La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió el lunes que las pandillas criminales de Haití están modificando sus estrategias para enfrentar las operaciones de seguridad, mediante ataques, secuestros y represalias contra la población civil. La alerta fue presentada ante el Consejo de Seguridad por Carlos Ruiz Massieu, máximo representante del organismo internacional en el país caribeño.
«Lo que resulta especialmente preocupante es la capacidad de las bandas para adaptar sus tácticas a medida que se intensifican las operaciones de seguridad», manifestó Ruiz Massieu, quien también advirtió sobre la expansión de las organizaciones criminales hacia comunidades rurales y el incremento de las acciones violentas contra habitantes de las zonas bajo su control.
El representante de Naciones Unidas explicó que el último informe sobre Haití identifica un uso creciente de la toma de rehenes, las amenazas y las represalias como mecanismos para mantener el dominio territorial y desafiar a las instituciones estatales.
Entre los episodios más graves figura el ataque perpetrado el 23 y 24 de agosto en Kenscoff, al sureste de Puerto Príncipe, donde al menos 47 personas murieron, 22 resultaron heridas y otras 52 fueron secuestradas. De estas últimas, 13 recuperaron su libertad mediante iniciativas locales respaldadas por la ONU.
El informe también señala que las operaciones de las fuerzas de seguridad haitianas contribuyeron al número de víctimas registrado desde principios de julio. Según los datos presentados, el 52 % de las 808 personas muertas o heridas durante ese período fueron víctimas de esas intervenciones. Entre el total de afectados se contabilizaron 148 personas que no tenían vínculos con organizaciones criminales.
La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por el Consejo de Seguridad y con apoyo logístico de Naciones Unidas, continúa desplegada en Haití, aunque con una cantidad de efectivos inferior a la autorizada. Hasta el 12 de octubre contaba con 1,563 agentes uniformados, frente a los 5,550 aprobados.
La misión confirmó que uno de sus vehículos, con efectivos salvadoreños, fue atacado el domingo mientras patrullaba el área metropolitana de Puerto Príncipe, pero no informó sobre posibles víctimas.
El representante especial de la GSF, Jack Christofides, reconoció ante el Consejo de Seguridad las dificultades para recuperar y mantener el control de los territorios afectados por la violencia. «El impulso es real, pero también lo son los retos», afirmó.
«Eliminar a las bandas de una zona es un paso importante, pero no es un fin en sí mismo», agregó, al señalar que «la prueba definitiva es si se pueden consolidar y mantener los avances en materia de seguridad».
Ruiz Massieu coincidió en que las intervenciones policiales y militares necesitan acompañarse de medidas institucionales para alcanzar resultados sostenibles.
«La experiencia ha demostrado que las operaciones de seguridad, por sí solas, no pueden lograr una estabilización duradera», sostuvo. Por ello, pidió restablecer la presencia permanente del Estado en las comunidades y desarrollar programas de desarme y reintegración, especialmente para los menores reclutados por las organizaciones criminales.
La crisis de seguridad también mantiene paralizado el proceso electoral haitiano. Las elecciones presidenciales y legislativas, inicialmente previstas para el 13 de diciembre, fueron aplazadas indefinidamente, mientras el país continúa sin celebrar comicios nacionales desde 2016.
Según la ONU, más de 35 partidos y agrupaciones políticas y unos 3,500 candidatos se registraron para participar, pero hasta el 5 de octubre únicamente figuraban 759,257 votantes potenciales en los censos, de un electorado estimado en 6.5 millones. Ante las dificultades provocadas por la violencia y los desplazamientos, Ruiz Massieu advirtió que «establecer nuevas fechas para las elecciones sin una evaluación realista de su viabilidad solo servirá para erosionar la confianza pública y la credibilidad de las instituciones haitianas».
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