La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, pidió este lunes una reforma al Código Penal para castigar, con prisión de tres a seis años, a funcionarios públicos, agentes de autoridad o miembros del cuerpo de seguridad que autoricen o usen la fuerza contra las manifestaciones pacíficas o impidan que las personas lleven a cabo una reunión pacífica.
Ortiz propone introducir un nuevo artículo en el Código Penal:
Art. 293-A Uso ilegítimo de la fuerza contra manifestaciones pacíficas.
“El funcionario público, agente de autoridad o miembro de cuerpos de seguridad del Estado que ordenare, autorizare, ejecutare o participare en el uso de la fuerza pública contra personas que ejercen de manera pacífica el derecho de reunión o manifestación, sin causa legal justificada o de forma desproporcionada, o que impidan por distintos medios que las personas lleven a cabo o participen en una reunión o manifestación pacífica será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo por igual tiempo”.
Además, la legisladora sugirió incrementar la pena hasta una tercera parte del máximo indicado e inhabilitación en el cargo, si el uso de violencia se comete contra niños, personas mayores o con discapacidad, o si en el uso de la fuerza se usan armas letales, productos químicos o explosivos y, si el hecho fue parte de una política o patrón sistemático.
También, si en consecuencia de “uso ilegítimo de la fuerza se producen lesiones, detenciones arbitrarias, privación de libertad u homicidio», propone que se impongan las penas establecidas en el Código por dichos delitos, “en concurso legal con este artículo”.
Ortiz hizo esta propuesta después de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieran a líderes de la cooperativa El Bosque, quienes hacían una manifestación frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños donde reside el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y del arresto de la abogada Ruth Eleonora López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal.
En una transmisión hecha por radio Bálsamo, que inició a las 8:39 de la noche en Facebook se ve a la comunidad cuando agentes policiales se acercaron a preguntar por “los líderes”. La comunidad respondió que todos eran representantes y que no habían líderes. “Vengan, no tengan miedo, solo queremos platicar con ustedes”, decía uno de los agentes de la Policía, quienes en medio de esos llamados empezaron a tomar por la fuerza entre cuatro a cinco hombres de la comunidad. Los policías arrestaron a cuatro habitantes y al abogado. Al día siguiente fue capturado Alejandro Henríquez, abogado de la cooperativa.
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