En 1988, Ignacio Martín Baró, nacido español pero nacionalizado guanaco, publicó en la Revista de Psicología de El Salvador ‒editada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)‒ una reflexión que tituló “La violencia política y la guerra como causas del trauma psicosocial en El Salvador”. Este sacerdote sería asesinado en noviembre del año siguiente junto a otros cinco jesuitas, Julia Elba Ramos y su adolescente hija Celina. En uno de los apartados del citado análisis, el padre Nacho habló del predominio de la mentira institucionalizada e hizo referencia a la fabricación de una “historia oficial” que ignoraba “aspectos cruciales de la realidad”; asimismo, distorsionaba e incluso falseaba o inventaba otros. Ese relato oficialista ‒según planteó‒ se imponía “a través de un despliegue propagandístico intenso y muy agresivo”, arriesgando hasta “el peso de los más altos cargos oficiales”.
Además de la alta polarización social prevaleciente, este filósofo y notable especialista en psicología social de la liberación –considerado el pionero de la misma– en aquella época caracterizaba a nuestra nación como un territorio por el cual se paseaba la mentira institucionalizada propia de un Estado que se sostenía, precariamente, sobre su militarización. Y para nuestra desventura, la rueda de la historia nacional sigue patinando en el mismo lodazal.
Hoy se esconde bajo la alfombra lo malo, mientras se magnifican hechos puntuales del ultrapromocionado “modelo salvadoreño”. La educación no escapa de ello, pero no es la que se alardea. Recientemente hemos visto cómo desde el más alto nivel se presume del “milagro” nacional en la materia, por ciertos resultados obtenidos en el examen del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes o “prueba PISA”.
Hubo mejora en 171 de las más de 5000 escuelas públicas existentes en el país, pero esas no fueron escogidas aleatoriamente; por ello, no se trata de un diagnóstico nacional. Además, al no conocer los puntajes anteriores de las mismas no se puede establecer la dimensión de los avances alcanzados con la no tan confiable inteligencia artificial y otras medidas, tanto en lo relativo a la formación del profesorado como en la calidad de los materiales educativos y demás. Fuera de este “plan piloto” cuya ampliación generalizada y sostenibilidad está por verse, arriba del 61 % del alumnado evaluado no alcanzó el nivel básico necesario “para participar de manera significativa en la sociedad”.
Eso ocurre en nuestra tierra, adonde hay integrantes de la Asamblea Legislativa poco dados a la lectura e incapaces de leer correctamente un texto desde su curul. Eso es criticable, ciertamente, pero lo que sí es realmente imperdonable tiene que ver con quienes desde sus cargos públicos fomentan en la práctica la “cultura” de la corrupción, la mentira y el engaño, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la “vivianada” y la impunidad. Y mientras el mal ejemplo se derrama a montones, el actuar íntegro y honesto cada vez más tiende a escasear abajo junto a la solidaridad y la preocupación por el bien común.
Acá cabe recordar a Ignacio Ellacuría, mártir también, cuando afirmó que era “de capital importancia hablar primariamente de Estado de justicia y, solo después, de Estado de derecho”. Tras el segundo –agregó– “puede ocultarse el mal común, la injusticia estructural e institucional. Un Estado de derecho que oculte el Estado de injusticia no es parte del bien común sino del mal común. Al contrario, un Estado de derecho que refleje institucionalmente el Estado de justicia es una necesidad del verdadero bien común, que posibilita realmente el que las grandes mayorías vivan bien y justamente”. Eso en El Salvador de hoy seguirá siendo una utopía, mientras en nuestra realidad permanezca atropellándolas el mal común.
Y para sostener a este, quienes son sus beneficiados pretenden reescribir la historia por encima de la memoria. Por eso, hay que resistir defendiendo la primera y persistir transmitiendo la segunda. Hay que contrarrestar la mentira institucionalizada y desmontar la historia oficial. Por encima de luces y comparsas, mausoleos y disfraces, fachas y farsas, huesos y cenizas, trampas e intrigas hay que decir y exigir verdad.
“Vivimos una hora de lucha entre la verdad y la mentira, entre la sinceridad ‒que ya casi nadie la cree‒ y la hipocresía y la intriga. No nos asustemos hermanos; tratemos de ser sinceros, de amar la verdad”. Eso dijo monseñor Romero el 30 de julio de 1978 y por hablar así fue inmolado. En este entorno y ante tan tremendo desafío, celebro y aplaudo que el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) ‒tras “siete años de pausa”‒ reviva el Festival Verdad como “un espacio de encuentro entre generaciones que busca mantener vinculados el arte, la cultura, la memoria y los derechos humanos”.
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