Sí. El Salvador posiblemente termine coronándose triunfador planetario, pero no deportivo sino en la cancha de la impunidad. Eso creo yo. Si no se habían enterado, veamos algunos pasajes de nuestra historia nacional tanto del siglo pasado como del presente; pasajes relacionados con graves violaciones de derechos humanos y la falta de castigo para sus responsables. Esta es una innegable gran verdad que, además, es objetivamente demostrable con nefastas historias ciertas y documentadas. En el centro de las mismas, se encuentra una estructura económica y social excluyente que ha provocado expresiones de protesta y otras formas de rebeldía popular que los poderes ‒tanto el político como el militar‒ han enfrentado con una violencia tal que hasta nos condujo a una prolongada guerra fratricida.
Faltan casi cinco años para que se cumpla el primer centenario de la matanza perpetrada en enero de 1932; esta constituyó un verdadero etnocidio mediante el cual se inauguró el régimen encabezado por el dictador del siglo pasado: Maximiliano Hernández Martínez. Poco después, en julio del mismo año, este carnicero decretó una amnistía “amplia e incondicional” para impedir la condena de “funcionarios, autoridades, empleados, agentes de la autoridad y cualquiera otra persona civil o militar” señalados como “responsables de infracciones a las leyes” que pudieran “conceptuarse como delitos de cualquier naturaleza, al proceder en todo el país, al restablecimiento del orden, represión, persecución, castigo y captura de los sindicados en el delito de rebelión”.
Al hambre padecido por la pobrería y a su sangre derramada entonces, se sumó así la impunidad protectora de quienes ‒en teoría‒ debían brindarle seguridad. No obstante, sin importar las barbaridades de los delitos cometidos al defender los privilegios de sus amos, los perdonaron. Eso pasó entonces y con el tiempo se repitió la costumbre, hasta que el 20 de marzo de 1993 se promulgó la mal llamada Ley de amnistía general para la consolidación de la paz; eso pasó cinco días después de que la Comisión de la Verdad presentara públicamente su informe titulado “De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador”.
De todas esas amnistías, la única coherente con el derecho internacional humanitario fue la aprobada nomás terminó la guerra: el 23 de enero de 1992. Parafraseando a Rodolfo Piza Escalante, jurista costarricense ya fallecido, esta amnistiaba a los valientes y no a los cobardes; es decir, a quienes respetaron las leyes de la guerra y no a quienes las violaron en perjuicio de población civil no combatiente:niñas, niños, mujeres, personas mayores y prisioneros de guerra. Lo opuesto ocurrió con la de 1993, contra la que tuvimos que batallar más de 23 años hasta lograr su inconstitucionalidad hace una década: el 13 de julio del 2016.
Pero, tal como lo denunciamos ante los medios,“ninguna legislatura ha cumplido con su obligación de emitir una ley para favorecer a quienes sufrieron los estragos de la barbarie. Las dos primeras, electas en el 2015 y el 2018, estuvieron mayoritariamente integradas por representantes de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN), principales protagonistas de la guerra. Del 2021 en adelante, con mayoría absoluta primero y mayoría aplastante después a partir del 2024, el control de lo que se decide en la Asamblea Legislativa ha estado en manos del oficialismo; es decir, de Nuevas Ideas (NI) y Nayib Bukele. Así, pues, durante todo ese tiempo siempre se mantuvo engañadas a las víctimas con iniciativas tramposas hasta que la bancada de este último partido mandó al archivo sus demandas de verdad, justicia y reparación para cerrarles aún más las puertas”.
Por eso ‒agregamos‒ “reclamamos con valor e indignación, que se deje de jugar con los sentimientos de las víctimas del pasado y les cumplan como es debido: con verdad, justicia y reparación”. A esa amnistía decretada 33 años atrás y declarada inconstitucional hace una década, debió seguirle el acatamiento de la sentencia que la anuló; tuvo que aprobarse una normativa destinada a alcanzar una verdad esclarecida, una justicia cumplida y una reparación debida garantizando que la historia no sea repetida. Pero no. No se ha obedecido el mandato de la Sala de lo Constitucional y por la mitad temporal de dicha insolencia deben responder Bukele junto a su bancada legislativa.
Las garantías establecidas y vigentes en nuestro país ahora, pues, son las de repetición. Se repitió la locura de la muerte violenta con la violencia pandilleril; se sigue repitiendo la de la muerte lenta, con la injusticia social ¿Se repetirá la historia de las graves violaciones de derechos humanos y de otros crímenes atroces como política de Estado? Aquella esperanza generada en 1992, pregunto, ¿terminó siendo efímera?
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