido y varias docenas están heridas», afirmó la Policía, que ha desplegado un operativo de emergencia en el lugar.

En imágenes emitidas por la cadena PolSat, se puede ver un vehículo Subaru de color oscuro circulando a toda velocidad por la calle Szewska, una de las vías peatonales que salen de la plaza mayor cracoviense, que supuestamente conducía el autor del ataque.

Tras perpetrar su ataque cerca de la emblemática iglesia de Santa María, el hombre intentó darse a la fuga en el coche, pero fue interceptado y detenido.

Según testigos presenciales, el ataque fue indiscriminado y se dirigió contra los grupos de turistas y paseantes que llenaban las terrazas de la plaza de la ciudad, un lugar muy concurrido especialmente los fines de semana.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que está siendo informado puntualmente por el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, sobre la situación en Cracovia y que la policía está investigando el trasfondo y todas las circunstancias «del atentado».

Kierwiński se está trasladando a Cracovia en estos momentos, según dijo a la agencia PAP una portavoz del Ministerio del Interior.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, expresó su «enorme preocupación» por «los trágicos acontecimientos ocurridos en el centro de Cracovia» y dijo estar pensando en las víctimas, los heridos y sus familias.

El jefe de Estado dijo que también el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional va de camino a Cracovia y que espera que «se esclarezcan por completo las circunstancias de estos dramáticos acontecimientos».

El ministro de Defensa Nacional, Władysław Kosiniak-Kamysz, aseguró por su parte que «todas las circunstancias y motivos de este suceso serán investigados minuciosamente».

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumple este 8 de noviembre el primer año de una gestión marcada por algunos ajustes para intentar resolver la crisis económica que arrastra el país y turbulencias políticas como la polémica por la presunta influencia del consultor político argentino Fernando Cerimedo en su Gobierno.

La llegada de Paz al poder supuso el inicio de un nuevo ciclo político y económico en Bolivia tras 20 años de los Gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), ambos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Los detractores políticos del Gobierno cuestionan la lentitud para realizar las transformaciones de fondo sobre todo en la economía, mientras que los sindicatos y organizaciones sociales que fueron aliados políticos del MAS han promovido protestas contra los cambios.

Estas son algunas claves del primer año del Gobierno de Paz:

1. Giro exterior
Con la consigna de poner a «Bolivia en el mundo», Paz optó por un giro en la política exterior luego de dos décadas de «aislamiento» por razones ideológicas.

Esto supuso acercamientos con países con los que estaban enemistados Morales y Arce, principalmente con EE.UU., lo que se manifestó en la decisión de Paz de ser parte del Escudo de las Américas que impulsa el Gobierno de Donald Trump y el retorno de la cooperación estadounidense para la lucha antidrogas.

Dentro de un «nuevo ciclo» con Chile, aunque sin dejar de lado la centenaria reclamación marítima boliviana, Paz recibió en octubre en La Paz a su par chileno, José Antonio Kast, en un encuentro considerado histórico porque fue la primera visita oficial de Estado de un presidente de ese país a Bolivia en 71 años.

2. Economía y conflictos
El cambio de Gobierno ocurrió en un contexto de crisis por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustibles y una economía «quebrada» por el declive de la producción de hidrocarburos que durante años fue el sustento del país.

El Ejecutivo trató de estabilizar la economía con medidas como el retiro parcial de la subvención a los combustibles, el paso de un régimen cambiario fijo a uno flexible y un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,900 millones.

Estas reformas y otras anunciadas son rechazadas por sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), los campesinos y sectores leales a Evo Morales que este año protagonizaron dos conflictos grandes, el más fuerte entre mayo y junio, con bloqueos de carreteras que dejaron pérdidas por más de 3.000 millones de dólares.

También hubo conflictos por la mala calidad de la gasolina que ocasionó daños en miles de vehículos, mientras que la persistencia del desabastecimiento de carburantes obligó a intervenir la petrolera estatal YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

3. Agitaciones políticas
Ni bien iniciada la gestión, hubo un quiebre con el vicepresidente Edmand Lara, quien se declaró opositor en diciembre, al considerar que lo marginaron del Gobierno y hace críticas y denuncias constantes contra las autoridades.

Además, en agosto el empresario Samuel Doria Medina, quien fue aliado de Paz desde la segunda vuelta presidencial, retiró su apoyo al Gobierno alegando una preocupación por «la corrupción» y la falta de un cambio «integral» en el Estado.

Desde ese mismo mes también ha estado en la mira la relación del Gobierno con el consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien afronta al menos cuatro causas penales en Bolivia y está encarcelado preventivamente en dos de ellas, por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja y por supuesto enriquecimiento ilícito.

Desde entonces se han difundido alrededor de una decena de audios atribuidos al argentino en supuestas charlas con ministros, familiares del presidente y particulares que, según los detractores de Paz, revelan la influencia de Cerimedo en decisiones del Ejecutivo. La Fiscalía creó una comisión para investigar su autenticidad.

4. Criminalidad y justicia
El Ejecutivo se precia de la captura en marzo del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que luego fue enviado a EE.UU.

En coincidencia con la captura del uruguayo se volvieron recurrentes los asesinatos por encargo, principalmente en las zonas fronterizas con Brasil, lo que las autoridades atribuyen a pugnas territoriales entre organizaciones criminales como las brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho.

En octubre fue encarcelado y destituido el entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca, acusado por el Gobierno de liderar una organización criminal de protección al «narcoterrorismo». Días antes de su detención, EE.UU. le retiró el visado bajo argumentos similares.

Esta semana, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, salió del país y se declaró «perseguido», horas antes de que se conociera que también está investigado dentro de la misma causa abierta contra Mariaca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su país no ha perdido soldados en los últimos seis o siete meses de conflicto con Irán, una afirmación que contradice los registros públicos del Pentágono, que contabilizaban 23 militares estadounidenses muertos desde el inicio de la guerra a finales de febrero.

«No hemos perdido un soldado, en los últimos seis o siete meses», dijo Trump a periodistas cuando actualizaba la situación de la guerra en Medio Oriente.

El propio Trump ha participado en ceremonias militares para recibir los restos de soldados fallecidos durante la guerra.

El 7 de marzo acudió a la base aérea de Dover, en Delaware, para rendir honores a seis militares muertos en un ataque iraní con drones contra una instalación estadounidense en Kuwait.

El 22 de julio volvió a Dover para asistir a la transferencia solemne de los restos de otros cuatro militares estadounidenses muertos en ataques iraníes en Jordania e Irak.

De acuerdo con el registro público del Departamento de Defensa, de los 23 fallecidos desde el comienzo de la guerra, 11 murieron por fuego enemigo y otros 12 en circunstancias no hostiles, incluidos accidentes y enfermedades.

Cerca de 1.2 millones de clientes del extinto Ueno bank en Paraguay han recibido la devolución de sus fondos en los últimos dos días, después de que se anunciara el jueves el inicio del pago de las garantías de depósitos, informó este sábado el Banco Central (BCP).

En una conferencia de prensa tras una reunión con el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, el titular interino de la entidad emisora, Pedro Acosta, detalló que las transferencias ascienden a 996,000 millones de guaraníes o el «equivalente a 160 millones de dólares».

El cierre de Ueno bank por problemas de solvencia desató una de las mayores crisis políticas en este país suramericano, que derivó en la destitución tras un juicio político del presidente Santiago Peña y la renuncia del extitular del BCP Carlos Carvallo, ambos señalados por sus vínculos con la liquidada entidad y actualmente detenidos como parte de un proceso que también involucra a los directivos del banco.

«En los dos días que ya hicimos los pagos, jueves y viernes, ya hemos alcanzado un total de 1,196,000 personas que ya fueron beneficiadas con el pago de la garantía estatal», afirmó Acosta desde el Palacio de López, a donde Alliana acudió muy temprano este sábado, horas después de jurar al cargo.

El titular interino del BCP indicó que la primera tanda de desembolsos abarcó montos desde uno hasta 10 millones de guaraníes (unos 1,601.60 dólares) y una segunda desde 10 millones de guaraníes hasta los 40 salarios mínimos, que equivalen a 121.7 millones de guaraníes (unos 19,787 dólares).

El cierre de Ueno, con 2.94 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes, afectó, entre otros, a unos 32,000 jubilados que recibían sus pagos a través de cuentas en esa institución financiera, donde además están invertidos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las mayores cajas de jubilaciones del país, así como recursos de otras entidades estatales.

Al respecto, el presidente del IPS, Derlis León, anunció en la misma conferencia de prensa que los más de 90.000 jubilados en el país cobrarán sus salarios y aguinaldos «en tiempo y forma» el próximo 17 de noviembre.

De igual forma, explicó que los 32,000 jubilados que recibían sus pensiones en Ueno están terminando el proceso de migración «a 8 bancos de plaza».

El miércoles, un día después de la intervención de Ueno, Peña, entonces en el poder, promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido banco.

El BCP ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

Cincuenta personas, 43 de ellas empresarios, fueron detenidos en la provincia de Barcelona (España) por su presunta vinculación con una red criminal que ganó más de 3.2 millones de euros gestionando la entrada irregular en España de inmigrantes de Pakistán o regularizando su residencia.

La policía informó este sábado de que esta organización criminal captaba ciudadanos pakistaníes que deseaban tener permiso de residencia y trabajo en España, a los que cobraba hasta 30,000 euros, para simular relaciones laborales que les facilitaban la entrada en el país o su regularización administrativa si ya estaban en él.

La red habría llegado a tramitar entre marzo de 2022 y julio de 2023 un total de 224 expedientes de contratación en origen, de los que 108 obtuvieron una resolución favorable.

Los miembros de la red, presuntamente, actuaban como intermediarios entre ciudadanos pakistaníes interesados en regularizar su situación y empresarios que facilitaban contratos laborales y «documentación instrumental» a cambio de dinero.

Pago de 30,000 euros desde Pakistán y de 8,000 si ya estaban en España

La organización captaba a personas en ese país, a los que ofrecía la posibilidad de obtener un visado de trabajo y una autorización de residencia a cambio del pago de elevadas cantidades de dinero.

La red también ofrecía regularizar su situación administrativa a personas que ya estaban en España, a las que proporcionaba contratos laborales simulados.

Las personas que viajaban desde Pakistán llegaban a pagar 30,000 euros, mientras que los pakistaníes que ya estaban en España pero deseaban regularizar su situación abonaban hasta 8.000 euros para acceder a contratos de trabajo simulados, lo que les permitía iniciar el proceso administrativo.

La policía comprobó además durante la investigación que, en algunos casos, las personas contratadas acababan realizando actividades laborales en condiciones precarias o casi de explotación laboral.

La investigación policial ha permitido identificar a doce miembros de la red y a 62 empresarios relacionados con diversos sectores económicos, como establecimientos de alimentación, restauración, reformas o talleres metálicos.

Las detenciones se practicaron en dos fases diferentes, los días 26 y 27 de octubre, y de los siete miembros de la red detenidos, tres han ingresado en prisión por orden judicial.