Al hablar de lo que determina a nuestro país en materia de emigración, establezcamos algo básico: esta “es alimentada por factores estructurales, tales como falta de oportunidades de empleo, inseguridad alimentaria, violencia, desastres, así como por factores de atracción que incluyen la reunificación familiar y las perspectivas de oportunidades de empleo en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos”. Eso se lee en la “Estrategia de la OIM para El Salvador 2023 – 2026”. ¿Por qué lo cito? Pues porque la Organización Internacional para las Migraciones –la OIM– como parte de las Naciones Unidas es, según afirma, el principal organismo en la materia; sus investigaciones, asegura, “orientan la adopción de políticas y prácticas migratorias y ponen a disposición conocimientos que permiten dar mejores respuestas en todo el mundo”.
Partiendo de la caracterización señalada, debemos reconocer algo elemental: fuera de aquella que tiene los recursos y las posibilidades para viajar a otra nación para vacacionar o estudiar, por ejemplo, la gente no abandona su tierra de origen por hobby; tal decisión está relacionada con el conflicto en su diversidad de expresiones: sociales, económicas, políticas, bélicas y climáticas, por ejemplo. Todas estas tienen que ver con violaciones de derechos humanos que no afectan a las minorías privilegiadas, obviamente; quienes real y crudamente han padecido y padecen sus riesgos y consecuencias, pertenecen a las mayorías populares.
Asomarse al mundo de las personas que han dejado atrás su terruño por la conflictividad señalada en alguna o varias de sus manifestaciones, irremediablemente nos ubica ante un drama de incalculables y dolorosos alcances. Por la persistencia de la injusticia estructural, dicha movilidad humana existe y seguirá existiendo sin que la frene el trayecto inseguro y traumático hacia un imaginario y soñado “mejor sitio donde vivir”, pese a la desintegración familiar y las enormes dificultades para reconstruir espacios vitales en medio de realidades que –por lo general– resultan ser diferentes y adversas. Súmense además las indignas condiciones de trabajo en las que se desenvuelven cantidades de personas que arriban a un país extraño y no cuentan con documentos migratorios que les amparen; añádase también el maltrato, la discriminación y la permanente amenaza de la deportación o la denigrante consumación de la misma.
Así las cosas, es sabido que con la llegada de Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca el 20 de enero del 2025 la situación de mucha de la población que emigró a dicho país se volvió aún más dura. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas –conocido como ICE por sus siglas en inglés– arreció la cacería de personas en el desempeño frenético de su rol “policial”. En el marco de ese accionar, la llamada “migra” ha cometido atropellos brutales sin mayor contención; ha habido, incluso, consecuencias fatales. Al temor de nuestra “paisanada” en ese entorno, súmese la preocupación actual por la renovación de los permisos de trabajo de quienes los poseen y la extensión del Estatus de Protección Temporal, más conocido como el “TPS”, para la gente que está bajo su amparo. A la fecha, no se sabe qué ocurrirá.
Guardando la distancia y las proporciones, vuelven a mi mente situaciones conflictivas que generaron una considerable movilidad humana de retorno a El Salvador y de salida del mismo. La primera impuesta por los hechos de violencia ocurridos en Honduras antes de que se desatara la guerra con el país vecino en julio de 1969; muchísimas familias se vieron obligadas entonces a volver al suelo patrio, que habían abandonado buscando oportunidades para sobrevivir. Eso podría repetirse, producto de las decisiones de Trump. La otra está relacionada con lo acontecido en los tensos años previos al conflicto armado interno y durante los que duró este, principalmente a lo largo de la década de 1980; por la violencia política desatada y los combates militares, el desplazamiento forzado interno de buena parte de la población y la búsqueda de seguridad en territorios del norte de América fueron sobresalientes.
Del segundo escenario, pecando de realista, no me atrevería a asegurar que la convulsiva historia regional es imposible que se repita. En Nicaragua la familia dictatorial suspende las elecciones; a Honduras regresa “triunfante” un expresidente narco, indultado por el inquilino actual de la Casa Blanca; en El Salvador, el autócrata “digital” está a punto de reelegirse por segunda vez para permanecer en el “trono” hasta ‒al menos‒ el 2033; en Costa Rica a este lo consideran ejemplo; en Guatemala, de su presidente se dice que no perdió el norte pues “nunca lo tuvo”. A ese panorama, agréguele la extendida pobreza y el crimen organizado transnacional. Por ello, cabe preguntarnos si nuevamente Centroamérica es o no una “bomba de tiempo”.
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