El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, Jueza 3, fijó reprogramó la fecha para la audiencia única abierta contra los exveteranos de guerra de la Alianza El Salvador en Paz y un comunicador social acusados de supuestos actos de terrorismo.
De acuerdo con el auto notificado con fecha 30 de octubre de 2026 (referencia judicial 31-P-2024-1CO(3)/1 y referencia fiscal 32-UEPD-2024), el juicio se desarrollará del 12 al 19 de marzo de 2027, a partir de las 8:30 a.m..
Con este nuevo señalamiento, el proceso penal acumula un aplazamiento de seis meses respecto a las fechas programadas en agosto y septiembre de este año.
La notificación del tribunal convoca a las partes técnicas y materiales para el desarrollo del juicio. En la resolución se detalla la nómina de 11 imputados presentes:
- José Wilfredo Paredes Morales
- Carlos Mejía
- José Santos Melara Yanes
- Eliseo Alvarado Guevara
- Julio Alfonso Mira Dimas
- José Eliseo Segura Ramírez
- José Atilio Montalvo Cordero
- Roberto Antonio Esquivel Moreno
- Luis Rolando Alberto Menjívar
- Raúl Ernesto Gavidia Fajardo
- José Ismael Santos
Asimismo, el auto judicial incluye la nómina de tres procesados en calidad de ausentes: Óscar Saúl Alas Cartagena, Héctor Antonio Alas Mejía y Douglas Ernesto Recinos Magaña.
El grupo de acusados —aglutinados principalmente en la Alianza El Salvador en Paz y en la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra (ANVEG) del FMLN, junto al comunicador social de Chalatenango, Luis Alberto Menjívar— fueron capturados el 30 de mayo de 2024.
La Fiscalía General de la República (FGR) los procesó por los delitos de organizaciones terroristas y actos de terrorismo, bajo la hipótesis fiscal de que planificaban supuestos atentados con artefactos explosivos para la jornada del 1 de junio de 2024, fecha de la segunda toma de posesión del presidente Nayib Bukele.
La defensa técnica, ejercida por los abogados Guillermo García, Óscar Canjura y Luis Rivera, rechazó la imputación argumentando que las agrupaciones son entidades legalmente constituidas y que la Fiscalía no presentó elementos científicos ni documentales que individualicen la participación delictiva de cada uno de los procesados.
Dos suspensiones consecutivas en agosto y septiembre de 2026
El desarrollo del juicio oral se ha visto interrumpido en dos ocasiones previas debido a inconvenientes logísticos y médicos:
Primera suspensión (11 de agosto de 2026): La vista pública fue cancelada por problemas técnicos en el enlace de videollamada entre el Centro Judicial y el penal de Santa Ana.
Segunda suspensión (5 de septiembre de 2026): La audiencia programada del 7 al 11 de septiembre fue suspendida tras notificar la Dirección General de Centros Penales el cruce de citas médicas de los procesados en las mismas fechas.
Tras esta segunda suspensión, organizaciones como el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) calificaron los aplazamientos como «tácticas dilatorias» del sistema judicial. Por su parte, la defensa técnica de Santos Melara presentó un recurso de «pronta y cumplida justicia» o «pronto despacho» para exigir el señalamiento inmediato de una nueva fecha, logrando que el tribunal desligara la fijación de la audiencia de los informes médicos pendientes.
Debilidad probatoria y situación de salud de los detenidos
Durante la fase de instrucción, notas periodísticas y pronunciamientos de la defensa expusieron que la FGR excluyó de su nómina final de testigos al supuesto denunciante anónimo que dio origen a la investigación en mayo de 2024. De esta manera, el caso fiscal quedó sustentado únicamente en los testimonios de agentes policiales captores y peritos informáticos, mientras que el tribunal desestimó 10 testigos de descargo de la defensa.
Paralelamente, familiares de los detenidos han reiterado su preocupación por las condiciones de salud de los imputados, quienes son adultos mayores con padecimientos crónicos.
Atilio Montalvo es el único imputado bajo arresto domiciliario temporal por su estado crítico de salud (insuficiencia cardíaca, diabetes y secuelas de un accidente cerebrovascular).
Por otro lado, José Santos Melara permanece recluido en la Penitenciaría Occidental de Santa Ana adoleciendo de diabetes e hipertensión crónica, así como afecciones respiratorias por las que fue evaluado para una cirugía de tabique nasal (septoplastía) en el Hospital Zacamil.
El proceso también cuenta con el seguimiento de organizaciones internacionales y miembros del Parlamento Federal Alemán (Bundestag), como el Dr. Gregor Gysi y la diputada Gökay Akbulut, quienes remitieron correspondencias a la juzgadora y al Ejecutivo salvadoreño pidiendo garantías al debido proceso, la presunción de inocencia y la atención médica adecuada de los procesados.
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