La Fiscalía General de la República (FGR) presentó esta semana ante el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel una solicitud de imposición de medidas en contra de 40 personas, entre ellas, siete exempleados de la alcaldía de San Miguel, acusado de revender nichos en el cementerio general de la municipalidad.
De acuerdo con el requerimiento de acusación, dicha estructura se dedicaba a las negociaciones ilícitas de puestos a perpetuidad en el interior del Cementerio General de San Miguel. Asimismo, hacían nichos en lugares no habilitados para ello, o revendían espacios que ya tenían dueño pero que no habían utilizado.
En el caso denominado “Cementerio” se procesa a 34 imputados presentes y seis en calidad de ausentes. Entre los procesados se identificó a la administradora de empresas, Rosa Nohemy Reyes de Saravia, exauditora de la alcaldía de San Miguel en el período de octubre de 2022 a diciembre de 2024, así como Kriscia Abigail Ventura Blanco, exconcejal de la alcaldía de San Miguel, período 2021- 2024 y Salvador Portillo, colaborador operativo del Cementerio General de la ciudad de San Miguel.
“La estructura criminal delinquió entre el 2014 y 2022, y estaba conformada por tres empleados de la alcaldía de San Miguel, cinco jefes de célula, compradores independientes, prestanombre y colaboradores. Todos son acusados por los delitos de negociaciones ilícitas, agrupaciones ilícitas, peculado, cohecho propio, extorsión e incumplimiento de deberes”, detalló la Fiscalía.
Según la información fiscal, la estructura operaba bajo diversas modalidades, una de las modalidades era la venta de nichos a perpetuidad donde el exadministrador de la oficina del cementerio, Fredy Napoleón Meléndez Sifontes y el colaborador operativo, Salvador Portillo, alias “Tito”, otorgaban puestos a contratistas de obra de albañilería que trabajaban en el camposanto y para ello creaban nichos o tumbas en lugares designados como pasajes.
Además, la FGR señaló que los acusados otorgaban a los albañiles puestos a perpetuidad que ya tenían propietarios con el objetivo de revenderlos.
“En otros casos coaccionaban a las personas y los amenazaban con enterrar a sus familiares en fosas comunes sino compraban un nicho a los prestanombres haciéndoles creer que el cementerio no tenía espacios disponibles”, dijo la Fiscalía.
A su vez, agregaron que las investigaciones revelaron que para hacer la compra de los espacios, los contratistas de obra de albañilería pedían el Documento Único de Identidad (DUI) y la firma a los “lava tumbas” y jardineros para que los títulos a perpetuidad salieran a nombre de ellos y de esta manera ocultar el nombre del verdadero propietario y posteriormente venderlos a altos precios.
Los nichos eran vendidos a precios que oscilaban entre los $1,300 y $10,000, según la ubicación y cantidad de nichos. Los precios reales, según la ordenanza municipal, son $180 por tres nichos y $236.25 por seis nichos.
Además, la FGR estableció en la investigación que, los contratistas, al momento de asignar los puestos a perpetuidad, le entregaban a Meléndez Sifontes $250 por el de tres nichos y $500 por el de seis nichos.
Actualmente Meléndez Sifontes reside en España y tiene orden de captura a nivel internacional por peculado, cohecho propio y extorsión.
De acuerdo con el fiscal del caso, la investigación se inició en el año 2022 y concluyó con la detención de la mayoría de los involucrados.
Los imputados fueron capturados el pasado 11 de abril y la FGR incautó aproximadamente $44,000 en efectivo, vehículos, un arma de fuego, varios celulares, documentos notariales de compra y venta de nichos, así como documentos de auditoría interna de la municipalidad de San Miguel del período de mayo 2021 a septiembre de 2022.
En la audiencia la FGR, solicitará que el caso avance a etapa de instrucción y la detención provisional para los imputados en calidad de presentes.
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