La masacre de la UCA cumple 37 años con un juicio postergado hasta 2027

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Este lunes 16 de noviembre se cumplen 37 años de la masacre en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), perpetrada en la madrugada de 1989 durante la mayor ofensiva militar del conflicto armado salvadoreño.

El crimen, ejecutado por efectivos del batallón militar Atlacatl, cobró la vida de los sacerdotes jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López Quintana; del sacerdote salvadoreño Joaquín López y López, así como de la colaboradora Elba Ramos y su hija Celina Ramos, de 16 años.

Tres décadas y siete años después de los hechos calificados como de lesa humanidad, la causa penal que se sigue en El Salvador contra la presunta autoría intelectual y de encubrimiento continúa entrampada en dilaciones procesales.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, instancia a la que fue remitido el caso para la etapa de vista pública, reprogramó el juicio por tercera ocasión el pasado 14 de octubre, fijando su instalación para el 5 de abril de 2027 a las 8:00 de la mañana.

¿Por qué se reprogramó?

La vista pública estuvo programada inicialmente para el 20 de julio de este año, pero fue postergada para octubre tras la falta de respuesta del Reino de España a una solicitud de auxilio judicial internacional para intimar al excoronel Inocente Orlando Montano.

El pasado 14 de octubre, la instalación de la audiencia volvió a frustrarse debido a la inasistencia de dos imputados: el general Rafael Humberto Larios López y el general Juan Rafael Bustillo Toledo, cuyos defensores alegaron motivos de salud.

Ante esto, el tribunal ordenó que el Instituto de Medicina Legal (IML) examine a los procesados para certificar si sus padecimientos justifican la ausencia, bajo advertencia de declararlos rebeldes.

Debido a que el proceso se rige por el Código Procesal Penal de 1998, el juicio no puede llevarse a cabo sin la presencia de todos los imputados por los principios de inmediación y derecho de defensa. En esa misma diligencia, el tribunal rechazó la solicitud del defensor del exdiputado Rodolfo Parker de separar su causa de la vista pública.

Cambios internacionales: Interpol y la excarcelación de Montano

El año 2026 estuvo marcado por importantes resoluciones que modificaron el escenario de los acusados fuera de las fronteras salvadoreñas.

En abril, la Organización Internacional de la Policía (Interpol) notificó a las autoridades locales la eliminación de la notificación roja en contra del expresidente Alfredo Cristiani y el bloqueo temporal de los datos de Rodolfo Parker a la espera de un análisis del caso, mientras mantuvo vigentes las órdenes de difusión contra los exmilitares Juan Orlando Zepeda y Joaquín Arnoldo Cerna.

Por su parte, el excoronel Inocente Montano —quien en 2020 fue condenado en España a 133 años de prisión por los asesinatos de los cinco jesuitas españoles— recibió la libertad condicional anticipada por motivos de salud el pasado mes de agosto por parte de la Audiencia Nacional española.

El beneficio fue otorgado debido a que Montano, de 84 años, padece una enfermedad irreversible con un «declive cognitivo elevado», por lo que quedó bajo la custodia de la ONG Basida en Madrid. El tribunal salvadoreño aún aguarda que se concrete su intimación legal para el juicio pendiente por los crímenes de las tres víctimas salvadoreñas.

Ratificación del proceso contra Cristiani

A nivel judicial interno, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador resolvió a finales de junio que el expresidente Alfredo Cristiani debe continuar procesado, desestimando el recurso de su defensa sobre un presunto doble juzgamiento.

Los magistrados determinaron que la Audiencia Nacional de España nunca emitió una sentencia absolutoria ni un juicio de culpabilidad o inocencia hacia el exmandatario, sino que lo excluyó del proceso penal en Madrid al considerar que la acusación en su contra era por encubrimiento y no por delitos de terrorismo o justicia universal.

El proceso penal abarca a once imputados señalados por la Fiscalía General de la República tras la reapertura del expediente ordenada por la Sala de lo Constitucional en 2022.

Entre los procesados figuran Cristiani Burkard (acusado de asesinato como autor mediato en comisión por omisión y de terrorismo); Larios López y Zepeda Herrera (autores mediatos de asesinato y terrorismo); Bustillo Toledo, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López y Joaquín Arnoldo Cerna Flores (cómplices de asesinato y terrorismo, a excepción de Hernández Barahona); Montano Morales (autor mediato de asesinato de las tres víctimas salvadoreñas y terrorismo); así como Rodolfo Parker Soto, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía, acusados por fraude procesal y encubrimiento personal.

De esta forma, la conmemoración de este 37 aniversario transcurre en medio de un proceso judicial que, tras haber sido reabierto, sigue enfrentando constantes trabas y postergaciones en los tribunales salvadoreños.

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