Nuestra región siempre ha sido conflictiva; pero principalmente en las décadas de 1970 y 1980, se volvió una caldera social y política para después convertirse en un territorio donde se propagaron los conflictos armados entre fuerzas regulares e irregulares. Los más notables tuvieron lugar en Nicaragua y El Salvador.
En el primero, tras largos años de lucha encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional contra una prolongada dictadura dinástica, inicio en septiembre de 1978 la insurrección que culminó con la caída de Anastasio Somoza Debayle y la instauración de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en julio de 1979; posteriormente, en 1981 comenzó la “guerra de los contras” financiada desde la Casa Blanca. En el segundo, al surgimiento de los primeros grupos guerrilleros le siguió el desarrollo de un combativo movimiento de masas intensificado a partir de 1975 y luego del magnicidio del arzobispo Óscar Romero ‒el 24 de marzo de 1980‒ empezó una guerra interna de once años.
En Guatemala fue derrocado Jacobo Árbenz en 1954; así murió su “primavera democrática”, mediante la abierta intervención directa de la Agencia Central de Inteligencia ‒la CIA gringa‒ para comenzar una despiadada guerra sucia contra el pueblo chapín. En 1960 brotó la lucha armada y en 1982 se formó la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca para desafiar así al ejército gubernamental y los grupos paramilitares. Tanto en este país como en El Salvador, mediante negociaciones y acuerdos se puso fin a estas fuertes pugnas políticas y militares.
Bajarles la temperatura a esos “infiernos” hasta apagarlos, incluido el que principiaba a gestarse en Honduras, no fue fácil. Ese esfuerzo arrancó oficialmente hace 40 años en Guatemala durante un trascendental evento realizado el 24 y el 25 de mayo de 1986, con la firma de la Declaración de Esquipulas por el presidente anfitrión –Vinicio Cerezo– y sus colegas Napoleón Duarte de El Salvador, José Azcona de Honduras y el nicaragüense Daniel Ortega. Empujadas por el tico Óscar Arias, esas conversaciones concluyeron con el Acuerdo de Esquipulas II el 7 de agosto de 1987. De estos protagonistas, solo uno sigue vivo ocupando la silla presidencial: Ortega, convertido en la antítesis de lo que decía ser antes.
En su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz pronunciado en diciembre de 1987, Arias aseguró que se debía entender “que la paz solo se puede alcanzar mediante sus propios instrumentos: el diálogo y la comprensión; la tolerancia y el perdón; la libertad y la democracia”. Estos nos desafiaban entonces para enderezar el rumbo equivocado y tomar el camino hacia la armonía y el progreso. Y son los que ahora deberían servirnos para tomarle el pulso a estas cinco pequeñas naciones cuyas sociedades, hace cuatro décadas, veían ilusionadas el camino que comenzaban a andar y el futuro promisorio a forjar para sus pueblos.
Pero no. Pese a que la esperanza asomó entonces, hoy Centroamérica no goza de una buena salud económica, social y democrática. En este último ámbito, la situación es especialmente preocupante. Ortega lleva casi veinte años seguidos en el poder; si se agrega más de una década como coordinador de la referida junta gubernamental y luego presidente de la república de 1985 a 1990, ha estado al frente del país casi 30 años y según parece aspira a que su dinastía supere los tiempos de la somocista al nombrar copresidenta a Rosario Murillo, su esposa, y promover a su hijo Laureano.
Y como siempre he dicho: lo que allá Ortega ha hecho caminando, en El Salvador Nayib Bukele lo está haciendo en carrera libre de obstáculos. Ya lleva más de siete años como presidente de la república, dos de los cuales lo ha hecho de forma inconstitucional. Y al tomar el control absoluto de todo el aparato estatal, ya se aseguró la permanencia en el puesto quién sabe hasta cuándo.
En Honduras, la intervención de Donald Trump en las elecciones presidenciales del año pasado fue una total e insolente patanada. Por su parte, Bernardo Arévalo en Guatemala ‒con una popularidad a la baja‒ se tuvo que enfrentar hasta hace poco con la impresentable fiscal general que recién finalizó en el cargo y ha mantenido una tirante relación con el Congreso. Finalmente, preocupa sobremanera lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Costa Rica con la anterior gestión de Rodrigo Chaves y su permanencia como “el poder detrás del trono” que ahora ocupa Laura Fernández.
Cuatro décadas después, pues, los cinco países que diseñaron el sueño democrático regional en 1986 dejaron atrás el camino de la esperanza y transitan de nuevo el que ya nos condujo a la locura.
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