El Juzgado de Primero de Instrucción de San Salvador dará la resolución de la audiencia preliminar realizada el pasado 11 de noviembre, donde es procesado el exdiputado de Alianza Repúblicana Nacionalista (Arena), Alberto Romero, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Inicialmente, la Fiscalía General de la República acusó al exdiputado de incrementar su patrimonio y realizar blanqueo de capitales por medio de una restructuración de fondos.
Durante la solicitud de desafuero ante la Asamblea Legislativa, el 23 de agosto de 2023, la Fiscalía dijo que Alberto Romero se habría enriquecido y lavado la cantidad de $1,162,388.05, partiendo de depósitos no justificados detectados en sus cuentas bancarias, además de movimientos financieros de su esposa y su hija.
De acuerdo a la Fiscalía, Romero movilizó, hasta el año 2022, un total de $401,835 con origen desconocido y abonó en cuentas bancarias un total de $901,993.81, cuando recibió en concepto de remuneraciones al menos $500,158.81. Los movimientos financieros habrían sido entre el 1 de mayo de 2009 y 31 de diciembre de 2022.
Sin embargo, su abogado defensor Fernando Meneses, aseguró que las pericias realizadas por la Fiscalía en la fase de instrucción han demostrado la inocencia. El abogado explicó que se trata de una pericia financiera contable y otra de gestión administrativa; según el defensor, ambas pericias acreditaron que Romero recibió $1,500,000 entre los años 2009 y 2022 como parte de su líquidez por ser diputado y que sus gastos rondaron los $1,200,000
“¿Que quiero decir? que se logra demostrar durante la investigación fiscal, que la liquidez que él tenía era arriba de los $291,000 facultades que el podía realizar con el dinero lo que el quisiera, era el pago de su salario como diputado, viáticos, aguinaldo”, sostuvo el abogado a YSKL.
Meneses dijo que pidió un sobreseímiento provisional por enriquecimiento ilícito, una auditoría financiera contable que acredite la trazabilidad económica de los ingresos y egresos de los descuentos de los empleados y también pidió que se subsuma el delito de lavado de dinero.
Al salir de la audiencia preliminar un periodista de YSKL preguntó a Romero si se consideraba inocente y respondió “sí”, mientras era custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil.
El fallo será dado a las 8:00 de la mañana, según la programación establecida por el juzgado.
La acusación penal contra Alberto Romero nació, luego que el 14 de agosto, en un juicio civil la Cámara de Segunda Instancia de la Sección del Centro, de Cojutepeque, lo encontró culpable por enriquecimiento ilícito de $445,766.05, y también lo inhabilitó por diez años a ejercer cargos públicos.
En ese proceso, la esposa y su hija fueron exoneradas del proceso, tras desvirtuar la demanda por incremento patrimonial.
Alberto Romero fue arrestado el 23 de agosto de 2023, supuestamente por el delito de resistencia agresiva, y estuvo retenido en la Asamblea Legislativa mientras el pleno desarrolló el proceso de desafuero.
El fuero constitucional fue retirado hasta el 1 de septiembre con 78 votos a favor, dando paso para ser procesado por los delitos antes mencionados.
Su captura oficial por los delitos acusados fue realizada ese mismo 1 de septiembre, en la noche, y puesto a orden de la Policía Nacional Civil.
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