Cuando una mujer llega al Centro de Atención Legal y Psicosocial de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), pocas veces lo hace diciendo directamente que es víctima de violencia laboral.
A veces llega por ansiedad, por insomnio o por un dolor constante en el estómago. Otras veces porque siente angustia cada domingo por la noche al pensar que al día siguiente debe regresar al trabajo.
Detrás de esos síntomas, muchas veces hay una misma causa: violencia en el entorno laboral.
El centro, que desde hace más de dos décadas brinda atención psicológica y asesoría legal a mujeres, recibe casos a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, redes sociales o visitas presenciales. Allí las mujeres relatan situaciones que van desde acoso sexual hasta hostigamiento psicológico o discriminación.
“Lo primero que hacemos es identificar el nivel de riesgo y buscar protección para la mujer”.
Rhina Juárez, coordinadora del Centro de Atención Legal y Psicosocial de ORMUSA.
En el Día Internacional de la Mujer, la organización feminista advierte que la falta de rutas claras y la normalización del maltrato en el trabajo hacen que numerosas víctimas desistan de denunciar.
Un camino legal disperso
Para la coordinadora del programa de Justicia Laboral y Económica de ORMUSA, Carmen Urquilla, el principal obstáculo es que no existe una ruta institucional clara para denunciar violencia laboral.
“Las mujeres tienen que recorrer diferentes instituciones para poder presentar una denuncia. Esto vuelve el proceso desgastante y muchas veces termina desmotivándolas”.
Carmen Urquilla, coordinadora del programa de Justicia Laboral y Económica de ORMUSA.
Entre las rutas a seguir están el Ministerio de Trabajo, donde las mujeres pueden hacer una denuncia administrativa y solicitar una inspección a su lugar de trabajo; sin embargo, también se puede denunciar en un juzgado de lo laboral. Si se trata de un delito, como acoso sexual, las mujeres pueden recurrir a un Juzgado Especializado de Violencia contra la Mujer o la Fiscalía General de la República, es decir, los caminos son muchos y pueden presentar tropiezos.
Aunque el Código de Trabajo de El Salvador establece protecciones, en la práctica muchas trabajadoras desconocen estos derechos.
El artículo 29 del Código de Trabajo prohíbe expresamente actos de violencia contra las personas trabajadoras.
Además, el artículo 53 establece causales de terminación del contrato con responsabilidad para el patrono, entre ellas cuando se cometen actos que lesionan gravemente la dignidad de los trabajadores.
El inciso 3 de ese artículo señala como causal: “Por cometer el patrono, en el lugar de trabajo, actos que lesionen gravemente su dignidad, sentimientos o principios morales”.
Esto permite que una mujer trabajadora pueda considerarse despedida y reclamar indemnización si se comprueba el maltrato.
El artículo 56 del mismo código establece que, si un juez confirma que hubo actos vejatorios o depresivos, el patrono debe pagar la indemnización correspondiente.
Sin embargo, tanto Urquilla como Juárez explican que las mujeres no buscan quedarse sin empleo tras denunciar; el ideal sería que la violencia laboral no existiera, y que, las mujeres pudieran hacer carrera en sus trabajos.
Violencia normalizada
Sin embargo, para muchas mujeres el mayor desafío es romper con la normalización del maltrato laboral.
Desde el área psicológica de ORMUSA explican que es común que las víctimas lleguen tras meses o incluso años de hostigamiento.
“Hay mujeres que han soportado humillaciones públicas, aislamiento laboral o amenazas de despido durante mucho tiempo antes de buscar ayuda”, señala Juárez.
Este desgaste también genera miedo a denunciar.
“Muchas temen quedarse sin empleo o ser estigmatizadas en otros trabajos”, agrega.
El problema también ha sido reconocido a nivel internacional.
El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo establece que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo constituyen una violación de los derechos humanos.
Este instrumento obliga a los Estados a prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas.
Urquilla considera que avanzar en la implementación de estos estándares es clave.
“Es necesario que existan rutas claras, accesibles y efectivas para que las mujeres puedan denunciar sin tener que atravesar un proceso tan complejo”, afirma.
En un país donde miles de mujeres dependen de su empleo para sostener a sus familias, garantizar espacios laborales libres de violencia sigue siendo un desafío pendiente.
Si necesitas ayuda puedes acudir al Centro de Atención Legal y Psicosocial de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y contactarte al 2265-5829 o 7989-4378.
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