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Ricardo Navarro, presidente de la organización ambientalista CESTA, lamentó este jueves los altos niveles de contaminación por plástico en el río Grande de San Miguel y aprovechó para solicitar públicamente a la Asamblea Legislativa que legisle para reducir el consumo de plástico desechable en El Salvador.

Navarro recordó que presentaron una propuesta a la Asamblea Legislativa para reducir el uso del plástico desechable. “La Asamblea nunca se dignó discutir la propuesta, menos aprobarla”, afirmó. Señaló que aceptaría que los diputados hagan su propia propuesta. “Tienen la obligación de velar por la salud de la población salvadoreña”, dijo.

El ambientalista expresó su preocupación por los altos niveles de contaminación en el río Grande de San Miguel, y aseguró que “es fácil culpar a la población” de que “es sucia y no deposita la basura en su lugar” o a las alcaldías u otras instancias por ineficientes. “Y algo hay de eso”, comentó.

Pero señaló que no se puede “evadir” la responsabilidad de las empresas que producen el plástico desechable.

“Las empresas de eso hacen el dinero, producen plástico durable, lo cual está bien, verdad; pero ellos prefieren concentrar su producción en lo desechable, porque es algo que uno utiliza una vez y y luego lo bota”, dijo.

Navarro aseguró que las pajillas se usan 5 minutos para beber un líquido y pasan 500 años en la naturaleza generando problemas. Lo mismo ocurre, observó, con las bolsas plásticas y los platos desechables que bien podrían ser sustituidos por bolsas de tela, botellas de vidrio o acero, y platos no desechables.

Además, explicó que cuando las empresas recogen esta basura que flotan en los ríos, se liberan micro y nanopartículas de plástico que son consumidos por los peces, y que terminan en el organismo humano.

“El plástico forma parte de la química de la vida y hay que entender que esto va incrementándose con el tiempo, yo creo que la Asamblea debería tomar la responsbilidad y establecer una legislación en torno a reducir el consumo de plástico desechable”, instó.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó que en el caserío Casamota, cantón El Brazo, en el río Grande de San Miguel, están removiendo la basura que proviene de distintos puntos del país y han terminado en el río grande de San Miguel.

El MOPT también están construyendo un acceso provisional para incrementar la cantidad de equipos en la zona y acelerar los trabajos.

El representante de la Mesa del Transporte, Lucio Vásquez, consideró que la prórroga del subsidio para la estabilización de tarifas de transporte público, aprobada por un año más hasta diciembre de 2027, es «más de lo mismo» ante el aumento de los precios de los combustibles.

«De lo poco que hemos podido conocer, se ha aprobado una prórroga al decreto de la compensación, para nosotros resulta más de lo mismo, nos están poniendo las mismas condiciones que fueron definidas allá por el 2021 cuando fue creado el decreto, cuando las condiciones de los costos operativos no eran a los de hoy, y la tarifa, una tarifa está congelada desde hace más de 20 años», expresó el representante de la gremial.

De acuerdo con el representante, el Gobierno y la población buscan que el sector de transporte realice cambios que considera «tienen toda la razón del mundo» pero sostiene que no se pueden esperar cambios bajo las mismas condiciones financieras.

«Bajo esa reflexión, nosotros lamentablemente nos vamos a mantener sacrificando al pueblo con respecto al tipo de servicio que le estamos dando, la gente se va a seguir quejando», indicó.

«Nos llama la atención de que la gente hace reflexiones, que es una condición natural que a estas alturas del tiempo después de 20 años y mantener los mismos techos de compensación, pedimos una actualización de la tarifa, no queremos algo grande, en vista de la necesidad de nosotros, para poder seguir operando. Una tarifa para poder darle operación al sistema», insistió. El representante gremial calcula que el gasto en combustible absorbe el 70 % de los costos de operación y del 30 % restante deben pagarle a los conductores.

La Asamblea Legislativa extendió hasta el 31 de diciembre de 2027 el subsidio que permite mantener estables o congeladas las tarifas de transporte público, prorrogando por un año más la subvención que concluía el 31 de diciembre de 2026. El decreto de prórroga fue el martes pasado con 58 votos, incluido el de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, mientras Alianza Republicana Nacionalista (Arena) no votó.

El subsidio proviene de la contribución especial de $0.10 por galón de diésel y gasolina, establecido en el artículo 3; y la compensación económica se da a través de $500 mensuales a autobuses y $250 mensuales a microbuses.

El Ministerio de Hacienda proyecta un ingreso de $70,677,091 por el cargo de $0.10 por cada galón de diésel o gasolina para mantener fija la tarifa de transporte público. En 2026, proyectó recibir $60 millones por el mismo cargo. Hasta el 31 de agosto de 2026, Hacienda ha recibido $44.4 millones en dicho cargo.

El director del Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS), Walter Raudales, exhortó este jueves al abstencionismo y al voto nulo en las elecciones de 2027, un día después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocara a los comicios.

Raudales, periodista y escritor que estuvo ligado al FMLN, lanzó oficialmente el Movimiento Izquierda Salvadoreña (MIS) en 2022, con la pretensión de ser una opción política para la defensa de los derechos de la mayoría de la población.

Durante su participación en el programa Diálogo 21, Raudales afirmó que el MIS no participará en el proceso electoral y pidió a quienes acudan a votar que anulen su sufragio. «Nosotros como Movimiento de Izquierda Salvadoreña, se decidió en mayoría que vamos a llamar al abstencionismo, y a los que por alguna u otra razón, obligados por empleo o por otro tipo de motivaciones vayan a votar, que voten nulo», expresó.

Según Raudales, el movimiento considera que el actual proceso electoral es una «farsa» e «inconstitucional», que existe una «mesa inclinada» y que se estaría preparando un «megafraude»

Raudales sostuvo que el abstencionismo representaría una «derrota moral» para el oficialismo y señaló que, desde su perspectiva, la vía electoral ya no es el camino para generar cambios políticos, por lo que llamó a continuar la «lucha política».

Las elecciones del 28 de febrero de 2027 definirán 582 cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia y Vicepresidencia, ambas por primera vez con un periodo de mandato de 6 años, 60 diputaciones propietarias y 60 suplentes, además de los concejos municipales. También, se elegirán seis diputados propietarios y seis suplentes por la inclusión de la diáspora salvadoreña.

El llamado del MIS se da en un contexto de alta abstención registrado en las elecciones de 2024. En la elección presidencial, 2.9 millones de salvadoreños inscritos en el registro electoral no acudieron a votar, equivalente al 47.4 % del padrón electoral, mientras que los votos nulos alcanzaron los 60,027. En las legislativas, se contabilizaron 69,909 votos nulos.

En nivel de participación ciudadana ha sido similar durante las dos elecciones presidenciales más recientes: de 51.88 % en 2019 pasó a 52.6 % en 2024.