El Juzgado de Sentencia de San Vicente cerró el proceso penal del caso Santa Marta definitivamente al declarar en firme y ejecutoriada la sentencia que exoneró a ocho procesados por el asesinato de María Inés Alvarenga, un crimen ocurrido durante el conflicto armado en la comunidad de Santa Marta, Victoria, Cabañas.
Familiares, la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta, y otras organizaciones anunciaron que el pasado 16 de octubre, el juzgado notificó el cierre del proceso.
A través de un comunicado, las organizaciones indicaron que el cierre de este caso no es producto de un sistema judicial legal ni de la independencia judicial, sino lo adjudican a la lucha social.
«Los hechos demostraron que el espurio proceso fue una persecución política y una criminalización del activismo ambiental», indicó el representante de ADES, Alfredo Leiva.
Sin embargo, a pesar del cierre del caso, las organizaciones advirtieron estar vigilantes de algún nuevo proceso penal en contra de los también líderes ambientalistas. Añadieron que el proceso solo revictimizó a las víctimas de crímenes de guerra y criminalizó las luchas del conflicto armado.
Por otro lado, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla, señaló que la absolución de los acusados es un llamado de todo el país «que la minería metálica no va». ADES Santa Marta sostuvo desde el inicio que el proceso penal en contra de sus líderes era una recriminación por su lucha antiminera.
En junio de este año, la Cámara de la Tercera Sección del Centro, con sede en San Vicente, declaró en firme y ejecutoriada parcialmente la resolución, pues solo era para cuatro de los procesados: Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Alejandro Laínez García y José Eduardo Sancho Castaneda.
Sin embargo, la resolución del juzgado incluye a los otros cuatro, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gamez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Ascencio, quienes habían sido declarados responsables civilmente de forma abstracta y sería la familia de la víctima quien decidiera cobrarlo y proceder en un juicio civil.
El 24 de septiembre de 2025, el Tribunal de Sentencia de San Vicente absolvióa los ocho del delito de homicidio en perjuicio de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional, una las organizaciones que conformaba el FMLN.
La Fiscalía sostenía que los acusados, exguerrilleros del FMLN, sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron. El caso inició el 11 de enero de 2023, cuando los seis fueron detenidos en el cantón Santa Marta y Guacotecti, en Cabañas.
Esta fue la segunda vez que los acusados del caso Santa Marta fueron absueltos por el sistema de justicia salvadoreño, luego que en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declarara libre de delitos por el mismo caso. En ese momento, el tribunal declaró que el caso estaba prescrito y que no procedía.
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