Organizaciones sociales y sindicales alertaron este miércoles sobre un proceso de “privatización progresiva” en el sistema de salud pública, señalando la concesión de servicios de farmacia y laboratorios a empresas privadas, tras el inicio de funciones de la aplicación DoctorSV, en medio de denuncias de desabastecimiento de medicamentos y despidos masivos de personal.
La advertencia fue hecha por la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa), quienes aseguran que el modelo actual está trasladando servicios clave hacia el sector privado.
Ericka de León, integrante de Conadesa, afirmó que existen indicios de que farmacias y laboratorios privados estarían siendo favorecidos mediante la implementación de la plataforma digital DoctorSV.
“Se están dando concesiones a farmacias privadas y laboratorios clínicos. No es posible que ciertas farmacias sean las únicas que despachan medicamentos a través de la aplicación”.
Ericka de León, integrante de Conadesa.
En noviembre de 2025, el presidente salvadoreño lanzó DoctorSv una aplicación para teléfono celular que combina la atención médica con la inteligencia artificial. A través de la aplicación, los salvadoreños pueden agendar y pasar consulta sobre padecimientos médicos que no son emergencias, gestionar sus medicinas o tomas de examenes, en farmacias privadas y laboratorios privados, que son pagados por el Estado.
Según las organizaciones, este esquema estaría limitando el acceso de la población a medicamentos y exámenes, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas.
Además, denunciaron un desabastecimiento de hasta el 40 % en hospitales nacionales y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), lo que contrasta con la inversión millonaria destinada a la plataforma digital.
Ovidio Hernández, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, señaló que entre 2023 y 2025 se han asignado más de $160 millones a la aplicación DoctorSV, mientras persisten las carencias en los centros de salud.
“La contradicción es que se destinan millones a la plataforma, pero no hay medicina en los hospitales”, afirmó.
Las organizaciones también vinculan este proceso con despidos masivos en el sector salud, que cifran en unos 5,000 trabajadores, incluyendo más de 500 médicos, lo que —según sostienen— ha reducido la capacidad de atención en el sistema público.
A esto se suma la denuncia de que servicios como consultas especializadas y diagnósticos estarían siendo restringidos dentro del sistema estatal, empujando a los pacientes hacia proveedores privados.
“Se está promoviendo un sistema que privatiza la salud y beneficia al sector privado”, sostuvo María Inés Dávila, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico.
Las organizaciones hicieron un llamado a la población a “estar alerta” ante estos cambios y exigieron al Estado garantizar el acceso a la salud como un derecho público.
Ayer, Conadesa señaló también que los miles de despedidos del hospital Rosales siguen sin recibir sus indemnizaciones.
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