A finales de este mes se cumplirán cuatro años de la implantación del régimen de excepción, decretado por una Asamblea Legislativa rendida a los pies de Nayib Bukele tras un fin de semana sangriento que conmocionó a nuestra sociedad. Este debe entenderse como una situación temporal extraordinaria y consiste en la suspensión de determinadas garantías constitucionales; puede ocurrir cuando hay guerra, invasión del territorio nacional o se ha producido un levantamiento violento, una catástrofe, una epidemia u otro tipo de calamidad. Eso se encuentra establecido en el artículo 29 de nuestra carta magna; en el siguiente se determina que su plazo será de treinta días aunque, si continúan las circunstancias que motivaron dicha medida, podrá prorrogarse por un período similar mediante otro decreto.
Previo a ese cuarto aniversario, se conoció públicamente un informe que sus autores presentaron en Suiza y Guatemala. “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública” se titula. Lo elaboraron cinco personas versadas en derechos humanos de las cuales conozco, personal y laboralmente, a tres: el mexicano José Guevara, el peruano Gino Costa y el argentino Santiago Cantón.
Sobre todo el segundo y el tercero, conocían desde hace mucho la realidad de nuestro país y ahora les tocó examinar la actual. Gino formó parte de la división policial de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, conocida como ONUSAL, y Santiago encabezó la misión especial que la Organización de los Estados Americanos (OEA) envió acá del 14 al 18 de febrero del 2021, cuando Bukele apenas estaba por cumplir dos años en Casa Presidencial; entonces, públicamente este juraba y perjuraba que solo permanecería en esta durante cinco. Ya casi cumple siete.
Debo destacar que el querido Santiago ocupó ‒entre otros cargos‒ la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por más de una década; entonces conoció la situación de nuestras víctimas a través de sus casos y la impunidad que las ha revictimizado a lo largo del tiempo. Asimismo, se desempeñó como director del programa de Estado de Derecho Peter D. Bell del Diálogo Interamericano y actualmente es secretario general de la Comisión Internacional de Juristas. Se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1985 y obtuvo su título de máster en Derecho Internacional por la American University, en Washington D. C.; luego estudió en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Con todos esos créditos, seguramente algo sabrá y alguna experiencia tendrá.
El informe final de la mencionada misión especial de la OEA sobre El Salvador que presidió iniciando el 2021 este académico y profesional argentino, de largo y sólido recorrido, fue presentado poco después. En su conclusión se planteó la preocupación por determinadas acciones contra el Estado de derecho y la democracia, “la falta de independencia de los poderes estatales”, “los ataques a la libertad de expresión y de prensa”, la injustificada limitación de la información, la militarización –cuya muestra más evidente tuvo lugar el 9 de febrero del 2020 en la Asamblea Legislativa– así como “el incumplimiento de las obligaciones” establecidas en los acuerdos de paz, “el desacato expreso a la sentencia judiciales” y más.Ya habían comenzado a sacar las uñas; pero por los tiempos en que ocurrieron otros graves hechos, no pudo incluirse en dicho reporte el golpe continuado a la separación de poderes a lo largo de dicho año con la destitución del fiscal general, el desmantelamiento de la Sala de lo Constitucional, la “depuración” de la judicatura y el progresivo control absoluto del resto de instituciones por el Ejecutivo.
Pero ese y otros documentos desfavorables para la imagen del “bukelato”, no generaron reacciones del tamaño de la producida con el recientemente publicado. Tanto Bukele como su segundón reaccionaron mal, buscando confundir a la ciudadanía. El primero aseguró que quienes lo redactaron pretenden que se libere al 100 % de la gente capturada durante el régimen de excepción “y que El Salvador vuelva al estado en que se encontraba antes”, para ser de nuevo el “país más peligroso del mundo”; Félix Ulloa dijo que acá “se cometió un genocidio entre 2009 y 2019, cuando fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños” y que “los juristas y expertos” no lo denunciaron.
No es cierto pero sí lamentable. Peor aún, cuando mucha gente asiente con la cabeza o simplemente la agacha pues ‒retomando y parafraseando al recién fallecido Jürgen Habermas‒ la democracia no es viable sin una población capaz de debatir seriamente, discrepar con argumentos y ponerle freno a las autoridades cuando se requiera. El más reciente de los citados informes podría ayudar, pues parece que las ha puesto a temblar.
Deja una respuesta