El Salvador está en proceso de reformar normativas secundarias para habilitar la pena de cadena perpetua. Esta cadena perpetua comenzaría desde los 12 años. La experiencia en otras partes del mundo, como en los Estados Unidos, demuestra que las sentencias severas no se traducen automáticamente en menos crimen.
Las tasas de seguridad históricas ahora se logran sin recurrir a la cadena perpetua, quizás demostrando que el éxito a menudo depende del control territorial y la eficiencia del sistema, no de la duración de la sentencia. Cualquier reforma de este tipo deja al Estado en desventaja respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ejemplo, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Mendoza y otros vs. Argentina (2013) es el precedente principal en la región sobre este tema; la Corte determinó que las sentencias de cadena perpetua son incompatibles con la Convención Americana (Art. 5.6), que establece que las sentencias deben ser exclusivamente para el propósito de la reforma y readaptación social. Una sentencia de cadena perpetua asume que los niños y adolescentes son incapaces de cambiar, lo cual es contrario a la ley.
La educación y la prevención, pilares que se fortalecen ya a través de la reconstrucción de escuelas y el suministro de herramientas tecnológicas como tablets y computadoras, deben seguir siendo el núcleo del enfoque de El Salvador. El Estado está abordando directamente las causas raíz que pueden llevar a los niños y adolescentes al crimen, con becas universitarias y mejores condiciones de aprendizaje. Aunque en el país argumenten que al revisar la sentencia de cadena perpetua se elimina la pena de la prohibición de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), es importante considerar que cualquier pena que no tenga una fecha de finalización clara y corta desde el inicio es contraria al interés superior del niño.
Los países con sentencias equivalentes no han logrado eliminar el crimen solo por la severidad, y El Salvador ha demostrado que se puede lograr un mayor nivel de seguridad con las herramientas actuales. Además, provocaría conflicto con los tratados internacionales de derechos humanos para los niños y adolescentes, aumentar las sentencias impuestas a ellos no aborda ni reduce la tasa de resocialización; les niega las oportunidades de reintegrarse debido a la precariedad que enfrentan. Y como sociedad, debemos hacer un esfuerzo para identificar esos factores de riesgo y abordarlos. Si las tasas de criminalidad han caído lo suficiente como para que no se necesiten medidas adicionales para frenar y prevenir eso, entonces sentenciar a cadena perpetua sería simplemente una violación a los derechos fundamentales, sin generar ningún beneficio real para la seguridad pública.
La propuesta de cadena perpetua desde los 12 años es una reforma absolutamente innecesaria. En lugar de avanzar en la resocialización, estas sentencias refuerzan el estigma y excluyen cualquier posibilidad de reintegración, en contravención del propósito educativo que debería sustentar la justicia para la niñez y adolescencia.
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