El primero de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad o el Día Internacional de las Personas Mayores. Eso decidió la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 14 de diciembre de 1990. No fue la primera iniciativa global en dicho ámbito; en 1982, la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento ‒también convocada por dicho organismo‒ adoptó el Plan de Acción Internacional de Viena para operativizar lo relacionado con la materia; este fue aprobado ese mismo año. Después, en 1991, mediante la resolución 46/91 surgieron los Principios de las Naciones Unidas para las Personas Mayores. La referida Asamblea Mundial, en su segunda edición realizada en el 2002, dio vida al Plan de Acción Internacional de Madrid pensando en las oportunidades y los desafíos que planteaban el tema durante el siglo que recién iniciaba.
En nuestro continente, dentro del sistema regional existe la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 15 de junio del 2015 y vigente desde el 11 de enero del año siguiente. Su artículo 17 establece que esa población tiene “derecho a la seguridad social” para poder “llevar una vida digna”. Y dentro del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo económico, social y cultural ‒conocido como “Protocolo de San Salvador”‒ su artículo 9.1 dice: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa”.
El primero de los instrumentos mencionados en el párrafo anterior fue ratificado por El Salvador el 18 de abril del 2018; además, acá existe la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor que considera como tales ‒en el segundo de sus artículos‒ a quienes tienen sesenta años de edad o más.
En la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025, elaborada por el Banco Central de Reserva y publicada en abril del presente año, al abordar la medición de la pobreza multidimensional dentro de estos ‒entre cuyos habitantes hay personas mayores‒ nos encontramos que el subempleo y la inestabilidad en el trabajo afectan al 65.6 % de dichas personas; comparándolos con los datos del 2024, vemos que aumentaron un 5.6 %. Se reporta además un 12.9 de desempleo, lo que representa una disminución del 0.4. Y en tercer lugar aparece la falta de acceso a su seguridad social que alcanza al 66.2 % mientras durante el año anterior era de un 65.7, lo que indica un incremento del 0.6 %.
Y si de encuestas vamos a hablar, la última realizada por el Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas es bastante reveladora en cuanto a lo que la gente percibe “sobre el sistema de pensiones y la situación de las personas adultas mayores en El Salvador”.
En sus conclusiones se establecen cuatro grandes tendencias que se resumen así. La primera: en su mayoría, la gente siente “que el actual sistema de pensiones es incapaz de brindar los ingresos necesarios para sostener una vida digna durante la vejez”, por lo que debe seguir trabajando después de su jubilación; dicha incapacidad se advierte, además, “en la brecha entre las pensiones estimadas y las necesidades reales”.
En segundo lugar, es poca la población conocedora del “funcionamiento del sistema de pensiones y sus mecanismos”; ello “genera incertidumbre y limita la capacidad de planificación de las personas cotizantes y pensionadas”.
Siguiente: quienes cotizan en el sistema respectivo, en su mayoría no quieren que se aumente la edad de jubilación; tampoco les parece “el descuento aplicado a su salario”, pese a que eso conlleve “una pensión más alta en el futuro”. Asimismo, la opinión de las personas consultadas está dividida en aspectos esenciales para pensar en un nuevo sistema previsional, pues no hay consenso sobre quién debería administrar las pensiones, ni sobre cómo se deberían de financiar».
Finalmente, existe “un amplio respaldo a medidas que amplíen la protección social en la adultez mayor, especialmente para grupos históricamente excluidos; también se aspira a contar con “un sistema más justo, transparente y capaz de garantizar bienestar”.
Considerando lo anterior, “después de darlo todo, en justa correspondencia todo debería estar “pagado y el carné de jubilado” tendría que abrir “todas las puertas”. Así, “quizá llegar a viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero”. Pero eso, acá, no es así. Sin embargo, ojalá que este mensaje de Serrat algún día sea realidad en nuestra tierra.
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