Los ataques contra la Fuerza Pública de Colombia aumentaron un 62 % durante el período 2024-2025 frente a los dos años anteriores, mientras los grupos armados ilegales ampliaron su presencia territorial y multiplicaron el uso de drones, según un informe divulgado este martes por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
“Estamos en un momento de la historia de la violencia organizada en Colombia en donde no solamente hay más disputas entre actores armados no estatales entre sí (…) sino que esas organizaciones están atacando de manera mucho más clara y concreta en una ofensiva militar contra el Estado colombiano”, aseguró a EFE el director del área Conflicto y Seguridad de la FIP, Javier Flórez.
El informe señala que las zonas afectadas por las disputas de los grupos armados se duplicaron entre 2022 y 2025, con especial incidencia en departamentos como Arauca, Antioquia, Cauca, Meta y Guaviare, además de regiones como el Catatumbo y la Amazonía. La FIP también reportó que los integrantes de grupos armados ilegales aumentaron de 21,958 en 2024 a 27,121 en 2025.
Uno de los principales cambios ocurrió en el uso de drones con explosivos. Los ataques de este tipo contra la Fuerza Pública pasaron de 119 en 2024 a 277 durante 2025, equivalente a un incremento de 132 %.
“Hoy en día, el dominio del espacio aéreo está en disputa entre el Estado y los grupos armados, que con unas capacidades financieras muy bajas -no tienen que gastar mucha plata ni poner en riesgo a sus hombres- están generando un daño muy grande y una incertidumbre muy compleja para nuestras Fuerzas Militares, pero también para la población civil y obviamente para nuestra Policía», indicó Flórez.
La intensificación de la violencia también afectó a la población civil. Durante 2025, el desplazamiento forzado masivo superó las 96,000 víctimas y los confinamientos alcanzaron a cerca de 155,000 personas.
La Fuerza Pública respondió con 234 acciones durante ese año, un 34.5 % más que las 174 registradas en 2024, aunque la FIP advierte que ese incremento operacional no consiguió frenar la expansión de las organizaciones armadas.
El informe destaca además la expansión territorial de estos grupos, cuya presencia pasó de 562 municipios en 2024 a 627 en 2025, equivalente a cerca del 57 % de los municipios del país. La FIP también advierte sobre las limitaciones operativas del Estado y estima que apenas el 46 % de las capacidades militares colombianas se encuentra disponible debido a dificultades de mantenimiento, sostenibilidad y financiamiento.
La FIP analizó particularmente el crecimiento del Clan del Golfo, organización sobre la que se concentró una cuarta parte de los esfuerzos militares entre 2023 y 2025. Pese a esas operaciones, el grupo duplicó sus integrantes frente a 2022 y amplió su presencia de 13 a 17 de los 32 departamentos colombianos.
«Esta evolución muestra que el aumento del esfuerzo operacional puede afectar temporalmente a las organizaciones sin modificar necesariamente las condiciones que permiten su reposición y expansión territorial», señaló el informe.
Ante este escenario, la Fundación plantea concentrar las capacidades militares en territorios y funciones que permitan obtener resultados sostenidos, además de afectar las economías ilegales, fuentes de financiación, mecanismos de reclutamiento y redes logísticas de los grupos armados. También propone fortalecer las labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y desarrollar herramientas para responder al creciente uso de drones en el conflicto colombiano.
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