Este 9 de mayo se cumple un año que la Fiscalía Geneal de la República, junto a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) revelaron que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI) había sido desfalcada con $35 millones, desvidados hacia Alemania y Estados Unidos.
El principal sospechoso, su gerente general, Manuel Coto Barrientos, quien huyó y luego murió en la la tragedia del helicóptero el 8 de septiembre 2024 .
La SSF intervino a COSAVI bajo un hermetismo total con reserva del caso, la Fiscalía tampoco ha dado información, y a un año, al menos 350 de los afectados siguen exigiendo se les devuelvan sus ahorros.
El vicepresidente de la Directiva de los Afectados afectados por el fraude de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de RL, Juan José Ortiz, hace un balance de este año bajo la sombra del desfalco.
¿Cuál es la evaluación que hace a un año tras sufrir el fraude en la cooperativa?
El balance que hacemos es negativo. El 9 de mayo de 2024, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la Fiscalía General de la República hicieron público al país la intervención de la cooperativa, sin embargo la cooperativa había sido intervenida el 1 de marzo de 2024. Pero desde entonces a la fecha, lamentablemente ya llevamos cinco muertos, solo en el grupo que estamos organizados. Por otra parte el balance es negativo debido a que todas las instituciones involucradas en el caso, no se nos dan audiencia, no se nos quiere escuchar, hay un hermetismo total de las instituciones del Estado, intencional, creo yo, por cubrir que la clase política metió las manos en nuestra cooperativa.
¿Cómo evalúa el manejo que ha hecho la Superintendencia del Sistema Financiero y la Fiscalía tanto de los fondos como del caso?
En el caso de la Superintendencia, nosotros hemos sostenido que la intervención es abusiva, arbitraria e ilegal… y al día de hoy la Superintendencia nunca ha explicado quién la faculta para intervenir, dado que Cosavi estaba en proceso de convertirse en banco, pero ese proceso no se concretó, por tanto quien debió haber intervenido la cooperativa era el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop).
En el caso de la Fiscalía es penoso el accionar. Es el caso más emblemático por el cual no confiamos en la Fiscalía es cuando hizo público que el principal sospechoso del desfalco, el exgerente de Cosavi, Manuel Coto Barrientos había sido en Panamá, (en julio2024) es lo que llamo la mentira del año del 2024, y la llamo así porque el presidente de la República (Nayib Bukele) nunca se ha pronunciado en nuestro caso, excepto esa vez para felicitar al fiscal por la captura de Coto en Panamá, pero estaba en Honduras.
Qué luego se dio el hecho del helicóptero en el que era transportado capturado de regreso a El Salvador y custodiado por el mismo director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas…
Así es, y cuando el fiscal llega a la Asamblea Legislativa para ser interrogado en el proceso de reelección y cuando se le pregunta por el tema (pregunta hecha por la diputada Marcela Villatoro de Arena) la respuesta que dio fue que se habían dado esas declaraciones por estrategia. Uno se pregunta: si, por estrategia también falleció el director de la PNC. Entonces a un año nosotros no confiamos ni en el trabajo de la Fiscalía, ni en la Superintendencia, ni en ninguna institución del Estado, porque estamos convencidos que este accionar solo obedece a borrar evidendica de que el partido de gobierno metió las manos en la cooperativa.
Ustedes piden al Estado un fideicomiso, ¿cómo funcionaría?
Un fideicomiso es un préstamo, que nosotros los afectados le solicitamos al Estado. Le pedimos a la Asamblea que aprobara un Fideicomiso, no estamos pidiendo nada gratis, estamos pidiendo un préstamo. ¿Cuál es la base técnica y financiera y financiera para hacerlo? Pues, la misma superintendente (Evelyn Gracias) ha dicho que hay cerca de $230 millones en activos, para respondernos a los afectados, el problema que por el sistema de entrega por capas que la SSF implementa, los afectados podemos esperar hasta 10 o 15 años para recibir nuestro dinero, entonces cómo le pido a una persona de 85 años que espere 15 años para recibir su dinero. Entonces el fideicomiso es la solución más viable. La idea es que el Congreso apruebe que la banca estatal abra una cartera de $230 millones, se nos pague a todos los afectados, nosotros entregamos los certificados y se quede la banca estatal recuperando, así como lo está haciendo la SSF, con al diferencia que el Estado no se va a morir, pero en el caso COSAVI hay muchas personas de la tercera edad que no pueden esperar ni cinco años, por los serios problemas de salud que tienen.
El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, dijo que ¿por qué la Asamblea debía aprobar un fideicomiso si había sido un contrato entre privados?
Porque los mayores deudores de COSAVI son instituciones del Estado, en su gran mayoría municipalidades controladas por el partido de gobierno, también hay un reportaje que hizo la UCA en donde sale a la luz pública instituciones del Estado como la Dirección de Obras Municipales, el mismo partido de gobierno (Nuevas Ideas) como deudores de COSAVI, entonces es necesario recordarle al presidente del Congreso, que las instituciones de gobierno se metieron a adquirir compromisos con COSAVI.
¿Qué otra salida le ven para recuperar su dinero?
Lo que hemos pedido que se nos devuelva la cooperativa, nosotros estamos dispuestos a asumir las responsabilidades financieras del desfalco.
El proceso penal se ha alargado, ¿ustedes han pedido ser parte del proceso a través de una querella? ¿si, no? ¿por qué?
Sí, pero los afectados en un primer momento no eramos parte querellante, la querella la conformaban los abogados defensores de los detenidos en calidad de sospechosos del desfalco y la Fiscalía, que en teoría nos debería de representar a los afectados. Desde que el caso se hizo público hay más de 600 avisos interpuestos en la FGR y el juez especializado que lleva el caso le dio a la Fiscalía un año, para documentar todas las pruebas e ir a juicio, el año se venció y ninguna de las 600 personas que dieron aviso ha sido citada por la Fiscalía a declarar y nos enteramos que han pedido otra prórroga. ¿Cómo es posible que ha pasado un año entero y a ninguno de los afectados se nos cite en calidad de afectados.
Ustedes han presentado denuncias ante organismos internacionales, en resumen ¿qué respuestas han tenido?
Hemos enviados dos cartas al Fodo Monetario Internacional (FMI), en la primera el Fondo nos respondió que desconocían el caso y eso nos llamó la atención porque el caso COSAVI es la punta del iceberg de la crisis del sistema fiananciero cooperativo y el FMI no se entera y está a punto de aprobar $1,400 millones para el Estado, eso nos motivó a solicitar en un segundo escrito solicitar en el préstamo ser indicador de cumplimiento. Sobre esa segunda nota no hubo respuesta directa para nosotros, pero sí nos llamó la atención que el informe del FMI decía que “COSAVI es el mejor ejemplo de las debilidades y fragilidades del sistema financiero del país.
¿Tienen miedo perder sus ahorros?
Bueno la posibilidad existe. No es la primera vez que en el país sucede un fenómeno como este. Uno podría pensar que casos como Finsepro-Insepro, Fomiexport, Crediclub y otros casos sonados de desfalco son cosas del pasado, y precisamente la SSF se creó para evitar este tipo de casos y ahí es donde vienen la desconfianza: La Fiscalía, hace un año, en la única conferencia de prensa que ha dado con la Superintendencia decía que COSAVI estaba siendo investigado desde el 2018, del 2018 al 2024 son seis años. ¿Cómo es que la Fiscalía no detectó?
… Y por supuesto que hay temor, y no solo temor de perder el dinero. Ahora que estamos viendo detenciones arbitrarias con este tema del transporte, no hemos descartado la posibilidad que se nos quieran imputar o inventar delitos con tal de callar la voz de los afectados, temor de los voceros que se nos quiera inventar un caso, meternos presos y que eso sirva de ejemplo para que el resto no diga nada y que este caso poco a poco se vaya apagando.