El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana envió a juicio a Carlos Orestes D., de 48 años, acusado de estafa y ejercicio ilegal de profesión en perjuicio de dos víctimas, además de mantener la medida de la detención provisional para el imputado.
De acuerdo con el dictamen de acusación, uno de los casos se remonta a diciembre de 2020, cuando una empresa publicó un anuncio en un periódico en el que solicitaba los servicios de un ingeniero industrial o en alimentos.
El imputado se habría comunicado al correo electrónico señalado en el anuncio y ofreció sus servicios como ingeniero industrial. El 1 de enero de 2021 fue entrevistado por el representante legal de la empresa, ante quien presentó una fotocopia de un supuesto título universitario, su hoja de vida y dos diplomas, también en fotocopia, extendidos por distintas entidades.
Según la acusación, la empresa le explicó que su contratación estaría vinculada a un nuevo proyecto de sanitización y desinfección de alimentos, además de la fabricación de una sustancia química.
Carlos Orestes D. habría asumido la responsabilidad de capacitar, validar y certificar al personal en esas áreas, por lo que posteriormente se formalizó un contrato de trabajo y comenzó a laborar en enero de 2021.
Durante ese período, habría cobrado por impartir capacitaciones a los empleados y solicitado pagos adicionales para la fabricación de los sellos que entregaría a los trabajadores.
El propietario de la empresa denunció un perjuicio económico de $83,500.
También habría fingido ser médico
El segundo caso ocurrió en mayo de 2024, cuando una mujer identificada como María A., de 40 años, publicó en Facebook un anuncio para alquilar una vivienda ubicada en el centro de Santa Ana.
Poco después, el acusado la contactó y manifestó estar interesado en alquilar el inmueble. Según la acusación, se presentó como médico y aseguró que necesitaba trasladarse de San Salvador a Santa Ana por motivos laborales.
El 8 de junio de 2024, ambos se reunieron para visitar la vivienda y suscribir el contrato de arrendamiento. Sin embargo, en lugar de entregar el dinero correspondiente al alquiler, el imputado habría ofrecido pagar con supuestos productos médicos para adelgazar.
Días después, también le habría propuesto a la mujer venderle otros artículos, para lo cual debía entregarle $400. La víctima, confiando en lo ofrecido, realizó varios depósitos bancarios que sumaron $370.
Cuando llegó el momento de entregar los productos, el acusado habría bloqueado todos los medios de comunicación con la víctima.
Con la apertura a juicio, el caso pasará a una etapa en la que se determinará la responsabilidad penal del imputado por los delitos que se le atribuyen.
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