Cuando se cerraron de facto los espacios políticos en 1972 (febrero: fraude electoral; marzo: derrota del golpe de Estado constitucionalista y julio: intervención militar de la UES), todo aquello que se incubó en la década anterior buscó otros modos de expresión. Y dado que la apuesta del PCN fue aplastar todo aquello que lo adversara, la puerta para la confrontación político-militar quedó abierta.
El golpe de Estado del 15 de octubre de 1979 podría interpretarse como una respuesta urgente (pero tardía) para corregir la deriva autoritaria que desde 1972 se desquició. Al principio (Molina y el Programa de Transformación Nacional) con la doble divisa de modernización y de represión, pero después (Romero y el Plan Bienestar para Todos) con la única divisa de la represión, pues era de esperar que aquello se desbarrancara.
La génesis genuina de ese golpe de Estado ―por impericia conspirativa y falta de talento político―, se vio contaminada por la inclusión en la junta gobernante de Abdul Gutiérrez, un coronel conservador y afín a los intereses norteamericanos. De hecho, hubo como dos núcleos entre los conspiradores del golpe de Estado (los hermanos Guerra y Emilio Mena Sandoval y su grupo). Es Mena Sandoval quien introdujo a Gutiérrez (¡era su jefe en la Maestranza!).
Lo que se cayó el 15 de octubre no fue solo un gobierno, sino un régimen político, el más largo que ha habido hasta ahora y que estuvo sin interrupción en manos del PCN.
Quizá podría sugerirse que al gobierno pecenista lo botó el golpe de Estado, pero el régimen político se comenzó a cuartear quizás a partir de 1975, cuando el movimiento guerrillero puso en pie sus expresiones de masas y se diversificó su trabajo organizativo en diferentes rumbos del país y en distintos sectores sociales. No fue la ‘acción militar guerrillera’ la que puso en crisis al régimen político del PCN, sino la confrontación con el aglomerado organizado de masas, y donde las instancias Bloque Popular Revolucionario (BPR), Frente de Acción Popular Unificada (FAPU) y Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28) fueron los vectores clave.
De hecho, cuando a veces se ha dicho que quizás hubo posibilidad de evitar el paso a la guerra generalizada es porque el desarrollo militar de las fuerzas guerrilleras estaba muy por debajo de la dinámica de las llamadas organizaciones populares que ellos animaban. Si esto se hubiera comprendido a tiempo, las cosas podrían haber sido diferentes.
De algún modo, una de las hipótesis de los golpistas de 1979 era esta: acabamos con el factor represivo y llamamos al diálogo y proponemos transformaciones estructurales, y eso pacificará el país.
Como idea no estaba mal, pero instrumentar semejante trenza fue la dificultad. Ese golpe llegaba tarde. En la vecina Nicaragua, el movimiento guerrillero enarbolando una plataforma amplia y golpeando en lo militar al régimen somocista había alcanzado la victoria total. Esa circunstancia para El Salvador era más que un ejemplo, constituía un dato duro que la realidad le mandaba a la conducción guerrillera y que esta aceptó como un reto inmediato. De hecho, la perspectiva que tenía la organización más grande e influyente (las Fuerzas Populares de Liberación ‘Farabundo Martí’ ―FPL― y su expresión de masas, el BPR) de ‘guerra prolongada’ se fue diluyendo debido a que lo de Nicaragua exigía una revisión de propósitos y alcances.
Así que el golpe de Estado llegaba a diferir la generalización de la guerra, pero como no se trataba de un proyecto político meditado con cierta tranquilidad, la operatividad diaria de la Junta de Gobierno implantada se llenó de mucho ruido y de muchos intereses encontrados. Y se acentuó aún más al materializarse (después de unos días de sorpresa y confusión) la respuesta del proyecto político que pretendía disputar el poder a los sectores conservadores que no lo habían soltado desde 1931. Ese proyecto (aunque con varios ramales) bien puede agruparse, por razones teóricas y expositivas, en un concepto: el proyecto revolucionario (PR).
La confrontación del PR ya no estaba, a partir del golpe de Estado, en primera instancia contra el proyecto tradicional conservador (PTC), sino contra un improvisado proyecto de solución intermedia (PSI). Y esa situación desquició el mapa político, porque el PTC atacaba al PSI, el PSI trataba de tender puentes con el PR (que estaba ‘sordo’ para eso, porque sus banderas de lucha las estaba usurpando el PSI) y el PR quería acorralar en sus contradicciones al PSI, y el PTC demonizaba al PR y el PR golpeaba al PTC.
El escenario que se abrió a partir del 15 de octubre, sin embargo, tuvo su primera parada técnica, como se dice, el 24 de marzo de 1980, cuando elementos fanatizados de los sectores conservadores decidieron el asesinato del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero.
*Jaime Barba, REGIÓN Centro de Investigaciones
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