La organización Acción Ciudadana (AC) y la representante de Vamos en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) consideran que el nuevo proceso de contratación de la empresa que desarrollará el sistema de votación electrónica y las compañías auditoras debe ser más transparente y abierto a la población, por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La formulación de los términos de referencia para la adjudicación de las empresas implementadora y auditora del voto electrónico iniciará en junio.
El coordinador del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana, Malcolm Cartagena, aseguró que el nuevo proceso de contratación debe ser «más transparente» y claro, es decir, deben establecer con precisión desde un inicio las condiciones de la contratación. Calificó de «atropellado» el proceso de 2024 cuando varias empresas retiraron sus ofertas de servicios como «muestra de su descontento» porque las autoridades aceptaron adendas a las ofertas y otras irregularidades.
«Esto no debería de ocurrir en esta ocasión, sino que se debería de tener claridad desde el inicio para todos de las reglas, de qué es lo que quiere o requiere, mejor dicho, el Tribunal de cara al voto desde el exterior».
Malcolm Cartagena, coordinador del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana.
Ademas, el técnico de la AC señaló que, hasta el momento «no se conocen los resultados de las auditorías» que se ejecutaron al sistema de votación, al registro y al escrutinio de voto electrónico de 2024. «Eso no debería ser el caso, puesto que son las que permiten mejorar», consideró.
El índice de información del TSE indica que los informes de auditoría a las elecciones 2024 están en reserva por siete años.
Cartagena sugiere que se den a conocer los resultados de las auditorías para formular los términos de referencia de las contrataciones, tomando en cuenta lo que se debe corregir en este nuevo proceso electoral.
Por su parte, la directora ante la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) por Vamos, Wendy Alfaro, dijo a El Mundo que el Tribunal debe «actuar con verdadera apertura» para garantizar la transparencia «en todas las etapas del proceso electoral» especialmente en el proceso de contratación.
» La transparencia no puede ser una promesa, debe ser una práctica permanente y tal parece que quieren tener de lejos a la Junta de Vigilancia, porque no nos hacen parte de estos procesos a pesar que así lo establece la ley».
Wendy Alfaro, directora ante la Junta de Vigilancia Electoral por Vamos.
Alfaro considera que la institución electoral debe publicar los términos de referencia para las contrataciones, abrirlos a consulta, establecer principios técnicos claros y verificables, y permitir acompañamiento ciudadanos y técnico en todo el proceso. Considera que solo así se garantizará «la legitimidad y confianza en los resultados».
La representante partidaria aseguró que, si bien el Código Electoral establece que la Junta tiene «pleno acceso a las actividades» de fiscalización electoral, esto «en la mayoría de ocasiones no ha sido así». Instó a los magistrados a «apegarse al cumplimiento» de la normativa para permitirles vigilar todo el proceso electoral.
Sugieren que sistema y equipo le quede al TSE
El coordinador político de AC, Malcolm Cartagena, considera que sería bueno que el Tribunal avance en el proceso de contratación asegurando que el sistema implementado para el voto exterior sea de su propiedad, al igual que las máquinas de votación electrónica presencial para hacerlo «autosostenible».
En 2024, el Tribunal pagó $2.6 millones a la empresa española Indra por el alquiler de las máquinas de votación. Al final el proceso, la institución regresó el equipo técnico a la empresa. Cartagena dijo que fuera «formidable» que el TSE se quedara con las soluciones tecnológicas, aunque advierte que «los costos se incrementarían».
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