El director legal de la asociación Cristosal, Abraham Ábrego, explicó que la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros no solo es riesgo para defensores de derechos humanos, sino para cualquier ciudadano, ya que la ley establece como «sujetos obligados» a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y que reciban financiamiento extranjero para realizar alguna actividad que puede ser «un bien a la comunidad», pero que se le aplicaría el 30 % de impuesto.
Además, con esta ley, sobre estas personas u organizaciones que reciben «X» financiamiento «se debe conocer si se busca incidir en la opinión pública, en el resguardo a la seguridad, en la soberanía nacional y a la estabilidad social y política del país».
“La Ley de Agentes Extranjeros es un riesgo para cualquier ciudadano, porque los sujetos obligados que establece la ley es un término bien amplio porque también son personas naturales, por lo que pueden ser juntas de vecinos, asociaciones civiles. Por ejemplo, si una junta de vecinos quiere arreglar una calle y recibe una donación de personas que están en Estados Unidos, eso ya puede configurar un sujeto obligado, entonces, ya tiene que cumplir las obligaciones de ley que son: no haga nada, no participe en actividades porque lo puedo acusar de que está desestabilizando”, respondió Ábrego en una entrevista a Diario El Mundo.
Para el abogado, el gobierno busca «reprimir» cualquier denuncia de personas comunes o defensores de derechos humanos: “Es una ley mordaza, una ley candado, de control, para que las organizaciones, ni las personas, tengan la posibilidad de denunciar, ni de protestar”, respondió.
“Sí, nosotros hemos sido testigos, porque hemos acompañado desde hace tres años a víctimas del régimen, unas de ellas defensoras de derechos humanos y el riesgo actual es que no tenemos un sistema judicial independiente y no tenemos ninguna institución de control, ni nacional, que esté protegiendo derechos humanos. Entonces, para cualquier persona, sea defensor de derechos o no, es un riesgo que sea acusado de un delito porque hemos observado acusaciones infundadas, sin mayores pruebas, avaladas por la Fiscalía, sin control judicial, cualquier persona debería de reflexionar que este es un régimen peligroso”, señaló.
El representante de Cristosal aseguró que no pueden dejar de trabajar en defensa de los derechos humanos ya que no están cometiendo ningún delito y, además, es parte de una democracia, si les impiden eso, ya no es democracia, apuntó.
“Sabemos que ahora el país es más riesgoso, para defender derechos humanos, pero seguimos en la lucha de defender derechos humanos porque no es un crimen, no es un delito, es decir, nosotros no estamos realizando ninguna actividad ilícita con lo que estamos haciendo, no tenemos nada que ocultar, entonces, deberíamos seguir trabajando, generando diálogo, pidiendo al Estado que rinda cuentas, eso es parte de una democracia, si no, ya no vivimos en una democracia”, enfatizó.
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado martes 20 de mayo, con dispensa de trámites, la nueva Ley de Agentes Extranjeros, que aplicará un impuesto del 30 % sobre las donaciones, castiga con multas y puede suspender las actividades de las organizaciones o cancelar sus personerías jurídicas ante incumplimientos.
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