La Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso reserva a la información de los procesos de extradición y la información que se conoce en la corte plena, según el acta 92 de fecha 11 de diciembre de 2025.
“La justificación de la reserva se basa en que su divulgación pondría en riesgo la eficacia del trámite de suplicatorio penal, cuyo plazo de reserva sería hasta que se emita resolución definitiva y el expediente sea archivado y la información confidencial conservaría su naturaleza incluso después de concluido el procedimiento”, indica el acta.
La reserva fue autorizada con 14 de 15 magistrados, siendo avalada por el presidente de la CSJ, Henry Mejía, Elsy Dueñas, Luis Javier Suárez, Héctor Nahún Martínez, Ramón Iván García, Óscar López Jeréz, Lidia Patricia Castillo, Alejando Antonio Quinteros, Sandra Luz Chicas, Roberto Carlos Calderón, José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas Romero, Fernando Marroquín Galo y Miguel elías Martínez Cortez.
La reserva aprobada señala que será incluida en el Índice del Órgano Judicial, y será certificada al Oficial de Información interino y al Instituto de Acceso a la Información Pública. El acta consigna que a los expedientes de extradición solo tendrán acceso los magistrados y el personal autorizado “sujetos a las responsabilidades legales correspondientes”. La reserva genérica tendrá una duración de siete años.
El artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece qué tipo de información es reservada y añade que no podrá invocarse este carácter, “cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional”.
Por otro lado, el artículo 28 de la referida ley establece que los funcionarios que difundan información reservada o confidencial. Entregar información reservada es una infracción muy grave, estipulada en el artículo 76 de la LAIP.
El pasado 18 de noviembre, la misma corte en pleno también puso reserva a los procesos de investigación judicial contra funcionarios de ese órgano de Estado, en referencia a documentos, informes, y análisis de investigaciones en contra de empleadores del sistema judicial, cuando estos son denunciados por posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
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