Más de 200,000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal han construido durante décadas una vida productiva en Estados Unidos, donde trabajan, pagan impuestos y sostienen a sus familias.
Mientras se aproxima una nueva fecha decisiva para el programa, una eventual deportación masiva no solo tendría consecuencias humanas: también afectaría a la economía estadounidense y podría ejercer una fuerte presión sobre El Salvador, un país que ha avanzado notablemente en seguridad, pero que todavía enfrenta importantes desafíos económicos.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) ha acompañado durante décadas la historia de miles de familias salvadoreñas en Estados Unidos. El Salvador fue el primer país cuyos ciudadanos pudieron acogerse a una protección temporal en 1990, en momentos en que el conflicto armado hacía peligroso el retorno.
Desde entonces las circunstancias del país han cambiado considerablemente, pero más de 200,000 salvadoreños beneficiarios del TPS vuelven a encontrarse ante la incertidumbre sobre su futuro, mientras se aproxima el 9 de septiembre, fecha prevista para la terminación de la designación y de sus beneficios asociados.
Sería un error analizar esta discusión únicamente desde la perspectiva migratoria. Los salvadoreños beneficiarios del TPS llevan años, y en muchos casos décadas, trabajando y construyendo sus vidas en Estados Unidos. Pagan impuestos, compran viviendas, crean negocios, consumen bienes y servicios y forman parte de la fuerza laboral estadounidense. Sus hijos han crecido en ese país y sus familias están profundamente integradas en las comunidades donde viven. Reconocer ese aporte no significa ignorar las facultades del Gobierno estadounidense en materia migratoria, sino valorar las consecuencias económicas y sociales que tendría prescindir abruptamente de una población productiva y establecida.
Ese aporte también cruza fronteras. El trabajo de los salvadoreños en Estados Unidos constituye una fuente fundamental de ingresos para miles de hogares en El Salvador mediante las remesas. Ese dinero ayuda a pagar alimentación, vivienda, educación, salud y pequeños emprendimientos, al tiempo que sostiene el consumo interno y aporta divisas a la economía nacional. Por ello, una deportación a gran escala tendría un doble impacto: Estados Unidos perdería trabajadores y contribuyentes, mientras El Salvador podría experimentar una reducción de remesas al mismo tiempo que tendría que absorber a decenas de miles de retornados.
Es cierto que El Salvador de hoy es muy diferente al de décadas anteriores. La recuperación de la seguridad constituye uno de los cambios más importantes de los últimos años. La reducción de la violencia y el mayor control territorial han transformado la vida cotidiana de numerosas comunidades y han abierto oportunidades para el turismo, la inversión y la actividad empresarial. Esos avances deben reconocerse. Sin embargo, una mejor situación de seguridad no significa que hayan desaparecido todos los factores que hacen complejo el retorno de una población tan numerosa. El empleo, los salarios, el costo de vida y la capacidad de la economía para generar suficientes oportunidades continúan siendo desafíos fundamentales.
Por esa razón, una deportación masiva podría poner a prueba precisamente los avances que El Salvador busca consolidar. Recibir en un período relativamente corto a más de 200,000 personas supondría una presión considerable sobre el mercado laboral, los servicios públicos, la vivienda y las redes familiares. Muchos beneficiarios del TPS dejaron el país hace décadas y han desarrollado prácticamente toda su vida económica en Estados Unidos. Su reinserción no sería automática. A esto habría que sumar el impacto que una reducción de sus ingresos en Estados Unidos tendría sobre las familias que actualmente dependen de sus remesas.
Todavía existe espacio para evitar un desenlace abrupto. La administración del presidente Donald Trump debería considerar una nueva extensión del TPS que permita abordar el tema de manera ordenada y responsable. El Gobierno salvadoreño, por su parte, debe intensificar su diálogo con Washington y defender los intereses de sus ciudadanos, mientras las organizaciones de la diáspora deberían continuar acercándose tanto a legisladores republicanos como demócratas. Una extensión adicional no tendría que interpretarse como la solución definitiva, sino como un período razonable para buscar una salida que tome en cuenta la realidad de personas que llevan décadas contribuyendo a Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el Congreso estadounidense debería retomar la discusión de una solución legislativa de largo plazo para quienes cumplen los requisitos y han demostrado durante años arraigo, trabajo y respeto a las leyes.
El futuro de los salvadoreños bajo TPS merece, por tanto, una decisión que considere tanto la realidad migratoria como la económica. Estados Unidos se ha beneficiado durante décadas del trabajo, los impuestos y el espíritu emprendedor de esta comunidad; El Salvador, a su vez, se beneficia de las remesas y de los vínculos económicos de su diáspora.
El presidente Nayib Bukele tiene razones para plantear directamente este asunto al presidente Trump, y Washington tiene razones económicas y sociales para escucharlo.
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