La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó este martes iniciar una investigación contra el expresidente Evo Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera, señalados por presuntos «delitos de lesa humanidad» relacionados con una operación policial realizada en 2009, durante la administración del exmandatario.
La decisión judicial responde a una acusación presentada en octubre por parlamentarios del opositor partido Libre ante la Fiscalía boliviana, con la que buscan promover un juicio de responsabilidades contra Morales, quien gobernó entre 2006 y 2019, y García Linera. Los legisladores atribuyen a ambos presuntas «ejecuciones sumarias», «detenciones ilegales» y «torturas» vinculadas con el denominado caso ‘terrorismo’.
El presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, informó durante una conferencia de prensa en Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del Órgano Judicial, que se emitió «la resolución de apertura de la etapa de investigación» contra los exgobernantes. Asimismo, explicó que las autoridades judiciales deberán notificarlos sobre el procedimiento dentro de un plazo de 72 horas.
Ortega precisó que la investigación preliminar tendrá una duración de 30 días y que ese período ya comenzó a transcurrir. Una vez concluido, corresponderá al Ministerio Público emitir «la resolución conclusiva que corresponda en esta etapa», con base en las actuaciones realizadas durante el proceso.
Los acontecimientos investigados ocurrieron en abril de 2009, cuando una operación policial desarrollada en un hotel de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, terminó con la muerte de tres ciudadanos extranjeros, entre ellos el irlandés Michael Dwyer. Durante el mismo procedimiento fueron detenidos el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, a quienes el Gobierno de Morales vinculó con una presunta organización terrorista.
Las autoridades de aquella administración sostuvieron que los involucrados integraban una célula que supuestamente buscaba promover la separación de Santa Cruz del resto de Bolivia y ejecutar un atentado contra el entonces presidente. En 2015, Tadic y Tóásó recibieron condenas de cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas, después de acogerse a un procedimiento abreviado.
Tras cumplir sus condenas, ambos abandonaron Bolivia y manifestaron que temían por su seguridad. Posteriormente, acudieron a organismos internacionales para denunciar presuntos crímenes de lesa humanidad. Las 39 personas procesadas en el denominado caso ‘terrorismo’ también sostuvieron que el Gobierno de Morales impulsó las acusaciones por motivaciones políticas, con el propósito de silenciar a dirigentes opositores de Santa Cruz.
Comisión Interamericana responsabilizó al Estado boliviano
El proceso original fue archivado en 2020, después de que el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez retirara la acusación particular mediante el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, mientras que la Fiscalía también desistió de la acusación pública.
Sin embargo, en 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a solicitud de la madre de Michael Dwyer, emitió un informe que determinó que «el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial» de los afectados.
La nueva resolución del TSJ abre una etapa de investigación sobre las presuntas responsabilidades de Morales y García Linera, sin que constituya todavía una declaración de culpabilidad.
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