La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este miércoles al gobierno salvadoreño que garantice «la integridad física» y la libertad de los periodistas y solicita que detenga «inmediatamente» la persecución, vigilancia o intimidación contra el gremio, pues considera alarmante el deterioro de la libertas de prensa.
La entidad aseguró en el comunicado firmado por más de 10 organizaciones que se encuentra profundamente alarmada por «el acelerado deterioro de la libertad de prensa» en El Salvador y su reciente intensificación, por ello pide al gobierno que cese la persecución contra el gremio.
La SIP retomó un informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que registra la salida de al menos 40 periodistas provocado por «un patrón sostenido de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias». La entidad estima que la salida de estos periodistas «genera una profunda crisis» en la libertad de expresión, lo que, «ha sembrado un clima de temor generalizado», afectando también a las familias de los periodistas.
«Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda alarma ante el acelerado deterioro de la libertad de prensa en El Salvador, que se ha intensificado gravemente en las últimas semanas».
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en un comunicado.
Enfatizó que los profesionales de la información obligados a salir del país pertenecen a diferentes medios de comunicación y que han publicado investigaciones sobre abusos de derechos humanos, corrupción y falta de transparencia.
Además, piden al gobierno que aclare públicamente las denuncias de periodistas sobre listas de vigilancia y amenazas de captura contra periodistas. El Faro alertó el mes pasado sobre supuestas ordenes de captura contra varios de sus colaboradores luego de la publicación de una investigación.
En ese sentido, la SIP pide que se dé seguridad para que los periodistas desplazados puedan volver al país y aseguraron que la comunidad internacional «se encuentra monitoreando de cerca la situación».
La organización se refirió también a la recientemente aprobada Ley de Agentes Extranjeros por considerarla «una amenaza directa a la libertad de prensa» y para las organizaciones por imponer restricciones severas «que pueden ser utilizadas como herramienta de persecución».
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