El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena en contra de los miembros del corporativo ARGOZ S.A. de C.V., de penas que alcanzan los 199 años de cárcel.
La principal condena fue dictada contra Leticia Farfán de Gómez, quien purgará 199 años de prisión al ser hallada culpable de 23 casos de estafa agravada, casos especiales de lavado de dinero y activos, y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
A la administradora única de la corporación se le incautaron $297,000 en su vivienda, cuya procedencia no pudo justificar, lo que configuró el delito de lavado de dinero, dice un comunicado de los Centros Judiciales.
Por su parte, sus hijos, Rodrigo Javier Gómez Farfán y Natalia Gómez Farfán, recibieron una pena de 189 años de prisión, tras ser condenados por 23 casos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
El juez dos del tribunal especializado también determinó la culpabilidad de otros involucrados en la estructura de la empresa. Edwin Omar Rivera López fue condenado a 37 años de prisión por cuatro casos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas. Asimismo, Mónica Iveth Sanabria de Uriarte, quien se desempeñaba como secretaria de confianza de Rodrigo Gómez Farfán, recibió una condena de 13 años por un caso de estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
En el mismo proceso, los apoderados legales Javier Orlando Martínez Henríquez y Theodoro Portillo Pineda, quienes fueron juzgados en ausencia, fueron condenados a cinco años de cárcel exclusivamente por el delito de agrupaciones ilícitas.
Responsabilidad civil y reparación a las víctimas
Como parte de la condena, el tribunal ordenó a Leticia Farfán de Gómez, Natalia Gómez Farfán, Rodrigo Javier Gómez Farfán, Edwin Omar Rivera López y Theodoro Portillo Pineda asumir el pago de la responsabilidad civil en modalidad de reparación. Este pago consistirá en cubrir el costo total para la legalización de las lotificaciones de las víctimas, fondos que provendrán de los $297,000 incautados a Leticia Farfán y de un lote de joyas presentado como evidencia ante el tribunal.
La resolución judicial detalla que los orígenes de este caso se remontan a 1980, año en que fue fundada ARGOZ S.A. de C.V.. Según el expediente, con el transcurso de los años se crearon múltiples sociedades que adquirían los derechos de las propiedades para luego ser declaradas en quiebra.
Esta práctica generó graves problemas contractuales para los ciudadanos que adquirieron lotes. Las víctimas continuaron pagando sus cuotas mensuales y, en varios casos, pese a haber liquidado la totalidad de la deuda, nunca recibieron las escrituras de sus terrenos.
En esta primera fase del proceso, que buscó justicia para 24 víctimas, el juzgador aplicó la figura legal de «autoría mediata en aparatos organizados de poder», la cual permite atribuir todos los delitos cometidos a los altos mandos de la organización.
Las autoridades judiciales confirmaron que una segunda etapa del caso ARGOZ se encuentra actualmente en fase de instrucción en otro Tribunal contra el Crimen Organizado.
El proceso judicial contra la Corporación ARGOZ inició con las primeras capturas efectuadas el 5 de diciembre de 2023, cuando las autoridades detuvieron a los principales representantes de la empresa, Leticia Farfán y Rodrigo Gómez.
A medida que avanzaron las investigaciones, la Fiscalía General de la República sumó nuevas acusaciones; en febrero de 2025 se agregaron dos procesos adicionales por estafas en juzgados del departamento de La Paz, y para julio de 2025 se presentó una cuarta acusación, alcanzando un total acumulado de 122 víctimas afectadas por un monto superior a los $429,000.
La magnitud del caso obligó a una segunda fase de investigación, por lo que a finales de julio de 2025 se giraron 16 nuevas órdenes de captura y, en agosto de ese mismo año, se procesó a 18 imputados por una presunta defraudación a la economía pública que asciende a $46.2 millones
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