El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, junto al fiscal general, Rodolfo Delgado, cuestionaron este martes las resoluciones de algunos jueces de menores que conforman los Tribunales contra el Crimen Organizado en el país, luego de que según lo expuesto por los funcionarios, estos habrían ordenado la liberación de personas capturadas en distintos procesos. Además de esto, el fiscal anunció el inicio de investigaciones por presunta corrupción judicial.
Durante una conferencia de prensa donde los funcionarios del gabinete de seguridad ampliado presentaron a dos bandas que hurtaban motocicletas en San Salvador, señalaron que algunos jueces de menores sin rostro han ordenado la liberación de capturados, presuntamente amparándose en la edad de los imputados.
Villatoro reveló que en diciembre detuvieron a uno de los cabecillas de la banda desmantelada, pero que en enero había sido puesto en libertad: «Acá cabe también el recordatorio de que somos muy respetuosos de la independencia judicial pero no vamos a tolerar decisiones que vayan en contra de la sociedad…No vamos a permitir que, solo porque son menores de edad, estén tomando decisiones que atentan contra la sociedad», cuestionó el ministro.
Seguido, el fiscal general relató que recientemente uno de los jueces liberó a un menor de edad procesado por un caso de violación y puso como medida cautelar, que regresara a la escuela.
«No sé qué pasaba por la mente ese juez de menores…las medidas fueron reincorporarse al sistema educativo y aparte de eso se le impone que debe asistir a cursos de orientación sexual. Es decir, quiere que el violador esté recibiendo ese tipo de cursos en libertad y tenga a su disposición a todas sus compañeras o compañeros de curso. Esas son resoluciones idiotas alejadas de la realidad, solo puede venir de pensamientos estúpidos que no son orientados conforme a la ley y conforme a las pruebas que oportunamente se presentaron ante este funcionario judicial».
Rodolfo Delgado, fiscal general.
Aunado, Delgado anunció que la Fiscalía iniciará investigaciones contra estos jueces por presunta corrupción: «Porque corrupción también es no hacer lo que debo hacer conforme a la ley», señaló. En febrero del 2025, la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal y aumentó las penas a delitos relacionados con la corrupción. Además, establecieron nuevos delitos de corrupción.
En noviembre de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó reformar los juzgados del país y conformar los Tribunales contra el Crimen Organizado, con la finalidad de procesar -entre otros casos- los expedientes del régimen de excepción.
Los tribunales están compuestos por cuatro jueces propietarios con sus suplentes y uno de ellos deberá ser juez de menores designado por la CSJ. Ese juez es el competente para conocer del juzgamiento de los menores de edad en los casos que concurran dentro de un proceso junto con adultos; el cual se denomina “Juez de garantías para el menor”. Son considerados jueces sin rostro porque la ley prohíbe difundir sus identidades.
En 2021, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto legislativo 144 que obligó a que los jueces mayores de 60 años de edad o de 30 años en la judicatura, cesaran sus cargos automáticamente entró en vigencia la ley. Esto ocurrió a finales de septiembre de ese mismo año, cuando la Corte Suprema de Justicia nombró a 100 nuevos jueces y sus sustitutos para tomar cargo de los juzgados que quedaron vacantes.
Este remezón puso en tela de juicio la independencia judicial, luego que los jueces fueran nombrados sin cumplir con lo ordenado por la Ley de la Carrera Judicial. El artículo 6 de la Ley de la Carrera Judicial establece que la Corte nombrará jueces y magistrados de las ternas que le proponga el Consejo Nacional de la Judicatura. Se desconoce de qué listados o ternas fueron nombrados los jueces que tomaron juramento en 2021. Organizaciones de la sociedad civil señalaron que los jueces podrían haber sido colocados a criterio del Órgano Ejecutivo.
Las declaraciones se producen en un contexto en el que el sistema de justicia ha experimentado cambios estructurales desde 2021, entre ellos reformas legales y modificaciones en la integración de los tribunales, particularmente en aquellos que conocen casos vinculados al crimen organizado.
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