A casi cuatro meses de las inundaciones registradas en enero de 2026 en el proyecto habitacional Ciudad Marsella, un grupo de compradores del Quartier 11 denuncia que la empresa desarrolladora, Global Developers, se niega a devolverles el dinero invertido tras su decisión de desistir de los contratos.
A pesar de que el Ministerio de Vivienda aseguró públicamente que se reintegraría el 100% del dinero, los afectados señalan que la compañía retiene montos que oscilan entre los $2,500 y $9,000 bajo el argumento de cobrar un «arrendamiento». Los testimonios recogidos por Diario El Mundo y los documentos revelan un patrón de presuntas irregularidades que incluye entregas condicionadas en horas de la noche, viviendas inhabitables, retrasos intencionados para aplicar tasas de interés de hasta el 16 % y cobros por servicios monopólicos obligatorios.
Entregas sorpresivas y bajo coacción
Los problemas, según relatan los afectados, comenzaron meses antes de las inundaciones. Los clientes afirman que el proyecto, cuya entrega estaba prometida para marzo de 2026, fue entregado de manera sorpresiva y adelantada entre agosto y septiembre de 2025.
El proceso de recepción de llaves se realizó bajo condiciones de presión, citando a los compradores en horas de la noche en una zona que aún carecía de iluminación, pavimentación y servicios básicos. Los testimonios coinciden en que la empresa los obligó a firmar los documentos bajo la amenaza de perder los fondos entregados en concepto de reserva si no aceptaban la casa en ese momento.
«Nos llamaron como a eso de las 8:00 de la noche, nos dijeron: ‘Si ustedes no vienen a recibir las llaves, vamos a darle su casa a otra persona que esté interesada’, y uno con el miedo de perder $300, bajamos a eso de las 8:00 de la noche», relata una de las afectadas, quien señala que el depósito o reserva de la casa era por ese valor.
Otro cliente respalda esta versión: «Si ustedes no agarran la vivienda ahorita, no nos garantizaban que nos iban a dar otra … por el mismo miedo de quedarse uno sin casa, hicimos lo del papeleo». Las firmas de actas de «entera satisfacción» se dieron cerca de la medianoche, impidiendo una revisión real de los inmuebles, debido a la falta de electricidad.
Al inspeccionar las viviendas a la luz del día, los compradores encontraron múltiples desperfectos: grietas, fisuras, cielos falsos manchados y cerámicas quebradas. Sin embargo, el reclamo más grave y generalizado fue la falta de puertas principales.
Las casas fueron entregadas con puertas provisionales de madera, descritas por los clientes como «puertas de dormitorio», que hacían imposible habitar los inmuebles o resguardar pertenencias.
«Era una puerta de esas que usted puede meter hasta un cuchillo y puede abrirla. No podíamos ni tan siquiera llevar un gancho de ropa», expuso una de las afectadas.
A esto se sumó la falta de servicios básicos definitivos. Los clientes denuncian que la residencial no contaba con contadores formales de agua ni energía eléctrica. El servicio de agua, cuando fue habilitado de forma provisional meses después a algunas casas, presentaba deficiencias de presión y, según los testimonios, tenía mal olor y coloración lodosa.
La asfixia financiera: Intereses del 16 % y monopolio de servicios
Una vez entregadas las llaves, los clientes debían comenzar a pagar cuotas mensuales a la constructora mientras esperaban que sus créditos fueran trasladados al Fondo Social para la Vivienda (FSV). Es en este periodo donde los documentos muestran la carga financiera impuesta.
Los recibos de pago, del cual Diario El Mundo tiene copias, revelan cuotas mensuales de aproximadamente $546.17 para viviendas valuadas en $39,999.83. De esa cuota, aplicada con una tasa de interés del 16%, más de $525 se destinaban exclusivamente al cobro de intereses de la constructora, mientras que apenas unos $12 se abonaban al capital de la deuda.
Adicionalmente, los contratos obligaban a los clientes a contratar los servicios de internet, agua y seguridad privada exclusivamente con empresas vinculadas a la constructora, imponiendo cobros extra (como $8.27 por servicios privados o hasta $60 por mantenimiento de jardinería) incluso a quienes no habitaban las viviendas.
Inundaciones, «arrendamiento» y acoso de cobros
En enero de 2026, las lluvias provocaron inundaciones severas en el Quartier 11, colapsando el sistema de drenaje y levantando el asfalto de las calles. Ante la emergencia, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, llegó all lugar y anunció que quienes desearan devolver sus casas recibirían el reintegro del 100% de su dinero.
Amparados en esta promesa, decenas de familias solicitaron la devolución y se agruparon en una denuncia colectiva ante la Defensoría del Consumidor (bajo el expediente 2GU0300-0126-275).
Sin embargo, a casi cuatro meses después, la constructora se niega a devolver el dinero a las víctimas del polígono más afectado, argumentando que los miles de dólares pagados serán retenidos en concepto de alquiler.
«Me dijo el de cobros que no procedía, que se va a tomar como arrendamiento. ¿Y arrendamiento de qué? si nunca he habitado la vivienda. […] Me entregaron una vivienda inhabitable», sostuvo una de las denunciantes.
Otro cliente recibió la misma respuesta por correo electrónico tras exigir sus más de $4,600: «Me contestaron que ya podía entregar la vivienda, solo que no me iban a devolver nada porque lo iban a tomar en concepto de arrendamiento».
La situación resulta contradictoria para las familias, ya que reportan que clientes de otros Quartiers que no resultaron afectados por las inundaciones (como el 12, 13 y 14) sí están recibiendo cheques con devoluciones de dinero.
A esto se suma el acoso institucional. A pesar de existir una denuncia colectiva activa, el departamento de cobros de Global Developers continúa enviando requerimientos formales a los afectados. Documentos fechados en abril de 2026, a los que este medio tuvo acceso, exigen el pago de «saldos vencidos» en un plazo de 72 horas, advirtiendo que, de no atenderse, «se tendrá por terminado el contrato por incumplimiento de pago».
¿Y el Estado?
Diario El Mundo preguntó al Ministerio de Vivienda por la situación de estos vecinos de Ciudad Marsella, el Ministerio aseguró por escrito que «los casos registrados de personas del Q11 que desistieron… Fueron resueltos y Marsella les hizo devolución».
“El problema más grande ha sido que en varios casos con Marsella al hacer la revisión del expediente hay documentación en la que los usuarios aceptan las condiciones, esto por ser un trato entre privados si hay documentos en los que el cliente ha firmado aceptando pagos o condiciones específicas es complejo”, respondió el Ministerio de Vivienda.
Esta postura oficial contrasta directamente con las pruebas documentales de abril de 2026 que confirman la retención de los fondos y el acoso de cobros hacia los clientes del Quartier 11.
Este medio también preguntó a la Defensoría del Consumidor sobre esta demanda colectiva y los señalamientos de improcedencia que los compradores señalan, pero al cierre de esta nota, la institución no respondió.
Diario El Mundo también buscó la postura de los voceros de Global Developers, pero al cierre de esta nota tampoco respondieron.
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