La narrativa del terror cinematográfico no se fundamenta únicamente en el miedo, sino en un contrato moral implícito entre la obra y el espectador. Según Noel Carroll en su teoría del art-horror, la efectividad de este género depende de la creación de un «monstruo» que amenaza el orden cultural y la integridad física de los protagonistas. Cuando el victimario finalmente sufre o muere, el espectador experimenta una liberación emocional: la catarsis. Sin embargo, este fenómeno traspasa la pantalla y se manifiesta hoy en la realidad sociopolítica salvadoreña, donde la violencia histórica de las pandillas ha reconfigurado los umbrales de la empatía ciudadana frente al Régimen de Excepción.
La construcción del «monstruo» y la satisfacción punitiva
En el cine de terror, la audiencia busca la supervivencia de la víctima. No obstante, existe un subgénero donde el placer deriva del castigo infligido al antagonista. Esta «satisfacción punitiva» se basa en la deshumanización previa del agresor. En El Salvador, décadas de una violencia pandilleril agresiva y omnipresente funcionaron como un prólogo de terror real, desplazando a la sociedad hacia un estado de hipervigilancia y trauma colectivo.
Como señala la psicóloga social Adriana Clemente, cuando el miedo se vuelve estructural, el «otro» deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en una amenaza biológica. Esta premisa explica por qué una parte considerable de la población percibe las noticias sobre detenciones arbitrarias o muertes en centros penales no como una tragedia humanitaria, sino como un «final necesario». La violencia de las pandillas fue tan lacerante que anestesió la capacidad de distinguir entre la justicia y la venganza.
La erosión de la empatía por el inocente
El aspecto más crítico de esta comparación radica en el daño colateral. En una película, el guion nos asegura quién es el culpable. En la realidad jurídica, esa certeza debería otorgarla el debido proceso. Sin embargo, bajo el Régimen de Excepción, la línea entre el victimario y el inocente se ha difuminado deliberadamente en el discurso oficial.
«La deshumanización no solo afecta a quienes son considerados culpables, sino que expande su manto sobre cualquier individuo que caiga en los engranajes del sistema, eliminando la presunción de inocencia como valor social».
La sociedad, agotada por el horror previo, parece haber aceptado un intercambio utilitarista: la pérdida de derechos humanos de miles de inocentes a cambio de una sensación de seguridad. Es aquí donde la analogía con el cine se vuelve amarga. Mientras que en la ficción la muerte del villano restaura el orden, en la realidad, la indiferencia ante la tortura o la detención ilegal de ciudadanos sin vínculos criminales no restaura el tejido social, sino que lo descompone bajo una nueva forma de violencia estatal.
El tránsito de la emoción a la norma
Esta satisfacción que produce el castigo del «villano», tan propia de la catarsis cinematográfica, opera bajo una lógica de seguridad ilusoria: la creencia de que siempre seremos los espectadores y nunca los protagonistas del horror. Sin embargo, la construcción de una nación funcional no puede basarse en el entusiasmo de la grada, sino en la solidez de sus reglas de juego. Es en este punto donde la ética política de John Rawls nos obliga a encender las luces de la sala y abandonar la comodidad del juicio visceral. Para Rawls, la validez de un contrato social no se mide por el alivio de la mayoría, sino por la protección que este brinda a cualquier individuo, independientemente de su posición, a través del ejercicio intelectual del «velo de la ignorancia».
El «Velo de la Ignorancia» como imperativo ético
Para cuestionar la validez moral de un sistema que sacrifica a inocentes en nombre de la seguridad colectiva, resulta ineludible citar a John Rawls y su obra A Theory of Justice. Rawls propone un experimento mental conocido como la «posición original», en la que los ciudadanos deben diseñar las leyes de su sociedad bajo un «velo de la ignorancia»; es decir, sin saber qué rol ocuparán en ella.
Si los ciudadanos salvadoreños tuvieran que elegir las reglas del Régimen de Excepción sin saber si mañana serán el civil protegido o el inocente capturado por error, difícilmente optarían por un sistema que elimina las garantías judiciales. Bajo el velo de la ignorancia, la justicia no es el triunfo del más fuerte ni la satisfacción de la mayoría, sino la garantía de que el sistema no atropellará al individuo más vulnerable.
«La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento». — John Rawls.
La justicia no es un juego de suma cero
La comparación con el cine de terror se vuelve aquí más profunda: en la ficción, el espectador sabe que está a salvo en su butaca, por lo que puede permitirse el lujo de la sed de sangre. Sin embargo, Rawls nos recordaría que en la vida real nadie tiene garantizada esa «butaca». Al perder la empatía por el detenido inocente, la sociedad ha olvidado que, en un sistema sin debido proceso, cualquiera puede ser la próxima víctima del error administrativo o el abuso de poder. La justicia, según la óptica rawlsiana, no puede ser un intercambio donde el bienestar de unos se logre a costa de la violación de los derechos fundamentales de otros.
Hacia una justicia sin espectáculo
El filósofo institucionalista Robert Cover afirmaba que «interpretar la ley es un acto que siempre conlleva violencia». No obstante, cuando esa violencia se celebra como un espectáculo de justicia poética, se corre el riesgo de normalizar la barbarie.
No podemos permitir que el trauma del pasado dicte una ceguera moral en el presente. La pérdida de empatía por las víctimas del Régimen de Excepción —aquellos padres, hijos y trabajadores detenidos sin pruebas— es el síntoma de una sociedad que, tras haber vivido en una película de terror real, ha decidido cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno con tal de no volver a sentir miedo. Recuperar la capacidad de indignación ante la injusticia, incluso en un contexto de seguridad recuperada, es el primer paso para transitar de una catarsis violenta a un verdadero Estado de Derecho.
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