Los migrantes atacados por militares mexicanos en Chiapas, México, en octubre pasado, no habían disparado desde el vehículo que recibió el ataque militar y que provocó la muerte de dos salvadoreños, una menor de edad y otras tres personas, según una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México.
El hallazgo de la CNDH se da seis meses después de ocurrida la matanza.
La versión de la Comisión contradice a lo que aseguraban los soldados que atacaron el vehículo.
En el ataque ocurrido el 1 de octubre de 2024 murió un salvadoreño de 57 años originario de San Vicente y un joven también salvadoreño de 17 años originario de La Libertad.
La Cancillería salvadoreña, que el 9 de octubre pidió al gobierno de México una «investigación exhaustiva del caso y su pronto esclarecimiento», aún no se pronuncia sobre el hallazgo de la pesquisa de la Comisión de derechos.
Uso excesivo e ilegítimo de la fuerza
La CNDH consideró que el uso de la fuerza no fue gradual, proporcional ni adecuado y que las personas fallecidas fueron víctimas de un uso excesivo e innecesario de la fuerza en el que se utilizaron, de manera ilegítima, armas de fuego.
«Se acreditó la violación al derecho humano a la integridad personal, con motivo del uso excesivo de la fuerza a través del uso ilegítimo de las armas de fuego que derivó en diversas lesiones que se le ocasionaron, poniendo en riesgo su vida, atribuibles a servidores públicos de la Defensa», según el informe del CNDH.
Sin restos de plomo
La CNDH indicó que no demostró ningún positivo por restos de plomo o bario entre los ocupantes de la camioneta, por lo que desmonta la versión inicial de los militares, que aseguraron que abrieron fuego tras escuchar detonaciones. Reprochó que lo militares no intentaran acciones menos letales contra quienes viajaban en el vehículo que perseguían.
«Si bien es cierto que no se pudo determinar que existió intencionalidad directa por parte de los elementos castrenses para ocasionar los daños referidos -como causar la muerte de seis personas- sí se generaron indicios que convierten a dos de ellos en directamente responsables frente a la obligación máxima que tenían, como servidores públicos, de proteger la vida y la integridad de las personas», indicó.
Pide reparación
Ante la gravedad de los hechos, solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional colaborar en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para reparar integralmente el daño causado a las personas víctimas directas e indirectas con las que la CNDH ha podido tener contacto, que incluya la medida de compensación o compensación complementaria que corresponda, además de gestionar atención médica y psicológica en su favor.
Igualmente, mantener colaboración en el trámite de las denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control sobre la responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas, así como en el seguimiento de la investigación y la causa penal iniciadas por este caso.
También, deberá presentar un Protocolo de Atención al Migrante, así como la realización de cursos especializados en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, con énfasis en el uso legítimo de las armas de fuego y Derechos Humanos de los Migrantes y otras Personas en el Contexto de la Movilidad Humana, entre otros.
En total seis migrantes fallecieron –dos en el trayecto– y doce resultaron heridos en el tiroteo, ocurrido el 1 de octubre. Los que resultaron ilesos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.
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