La activista y directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, dijo a EFE desde México que salió de El Salvador tras meses de acoso policial y después de que una fuente le advirtiera que figuraba en una lista de posibles detenciones, lo que atribuye a su labor en defensa de personas que alegan su inocencia en el marco del régimen de excepción, que esta semana cumple cuatro años.
En junio pasado, organizaciones humanitarias denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos 130 activistas y periodistas han tenido que salir de El Salvador en los últimos cinco años para «proteger su integridad», la mayoría en 2025, bajo la Administración del presidente Nayib Bukele.
«Yo no tengo la menor duda que ellos (el Gobierno de Bukele) querían o que me callara o que me fuera. Lo lograron, porque al final me tuve que ir», sostuvo en una entrevista telefónica Escobar, quien señaló que en ese momento además atravesaba un «reto importante de salud» y que «iba a ser muy fácil para ellos solo dejarme morir ahí sin darme tratamiento» en una prisión.
Meses de acoso policial y desplazamiento
Escobar relató que entre enero y mayo de 2025, mes en el que se denunció la salida de decenas de periodistas, «fue lo peor» y que su salida se vio precedida de varios episodios de seguimiento policial durante actividades de denuncia, en la oficina del SJH y en su casa.
Todo comenzó, a juicio de la abogada, con la presentación de denuncias y avisos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra altos funcionarios de Bukele como el director de Centros Penales, Osirs Luna, y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el marco del régimen de excepción.
Escobar hizo pública en redes sociales su salida de El Salvador el 22 de junio de 2025 mediante un vídeo.
Comentó que, 15 días antes de abandonar el país, se encontraba como «desplazada interna», porque los policías «llegaban una vez a la semana» a su casa. La decisión final de salir de El Salvador se dio el mismo día que detuvieron al abogado constitucionalista y crítico de Bukele, Enrique Anaya, a inicios de junio del año pasado.
«Ingrid bájale, mejor salte unos días (de El Salvador) porque estás en una lista (de capturas), hay periodistas y cuatro defensores», le dijo una fuente fiscal y otras dos fuentes le aseguraron que «había una orden de desarticular a la organización», SJH.
Para ese momento, en El Salvador ya se habían producido la detención de Anaya, previamente la de la reconocida abogada anticorrupción Ruth López y la de Fidel Zavala, portavoz de una organización humanitaria.
La labor del SJH y colegas en el exilio
El SJH nació el 25 de julio de 2022, más de cuatro meses después de iniciado el régimen de excepción tras el asesinato a manos de las pandillas de más de 80 personas en un fin de semana, pero se formó «porque comenzamos a ver capturas de compañeros sindicalistas».
A la fecha, sostuvo la activista, la ONG ha presentado al menos 3,600 habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para pedir la libertad de personas que consideran inocentes, además de lograr la liberación de unas 51 personas.
SJH ha denunciado en diversas instancias, incluso internacionales, la muerte de más de 500 personas en detención, una cifra que, aseguran, podría superar las 2,000.
«Es un exilio, yo me sentí presionada por el Gobierno, (…) si fuera por mi gusto no estuviera aquí, padeciendo todo esto», manifestó y aseguró que «es un desarraigo enorme para mí como persona, como profesional, como activista, uno deja la vida entera», pero «la convicción no termina con el exilio», concluyó.
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